La gente no es tonta

Al parecer -y afortunadamente- el plebiscito para la "anulación" de la Ley de Caducidad, no camina. Y es lógico que así sea. Desde que esta idea se perpetró -ese es el verbo adecuado- en la mentalidad de quienes emprendieron la campaña, y fundamentalmente en el seno del Pit-Cnt, reiterada y sistemáticamente venimos advirtiendo que lo que importa no es la ley en sí misma, sino el atentado técnico-jurídico que significa inventar un mecanismo que el derecho no admite. La "anulación" de una ley que existe, que tiene vigencia, y que bien o mal se aplicó en la práctica, significa negar la realidad, hacer como que la ley no hubiera existido nunca. Es una mentira, una contradicción en sí misma, o por emplear términos de uso presidencial, sencillamente una estupidez.

No es sencillo hacérselo notar a los votantes cautivos, que los hay y son más de los que sería de desear. Para otros, es un tema técnico que no llega con naturalidad a quienes no tienen formación para comprenderlo cabalmente. Pero ahora, que circulan las papeletas del SÍ, estamos en condiciones de demostrar con más naturalidad la magnitud del disparate que se le propone a la gente que vote. La papeleta dice textualmente lo que el votante estaría haciendo por vía de una reforma constitucional. Estaría disponiendo que se "anulan y se declaran inexistentes los artículos 1º, 2º, 3º y 4º de la ley …" ; "que se tienen por no pronunciadas las Resoluciones del Poder Ejecutivo que hayan incluido casos de caducidad" y que "se dispone que el Poder Judicial continuará de oficio la tramitación de las causas alcanzadas por las disposiciones anuladas como si éstas nunca hubieran existido..."

En la frase final de la transcripción textual está la confesión del contrasentido. Lo que existió deberá tenerse "como si nunca hubiera existido".

No hablemos del derecho, hablemos del sentido común. Muchos -no todos- quisiéramos que nunca hubiera existido una dictadura. Pero existió. ¿Por qué entonces no se propone que se declare que no existió nunca y nos sacamos todos los problemas sobre lo que ocurrió y sus secuelas?

Es increíble que algunas personas de la izquierda, y de otros sectores a quienes le rendimos tributo de respeto intelectual aunque no piensen como nosotros, hayan prohijado este engendro. Pocos días atrás, el Presidente de la República intentó hablar de la seguridad que brinda el país. Y como no puede hablar de seguridad de los bienes ni de las personas, habló de la seguridad jurídica, que significa sentir que las reglas de juego vigentes, al actuar, son seguras. Eso es fundamental para un inversor. Supongamos que alguien quiere invertir aquí en la construcción de una obra de importancia social, como puede ser una clínica, un hospital, un aporte tecnológico trascendente. Y lo hace bajo el amparo de una ley que lo exonera de impuestos por ser de interés nacional. ¿Qué garantía se le puede ofrecer a ese inversor con este antecedente, si mañana por una reforma constitucional le declaran inexistente la ley que existía al invertir y lo hacen pagar los impuestos antes exonerados?

Es que plantearse el problema es resolverlo. Para el votante que piense un instante, que se le quiera convencer que lo que fue y es, ni fue ni sigue siendo porque se nos da la gana, es un insulto.

Por eso, ese intento está condenado, porque la gente no es tonta. En cambio, ahora, ha trascendido que la Suprema Corte de Justicia declarará inconstitucional la famosa ley, con una integración distinta a la que tuvo hace años en que sentó otro criterio. La inconstitucionalidad no afecta a la vigencia de la ley, que deja de aplicarse solo en el caso concreto. Pues bien, si la Corte opina así, es la oportunidad para que la ley se derogue por otra ley votada por Cámaras en donde la izquierda tiene las mayorías para hacerlo. Será discutible que la Fiscal que interpuso la inconstitucionalidad estuviera legitimada para hacerlo, lo que objetó el Fiscal de Corte por falta de interés "personal" como le exige la ley, pero la opinión del Fiscal es un asesoramiento, o sea que no es vinculante para la Corporación. Y debe reconocerse que no es bueno que una ley que la Corte considera viciada por contradecir a la Constitución -cualesquiera sean los argumentos, que todavía no se han publicado- siga vigente.

Pero al margen de lo que cada uno opine, esto por lo menos es normal, no la barbaridad que se pretende consumar.