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De todos modos, no se prevé "avalancha" de recursos
Luego de la no aprobación del plebiscito que proponía la anulación de la Ley de Caducidad, los activistas por los derechos humanos tomarán a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) como principal vía para que las denuncias contra militares y policías por hechos ocurridos en la dictadura puedan ser tramitadas por la Justicia Penal.
En tal sentido, el abogado Pablo Chargoñia estimó que "se va a apuntar a la desaplicación de la ley por la vía de la inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia en los casos que se pueda"
La semana pasada, la SCJ declaró la inconstitucionalidad de la ley de Caducidad aplicada en el caso que investiga la muerte de la militante comunista Nibia Sabalsagaray, quien perdió la vida en dudosas circunstancias en 1974, estando detenida en una unidad militar.
Para el caso concreto que indaga la muerte de Sabalsagaray, la Corporación, por unanimidad de sus cinco integrantes, consideró que la norma afectó la separación de poderes, al no permitir al Poder Judicial actuar con libertad ante las denuncias por violaciones a los derechos humanos en la dictadura.
A raíz de esa sentencia, en la SCJ se estima que se presenten "algunos casos más" aunque no se prevé una "avalancha" de recursos, dijo a El País el ministro Jorge Ruibal Pino.
Sin embargo, existen dos aspectos que pueden dificultar la presentación de nuevas acciones: por un lado, los casos que ya cuentan con una sentencia que declaró la constitucionalidad de la norma en 1988, los cuales no podrán volver a presentarse ante la Corporación. Y por otro, los expedientes que están archivados en los juzgados penales tendrán primero que reabrirse a pedido de los denunciantes, para que luego el juez o fiscal interviniente presenten la acción en la SCJ.
Por esa situación, la fiscal Mirtha Guianze coincidió con Ruibal Pino y señaló a El País que "no se va a registrar una lluvia de recursos". Guianze interviene en el expediente que indaga la muerte de Sabalsagaray y fue quien presentó el recurso ante la SCJ.
Por otro lado, Guianze evaluará la presentación de una acción similar en el expediente por la desaparición del maestro Julio Castro, en 1977. Para eso, primero, sus familiares deberán lograr el desarchivo del caso.
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