Canelones: justicia citó como indagados a más de 100 ediles

E. BARRENECHE / P. MANGO

La fiscal penal de canelones, Gabriela Fossatti, pidió a la justicia que cite como indagados a más de 100 ediles -entre titulares y suplentes- de canelones por presunta falsificación de documento público o fraude en el cobro de viáticos.

A mediados del año pasado, Fossatti solicitó de oficio que la Justicia Penal investigara si todos los ediles de Canelones, incluyendo los suplentes, cometieron una eventual conducta dolosa en las declaraciones juradas realizadas para cobrar reintegros de gastos.

Canelones es un caso atípico en el país: es la única Junta que otorga viáticos a los 31 ediles titulares y hasta la tercera línea de suplentes (90 ediles). Los ediles titulares de Canelones reciben $ 16.000 por mes por concepto de gastos de combustible. El primer suplente percibe $ 8.000 y los dos suplentes posteriores $ 4.000 cada uno.

Ayer se reunió la Junta de Canelones en un intento de cambiar el sistema de reintegro de gastos. El fantasma del procesamiento con prisión -similar a lo ocurrido en la Junta de Rivera en 2006 donde 28 ediles, ex ediles y particulares fueron remitidos por presentar declaraciones juradas falsas por gastos- sobrevoló la sesión.

En un plenario extraordinario, donde no hubo debate por haberse alcanzado un acuerdo previo entre las tres bancadas, se aprobó que, a partir del 1° de diciembre, los ediles deberán presentar las boletas de combustible de estaciones de servicio de Canelones si desean cobrar reintegros de gastos. Se trata de una exigencia del Tribunal de Cuentas que cuestiona todos los años la declaración jurada que presentan los ediles para cobrar los vales de combustible.

La resolución de la Junta permitirá que aquel edil que no circule en vehículo propio podrá presentar boletas por cargas de combustible realizadas en automóviles prestados. Si viaja en ómnibus no podrá cobrar reintegros.

Minutos antes del plenario de ayer, los ediles manejaron un proyecto de resolución que señalaba que el cambio de criterio se efectuaba para "incrementar" las garantías en el manejo de los dineros públicos "adoptando las recomendaciones formuladas por el Ministerio Público (Fiscalía)".

Ayer se supo que ocho ediles -cuatro del Frente Amplio y cuatro del Partido Nacional- deberán concurrir en breve a declarar ante la Justicia Penal por sus declaraciones juradas.

GARANTÍAS. El cambio de sistema se hizo con el fin de "mejorar" las garantías "ya existentes", explicó a El País la presidenta de la Junta Departamental de Canelones, Nora Rodríguez (Frente Amplio).

Según Rodríguez, este es el único objetivo que se persigue y "no tiene relación" con el juicio que de oficio está radicado en el Juzgado Penal de Canelones.

La forma actual (por declaración jurada) fue "avalada" por la Asamblea General y es "totalmente constitucional", advirtió.

Con respecto a la celeridad con que la Junta aprobó la forma de reintegro de gastos, Rodríguez dijo que no hubo discusiones porque se aprobó "corporativamente", ya que se trataba de cambiar un sistema que tiene un cuarto de siglo.

CORRUPCIÓN. El tema de los reintegros de los gastos de combustible surgió a mediados del año pasado durante un debate en la Junta.

El edil blanco Fernando Repetto dijo que "es corrupción" la forma como procedían algunos de sus colegas que cobraban gastos pese a que no tenían autos. "Firmar una declaración jurada falsa es un delito. Además los ediles son funcionarios públicos", afirmó Repetto, quien denunció luego haber recibido amenazas de muerte por sus planteos.

Tras la solicitud hecha de oficio por la fiscal Fossatti, el entonces juez penal de Canelones, Dardo Nievas, citó a los ediles para que explicaran la forma cómo declaraban los gastos de combustible.

Varios ediles dijeron a El País que pese a que tenían boletas de estaciones de servicio, declararon en la sede judicial que jamás las pidieron a las agencias porque los abogados defensores así aconsejaron. También fueron aconsejados por sus asesores que señalaran ante el juez que el sistema de reintegro de gastos de combustible de la Junta canaria era correcto pese a las observaciones del Tribunal de Cuentas.

Fiscal penal de Canelones

"La Fiscalía quiere que los ediles cumplan con la ley"

E.B.

Gabriela Fossatti, fiscal de 2° Turno de Canelones.

-¿Usted realizó alguna recomendación a la Junta Departamental sobre la forma que debía hacerse los reintegros de gastos de los ediles?

-Cuando salió en la prensa el sistema que ellos tenían de justificación de gastos, yo actué de oficio y solicité que se hiciera una investigación en la sede penal de Primer Turno. Declararon todos los ediles -titulares y suplentes- y señalaron que, a pesar de que el Tribunal de Cuentas había observado el sistema de reintegro de gastos, ellos entendían que la Asamblea General del Parlamento había aprobado su régimen de rendición de cuentas.

-¿Cuál es la posición de la Fiscalía?

-La Fiscalía maneja que una cosa es el mecanismo de justificación de un gasto. Y otra que el gasto no se realice exclusivamente para ese destino. Porque siendo dinero público el gasto tiene que ser exclusivamente para ese destino (combustible). En tal sentido, solicité a la sede que se convocara a los ediles bajo el artículo 126 del Código de Procedimiento Penal -deben concurrir como indagados-. Es decir, pedí que se intimara a cada uno de los ediles que habían declarado en el expediente que justificaran que esas erogaciones fueron solo y exclusivamente para el gasto de combustible en el ejercicio de su función. En virtud de eso, representantes de la Junta Departamental me trasmitieron ayer (domingo 18) que estaban de acuerdo en procurar un sistema de justificación de gastos que se ajustara a las recomendaciones del Tribunal de Cuentas.

-Es decir que los ediles deben presentar boletas de las estaciones de servicio.

-Lo que la Fiscalía quiere es que se cumpla la ley. Es decir, que los ediles justifiquen los gastos que tienen destinos puntuales.

-¿Eso significa que los 124 ediles -titulares y suplentes- de la Junta Departamental fueron investigados?

-Sí.

-¿Por qué delito? ¿Falsificación de documento público?

-Simplemente no me sentí conforme con la justificación de gastos que realizaron a través de la declaración jurada presentada a la Junta. Si una autoridad (la Fiscalía) de alguna manera reclama que se acredite esa justificación, los ediles deben hacerlo. Los funcionarios públicos estamos obligados a realizar una declaración jurada de bienes. Si existe alguna duda, tenemos que justificarlo.

-Si los ediles cambian su sistema de reintegro de gastos, ello incidirá en el futuro. Pero no tiene retroactividad. Es decir, ya se efectuaron reintegros mediante declaraciones juradas. ¿Qué alcances tiene la nueva resolución de la Junta?

-Yo todavía no tomé posición sobre si hay o no un delito. Para que existan determinados delitos es necesario que haya una conducta dolosa. Una voluntad de cambio (de la Junta) puede implicar que los reintegros se hacían de determinada manera (declaración jurada) pensando que esa era la forma legal. Hay delitos que no se castigan en modalidad culposa.

-Sin embargo, hubo ediles que cobraron reintegros de combustible pese a no tener auto.

-Todo empezó por una noticia de ediles que no tenían auto. Pero mis dudas fueron más extensas. El hecho de tener auto no implica que ese dinero recibido haya sido afectado para el uso específico que tenía. Mi pedido de investigación fue para todos los ediles; los que tenían auto y los que no.