Acción penal contra Zagía; se la considera "muy comprometida"

ASSE presentó denuncia penal contra la ex administradora del Maciel por destrucción de documentos. Fuentes del organismo aseguran que la funcionaria ya tiene "la suerte echada", pero se aguardará por los resultados del sumario administrativo.

La auditoría del Tribunal de Cuentas de la República (TCR) sobre las irregularidades en el Hospital Maciel, no sólo comprobó que existió sobrefacturación de la empresa de limpieza Clanider, sino que también evidenció que la ex administradora del nosocomio, Lucía Zagía (sumariada y separada de su cargo), había ordenado la destrucción de documentos con contratos de los años 2005 y 2006.

Inmediatamente después de conocer esa información -tal como adelantó El País- el directorio de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) evaluó la posibilidad de radicar una denuncia penal contra la funcionaria, por considerarse como "un delito grave" la destrucción de documentos públicos.

Según publicó ayer el semanario Búsqueda, el organismo resolvió finalmente radicar la denuncia ante la Justicia. La misma fue presentada formalmente el lunes 5 de octubre y según se indicó a El País desde el organismo y fue ratificada el miércoles 14 ante la jueza especializada en crimen organizado, Graciela Gatti, dentro del marco de la investigación que se lleva adelante por esta causa.

Fuentes judiciales señalaron a El País que en la audiencia celebrada ayer, y tras las declaraciones del presidente de ASSE, Félix González y el administrador actual del Maciel, Gastón Carámbula, quedó demostrado que la situación de Zagía es "muy comprometida".

El asesor legal de la ex administradora del Maciel, Pablo Donnángelo, señaló a El País que su clienta aún no ha sido citada a declarar en esta causa.

Desde el organismo estatal se insiste oficialmente en que no se aplicará ningún tipo de sanción ni medida especial contra Zagía hasta tanto no se conozcan los resultados del sumario en curso y de la investigación administrativa. Sin embargo, por lo bajo se afirma que la suerte de la funcionaria "ya está echada".

"Primero tienen que cumplirse todos los pasos previos. El organismo tiene que tener todas las pruebas sobre la mesa antes de decidir", señalaron fuentes de ASSE.

Lo cierto es que la primera auditoría de ASSE concluyó que Zagía tuvo responsabilidad directa en las irregularidades constatadas en el Maciel.

Las investigaciones apuntan a la responsabilidad de la funcionaria por la falta de controles en las horas de trabajo facturadas por la empresa y las que efectivamente cumplió.

Además, según la auditoría de ASSE, entre otras cosas, la funcionaria se salteó varias licitaciones y celebró contratos para servicios tercerizados en el Hospital Maciel con empresas allegadas a su persona.

Zagía también ingresó como donación la compra de equipamiento médico por un total de $ 1.500.000, el cual en realidad había sido adquirido por orden suya. Sin embargo, justificó esa compra mediante comprobantes de adquisición de medicamentos que nunca llegaron al Maciel. La investigación en curso aún no tiene fecha de finalización.

Investigan denuncia a la esposa de Huidobro

La jueza especializada en crimen organizado, Graciela Gatti, tomó declaraciones el miércoles a la funcionaria de la empresa de limpieza Clanider que acusó de amenazas y malos tratos a la coordinadora de la empresa, Alejandra De Mello -esposa del senador frenteamplista Eleuterio Fernández Huidobro- y su madre, supervisora de la firma.

Fuentes judiciales indicaron a El País que ante la magistrada, la funcionaria ratificó las denuncias, y aseguraron que ahora se están recolectando pruebas y realizando acciones -entre ellas un peritaje al teléfono de la funcionaria- para comprobar la veracidad de las mismas.

Según la denuncia que se tramita en la seccional 1era, la trabajadora es acusada de brindarle información al diputado blanco Jorge Gandini.

La funcionaria negó tener vínculos con Gandini, admitiendo que un pariente de ella tiene un hermano que está en una lista del Partido Nacional.

Según la denuncia, el jueves 8 la trabajadora recibió una llamada de la coordinadora de la empresa, en la cual le dijo que si seguía brindando información "le iba a cortar la lengua". La funcionaria informó lo ocurrido al sindicato del centro asistencial, cuyos representantes le recomendaron que presentara una denuncia policial.