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Plantean plan para los menores; preocupa la "escalada de violencia"
LA NACIÓN / GDA Y ANSA
La Iglesia planteó al gobierno la posibilidad de universalizar los planes sociales para erradicar la pobreza, en línea con iniciativas de la oposición. El titular de la Conferencia Episcopal también se mostró preocupado por la "escalada de violencia".
Preocupada por la situación social y dispuesta a aprovechar un momento propicio para el debate de la agenda social, la Iglesia pidió ayer a la presidenta argentina Cristina Kirchner y al Congreso, por medio de un proyecto de ley, que se extienda la actual asignación familiar por hijo a los niños y adolescentes que actualmente no lo reciben.
El proyecto, que beneficiaría a unos seis millones de menores de 18 años y que requiere un presupuesto de casi 3.400 millones de dólares, fue discutido el martes por la tarde en la sede de la Conferencia Episcopal por el titular de la Pastoral Social, Jorge Casaretto; el titular del comité nacional de la UCR, Gerardo Morales, y la presidenta de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió. Hubo coincidencias en la necesidad de universalizar los planes de ayuda para llegar a seis millones de niños pobres.
La propuesta fue elaborada en respuesta al pedido expreso de las autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina por los laicos que integran la Comisión Nacional de Justicia y Paz, que depende del área de Pastoral Social, a cargo de monseñor Jorge Casaretto.
Bautizada como Ingreso BIEN (ingreso básico para la igualdad y la equidad en la niñez), es una asignación mensual de 47 dólares por cada menor de 18 años, que se actualizaría con el sistema de asignación familiar por hijo y se pagaría por medio de una tarjeta de seguro social.
Los hijos de padres con trabajo formal ya tienen un ingreso mediante el régimen de asignación familiar por hijo o por deducción del impuesto a las ganancias. De allí que la Iglesia habla de "equiparar e igualar los derechos de todos los niños, independientemente de la condición económica, social o laboral de sus padres". El proyecto de Ingreso Ciudadano para la Niñez que Morales y Carrió llevan adelante y que discutieron con Casaretto y el responsable de Caritas, Eduardo Castelli, difiere en este punto: considera que todos los niños, sin distinción, pueden acceder al beneficio.
A la salida de la reunión, Morales y Carrió volvieron a atacar el proyecto que prepara el Gobierno, que sería de 35 dólares y que no incluiría a los padres que reciben asignaciones familiares. "Con el plan del Gobierno, los pobres siguen siendo rehenes", afirmó Morales.
Casaretto afirmó a La Nación que no había recibido aún el proyecto del Gobierno y evitó entrar en polémicas. "Si hay un tema en el que debemos generar consensos y que debe ser prioritario es el de la pobreza y la cuestión social", afirmó tras reunirse con la oposición.
La iniciativa de los diputados oficialistas de las comisiones de Minoridad, Legislación del Trabajo, y Acción Social, propone la creación de una asignación para todos los menores de 18 años que no tengan asistencia por parte del Estado Nacional, como cobertura por salario familiar, planes sociales o pensiones.
VIOLENCIA. Casaretto, que, además, argumentó a favor de la universalización de la ayuda social como una forma de "eliminar el clientelismo", se mostró preocupado ayer por la creciente ola de violencia.
"Lo que está pasando nos genera una gran preocupación. Si hay un método que no podemos usar en la Argentina es el de la violencia. Tenemos que propiciar una cultura de diálogo, de encuentro y de búsqueda de consensos. Todas las cosas se pueden hablar", planteó el obispo en declaraciones al canal de TV América 24.
"Esta escalada nos deja muy preocupados y siempre estamos tratando de ofrecer nuestras mediaciones para que esto no ocurra", añadió.
Casaretto respondió así a una consulta sobre los episodios de violencia que ocurrieron en los últimos días, como la agresión al senador Gerardo Morales en Jujuy por parte de piqueteros kirchneristas y la toma del Concejo Deliberante de Mar del Plata, también organizada por grupos de desocupados.
Además, advirtió que "la situación social está complicada" y que "la situación política también", aunque planteó que "hay que ver qué otros elementos pueden estar integrando la escalada".
A la hora de esbozar una explicación al actual clima, sostuvo: "Los argentinos de por sí somos una sociedad sumamente fragmentada. El diagnóstico siempre es que los intereses de grupo priman por sobre el interés común. Esto es lo que hay que desarticular a través de un gran trabajo de diálogo".
47 Son los dólares que recibirían por mes todos los niños argentinos, hasta los 18 años, lo que implicaría sumar seis millones más.
El ex presidente argentino Fernando de la Rúa (1999 -2001) irá a juicio oral, acusado por el pago de sobornos a senadores para aprobar una ley de flexibilidad laboral en 2000, en uno de los mayores escándalos de corrupción. "El juez federal Daniel Rafecas elevó la causa a juicio oral y el mismo estará en manos del Tribunal Oral Número 3, que será el encargado de fijar la fecha del juicio", dijo una fuente judicial.
La causa que involucra al ex mandatario derribado en 2001 por una rebelión popular con 30 muertos, ventila el escándalo de las denuncias de un arrepentido y otros testigos por el pago de unos cinco millones de dólares a senadores para que aprueben la norma.
De la Rúa está enrolado en una corriente conservadora de la socialdemócrata Unión Cívica Radical (UCR, actual oposición) y la aprobación de aquella ley, que eliminaba derechos de los trabajadores, era reclamada por el Fondo Monetario Internacional como condición para mantener el respaldo financiero.
El ex mandatario está involucrado en varios procesos judiciales, pero ésta será la primera vez que tendrá que sentarse en el banquillo frente a un tribunal en un juicio que ventilará uno de los mayores escándalos de corrupción política durante un régimen democrático.
Aquel episodio derivó en la renuncia del entonces vicepresidente, el peronista progresista Carlos "Chacho" Álvarez, lo que dañó sin remedio al gobierno hasta su caída a finales de 2001.
El ex mandatario será juzgado junto a los otros siete imputados, indicó la fuente judicial. AFP
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