Diez juntas observadas por TCR al violar carácter honorario de edil

E. BARRENECHE /F. FERNÁNDEZ

Diez juntas departamentales fueron observadas por el Tribunal de Cuentas por violar el carácter honorario de los ediles. Ayer hubo golpes de puño e insultos en la Junta de Rivera al suspender su presidente la entrega de vales de combustible.

Según auditorías realizadas por el organismo de contralor a rendiciones de cuentas presupuestales de 2008, las juntas de Artigas, Canelones, Colonia, Florida, Durazno, Montevideo, San José, Paysandú, Río Negro y Rivera no solicitaron a sus ediles comprobantes de estaciones de servicio como forma de justificar sus gastos.

Estos ediles cobran vales de combustible, pasajes de ómnibus y gastos de representación, entre otros viáticos, con la simple presentación de una declaración jurada.

La mayoría de ellos establecen en estos documentos los kilómetros recorridos y el supuesto gasto de combustible sin que nadie pueda confirmarlo. Además, en varias juntas se constató que ediles no tenían auto pero igualmente cobraban vales de combustible.

El TCR también cuestionó a varias juntas por no calificar de misión oficial las salidas de los ediles del departamento y objetó gastos de representación de los presidentes de las juntas, de los cuales no se rinden cuentas en muchos organismos.

La junta sanducera fue observada por el Tribunal de Cuentas porque sus ediles utilizaron partidas por gastos de representación para adquirir repuestos para autos, baterías y reparaciones de sus vehículos. El 22 de agosto del año pasado y tras una serie de observaciones del TCR, la Junta de Paysandú dejó de pagar estas partidas.

El Tribunal de Cuentas sí avaló los sistemas empleados por los cuerpos deliberativos de Cerro Largo, Maldonado, Rocha y Treinta y Tres, ya que estos exigen rendiciones de cuentas documentadas a sus ediles antes de pagar los reintegros de gastos. El TCR aún no se expidió sobre los balances presupuestales de Lavalleja, Salto, Tacuarembó y Soriano, según consta en la página web de la institución.

El lunes, a seis días de las elecciones, la Junta Departamental de Canelones -el segundo en importancia electoral por su población- se reunió en forma extraordinaria para modificar el régimen de reintegro de gastos de los ediles. A partir del 1° de diciembre de este año, los ediles deberán presentar boletas de estaciones de servicio para cobrar viáticos de combustible.

Pocas horas antes de la sesión, más de 100 ediles -titulares y suplentes hasta la tercera línea- recibieron una citación de la Justicia Penal a que se presentaran a declarar en carácter de indagados. Ello significa que deben presentarse acompañados por un abogado.

La fiscal penal Gabriela Fossatti dijo que no se sintió "conforme" con la justificación de gastos que realizaron a través de la declaración jurada presentada en la Junta.

En 2006, la Justicia de Rivera procesó a 28 ediles, ex ediles y particulares por presentar declaraciones juradas falsas.

miedo. Presidentes de las Juntas de Artigas, Soriano, Rivera y Tacuarembó se reunieron para analizar las dificultades que enfrentan, a raíz de la entrega de vales de combustible que son, en la práctica, sueldos encubiertos. El encuentro ocurrió el viernes 16 en Tacuarembó.

El presidente de la Junta de Rivera, José Luis Viera (Partido Colorado) dijo ayer que, por el momento, no entregará esos vales y advirtió que, en caso de otorgarlos, aplicará una retención por el IRPF.

Tiempo atrás, la Junta de Rivera consultó a la DGI sobre dicho tributo tras un pedido de informes realizado por el edil colorado Walter Riesgo. La DGI consideró que se debía realizar una retención a cada reintegro de gastos a los ediles por concepto de IRPF. Al conocerse ayer que Viera no entregaría los vales, el también edil colorado Pablo González -procesado en el affaire de 2006- reaccionó en forma iracunda contra el presidente del cuerpo. En el incidente hubo golpes de puño e insultos hacia Viera.

En Rivera, cada edil titular percibe 180 litros mensuales de combustible, y los suplentes de cada banca reciben otros 120 litros. Un elevado porcentaje de los ediles que reciben este beneficio no tienen auto.

Además, cada edil de Rivera deberá firmar una declaración jurada donde admite la aplicación del IRPF, lo que convierte a la Junta en "empleador".

Al trascender esa decisión, Saúl Aristimuño (Frente Amplio) adelantó que no va a firmar ninguna declaración jurada porque tiene miedo "de quedar enganchado por aspectos constitucionales" que luego "impliquen perder la banca".

Indagan evasión al IRPF

El eventual no pago del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por parte de siete juntas podrá generar otro frente a los cuerpos deliberativos. El BPS recibió un oficio del Tribunal de Cuentas sobre que las juntas de Artigas, Canelones, Colonia, Río Negro, San José, Soriano y Rivera efectuaban presuntas evasiones del IRPF en los reintegros de gastos a ediles. Inspectores del BPS concurrirán en breve al interior a fiscalizar las juntas, según fuentes del organismo.