El pedido para extraditar a un famoso puede tener obstáculos

LONDRES | THE ECONOMIST

Puede estimarse con bastante seguridad que si un humilde inmigrante polaco, digamos, Pawel Romanski, se hubiera escapado a Francia estando bajo fianza después de declararse culpable de la violación de una chica de 13 años en Los Angeles, hace 30 años, su acción no le hubiera dado mucho resultado y su suerte nunca se convertiría en un caso que produjera sensación pública. La mayor parte del tiempo, la extradición internacional, no importa si es injusta, resulta un asunto aburrido que incluye el tedioso llenado de formularios, después de lo cual, quienes actuaron mal son llevados de vuelta a enfrentar a la Justicia. Pero, todo cambia si se agrega una dosis de fama, una pizca de política y un choque agudo de actitudes culturales. La policía de Suiza arrestó al director de cine Roman Polanski, el 26 de septiembre, dando cumplimiento a una orden de detención estadounidense emitida en 1978. Ese año, Polanski huyó de Estados Unidos para evitar la sentencia de un Juez de Los Angeles. Detenido por violación, llegó a un acuerdo, por el cual admitió haber tenido relaciones sexuales ilegales con una chica de 13 años. Tiene doble nacionalidad polaca y francesa y por tanto, se beneficia de las leyes de extradición de Francia, que son restrictivas. Viajó por Europa, pero nunca retornó a Estados Unidos.

Su detención suscitó revuelo diplomático. Los Ministros de Relaciones Exteriores de Francia y Polonia hicieron un pedido conjunto de celemencia a Estados Unidos, aunque sus gobiernos, posteriormente, tomaron distancia de esos llamados. Luminarias del cine como Woody Allen, Pedro Almodóvar y Martin Scorsese apoyan una petición para que sea puesto en libertad de inmediato. Los hinchas de Polanski califican la decisión de extraditarlo de vengativa y siniestra. Su paradero no era un secreto: fue invitado a Suiza a recibir un premio en el Festival de Cine de Zurich. Hay algunas sospechas de que los arteros suizos le tendieron una trampa, en la esperanza de aplacar a Estados Unidos, que ha estado persiguiendo a los paraísos fiscales suizos. Sin duda, Polanski había viajado a ese país muchas veces, sin ningún incidente. ¿Por qué la Justicia de Estados Unidos recién ahora buscó aplicar la orden de detención?

Otros, especialmente en Estados Unidos, ven el tema de manera diferente. Al escaparse mientras estaba bajo fianza, Polanski se burló de la Justicia estadounidense. El transcurso del tiempo si algo hace es agravar esa situación. También la agravaron sus intentos (sin aparecer en persona) de lograr que una corte de Los Angeles archivara el caso a fines del año pasado y su exitosa demanda, en Londres, contra una revista estadounidense. Dio pruebas a través de videolink. La declaración hecha por la víctima de Polanski todavía constituye lectura desgarradora (pese a que hace tiempo logró un acuerdo con él en una demanda civil y ha apoyado sus esfuerzos por cerrar el caso). No se hace un favor a la Justicia si la fama mitiga un delito, especialmente la violación.

El caso de Polanski es uno de varios, de extradiciones de alto perfil y altamente politizadas. Estados Unidos también intenta extraditar desde Tailandia a Viktor Bou, un traficante de armas ruso. Rusia intenta extraditar desde Gran Bretaña, a Yevgeny Chichvarkin, magnate de la telefonía móvil, bajo acusaciones de extorsión y secuestro. Él sostiene que su vida está en peligro si es devuelto. Gran Bretaña se negó, anteriormente, a extraditar a otros rusos, argumentando que no podían tener un juicio justo en Rusia.

La política juega un papel importante en la extradición. Algunos países -Francia, Rusia e Israel son ejemplos- rara vez o nunca extraditan a sus propios ciudadanos (pero, enviarán de vuelta a extranjeros). El poder diplomático decide qué países definen tratados con otros y sobre qué términos.

La reciprocidad exacta es infrecuente. La cuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos requiere prueba de una "causa probable" para una detención. Pero, para que Estados Unidos extradite a alguien de Gran Bretaña, el nivel de prueba es más bajo: información (no pruebas) que provean una "base razonable para creer que esa persona cometió... un delito por el que se pidió la extradición". Muchos consideran que ese desequilibrio es irritante.