Tensión política: oposición anunció el boicot a Ortega

MANAGUA | AFP Y AP

El conflicto por un cuestionado fallo judicial que abrió el camino a la reelección del presidente de Nciaragua, Daniel Ortega, se trasladó al Congreso, donde la oposición prometió unirse para boicotear la gestión del gobierno.

Por su parte, Ortega ha dicho que la decisión judicial "está escrita en piedra" y no hay manera de revocarla, por lo que instó a sus rivales políticos a prepararse para las elecciones presidenciales de 2011.

La alianza fue acordada por cuatro partidos de oposición con representación parlamentaria que resolvieron dejar de lado las diferencias que los mantenían divididos para hacer frente a las "pretensiones enfermizas y dictatoriales de Ortega", líder del gobernante Frente Sandinista.

La oposición plantea "actuar unidos" en el Congreso, donde aseguran contar con una mayoría simple de 49 de los 92 votos, que les permitiría rechazar leyes del gobierno "que perjudiquen a los ciudadanos y que profundicen la crisis", al margen de otras tímidas acciones anunciadas en una declaración el miércoles.

La bancada sandinista anunció que está dispuesta a negociar con la oposición para evitar que se paralice el legislativo, mientras el presidente del congreso, el oficialista René Núñez, admitió que el fallo causó un conflicto entre poderes del Estado, tomando distancia de sus correligionarios.

"Yo diría sin ser jurista (...) que hay aquí un conflicto de competencia entre la Asamblea Nacional y la Corte Suprema de Justicia que hay que resolverlo", dijo Núñez.

El legislador dijo que nombró una comisión de abogados del Congreso para que "revisen todo esto", y afirmó que el parlamento es el único que puede hacer reformas a la Constitución.

La oposición está integrada por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) y el Movimiento Renovador Sandinista (MRS-centroizquierda), así como diputados independientes.

Esta decisión surgió a raíz de la sentencia dictada el lunes último por magistrados sandinistas de la Corte de Justicia que declararon inaplicable una disposición constitucional aprobada hace 14 años que prohibía la reelección presidencial continua, en repuesta al recurso de amparo presentado por Ortega.

El fallo, proporciona a Ortega un cuestionado asidero legal para prolongar su mandato (que termina en 2012) hasta 2017 para seguir impulsando el "socialismo", luego que la oposición se negó a aprobarlo en una reforma constitucional.

RIESGO. Ortega, quien en noviembre cumple 64 años, gobernó por primera vez durante la pasada revolución (1979-1990) y regresó al poder en 2007 por las urnas.

"No podemos permitir que la Carta fundamental de un país sea violentada", recriminó enfadado el ex presidente liberal Arnoldo Alemán (1997-2002), quien ha pactado varios arreglos políticos con Ortega.

La alianza opositora fue respaldada por dirigentes de organizaciones civiles que han convocado a protestas contra Ortega en los últimos tres años.

Esta es la segunda vez que la oposición cierra filas contra Ortega, tras las elecciones municipales de 2008 que ganó el oficialismo en medio de denuncias de fraude que fueron desoídas por el tribunal electoral.

El arzobispo de Managua, monseñor Leopoldo Brenes, expresó que teme que la sentencia de la Sala Constitucional desate violencia.

"La misma interpretación de la sentencia crea tensiones y puede estarse promoviendo división dentro de la familia nicaragüense y en cualquier momento provocar enfrentamientos, mucho odio y mucho rencor", dijo Brenes al Canal 12. "Lo triste es que a veces nosotros los nicaragüenses pasamos a otro estado, que es el estado de violencia y enfrentamiento de grupos".

Advierten amenaza a la democracia

Washington | La oficina del vocero del Departamento de Estado, emitió un comunicado en el que expresó que comparte "la preocupación de muchos nicaragüenses, acerca de que esta situación es parte de un patrón más amplio de acciones gubernamentales cuestionables e irregulares, que comenzaron antes de las defectuosas elecciones municipales de noviembre de 2008 y amenaza con socavar los cimientos de la democracia nicaragüense". Añadió que el fallo parece frustrar "mediante maniobras legales, la consideración abierta y transparente sobre la posibilidad de una reelección presidencial, por parte del pueblo nicaragüense", y pidió que decisiones de un impacto tal en la gobernabilidad democrática se tomen "de una manera que promueva el sentido de legitimidad" del gobierno. AP