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Contratos. Ministro no fue interpelado por falta de quórum
DANIEL ISGLEAS
Con fuerte tinte electoral, el gobierno y la oposición se enfrentaron por los contratos en el Estado. La polémica fue a distancia, porque no hubo quórum en el Parlamento. Los blancos insistirán en pedirle cuentas públicas al ministro García.
A una semana de las elecciones nacionales, el gobierno y la oposición hallaron otra razón para polemizar en el Parlamento: la cantidad de contratos extendidos en el último año en la administración pública, que son 1.466 para el Partido Nacional y 835 para el gobierno.
Las acusaciones de unos y las aclaraciones de otros iban a ser dirimidas en una interpelación al ministro de Economía y Finanzas, Álvaro García, a cargo del diputado blanco Álvaro Lorenzo, de Alianza Nacional, pero la instancia legislativa de debate se frustró porque la oposición no consiguió que todos sus legisladores estuvieran en sala para poder así reunir al cuerpo, lo cual fue duramente reprochado por el Frente Amplio y por el propio ministro de Economía, que cruzó munición gruesa con la oposición (ver nota aparte).
Luego de ese intercambio de acusaciones a través de los medios en los propios ámbitos parlamentarios, el ministro García convocó a una rueda de prensa en la Presidencia de la República, en donde sostuvo que la cantidad de contrataciones hechas entre julio de 2008 y fines de agosto de 2009 es sensiblemente inferior a la cantidad que afirma el Partido Nacional.
Utilizando la misma fuente informativa que Lorenzo para recoger la información, es decir la página web del Tribunal de Cuentas, García indicó que en el lapso anotado hubo 835 contratos de arrendamientos de obra, becarios y pasantías, 535 de ellos nuevos y 300 renovaciones de contratos ya existentes en toda la administración central, entes, servicios descentralizados y bancos estatales. No se contabilizan en estas cifras, aclaró, los organismos autónomos como los de la Enseñanza.
De los nuevos 535, añadió el ministro, aproximadamente un 50% fueron contratos extendidos para sustituir otras contrataciones, o se trata de zafrales o eventuales, como en la Dirección General de Casinos donde hubo 217 casos como los señalados. Ha habido en este año, en consecuencia, 270 contrataciones nuevas, explicó.
OBSERVACIONES. Estas 270 nuevas contrataciones se dividen en cuatro grupos: los pasantes y becarios que contrataron, por ejemplo, para el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Dirección General Impositiva, para los programas del Mides, para los del Ministerio de Educación y Cultura; un segundo grupo lo forman los escribanos que contrató el Banco República; la contratación de profesionales para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas; y en Presidencia para la Agencia del Gobierno Electrónico, el programa de Salud Bucal y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Además de las cifras contrapuestas, uno de los cuestionamientos hechos en lo previo por el diputado Lorenzo sobre las contrataciones fue la cantidad de contratos observados por el Tribunal de Cuentas. El ministro sostuvo al respecto que desde enero de 2009 a la fecha -en la mitad del período considerado- el organismo de contralor observó el 4% de los contratos propuestos. Y, tomando dos años electorales, dijo que en 2004 los contratos observados llegaron al 31% y en 1999 al 39%.
TRANSPARENCIA. García ratificó que el gobierno no ha autorizado el ingreso de funcionarios públicos al Estado en el año electoral, que en esta administración no ha habido ningún caso de designación directa y que los nombramientos han sido por concurso o sorteo, de forma "transparente".
Volvió a cuestionar la política de prohibición de ingresos al Estado dispuesta por los gobiernos anteriores, afirmando que "fue contraproducente" porque eso "provocó envejecimiento" en la planilla de funcionarios del Estado. García recordó que este gobierno ha ido regularizando a unos 6.000 becarios y pasantes, con lo cual se "blanqueó" su situación funcional.
La campaña electoral tonificó el intercambio de reproches entre el gobierno y el Partido Nacional, que en otros tiempos hubiera tenido una entidad menor. Cuando pasaron 30 minutos de las 16, la hora de convocatoria de la sesión de la Comisión Permanente, el senador Eduardo Ríos, del Frente Amplio, solicitó que, en atención a que no había quórum, se levantara la sesión. El reglamento del cuerpo establece que de los once miembros de la Comisión Permanente, con cuatro presentes (un tercio de componentes) se puede dar inicio a una sesión. En sala estaban solamente tres legisladores, los nacionalistas Álvaro Lorenzo, Jaime Trobo y Ruperto Long, por lo que faltó uno para iniciar la sesión y escuchar al ministro García. De la oposición faltaban el nacionalista Daniel Peña y el colorado Isaac Alfie.
García y su equipo estaban en una sala contigua con la bancada del Frente Amplio esperando que la oposición formara el quórum para sesionar.
En una intervención que lo mostró bastante molesto, el ministro dijo más tarde que la ausencia de legisladores de la oposición fue "una falta de respeto". Ríos acusó a la oposición de "hacer circo" con las convocatorias a sala.
Lorenzo replicó que "el Frente y su ministro estaban atrincherados afuera de la sala de sesiones, buscando zafar de esta interpelación".
"Esto muestra la falta de transparencia y la actitud de desprecio a la democracia" de parte del FA, añadió Lorenzo. Remarcó que los ingresos de personas contratadas son una "festichola inadmisible" antes de la elección.
El ministro García se molestó por las calificaciones de la oposición sobre los ingresos al Estado. "Se habló de un viva la pepa, de un desmadre", protestó en la conferencia de prensa. El diputado blanco Alvaro Lorenzo adelantó a El País que ayer mismo presentó una nota a la secretaría de la Comisión Permanente pidiendo una nueva convocatoria al ministro. La misma va a ser votada en la primera sesión tras las elecciones.
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