Críticas de uruguayos en madrid

Álvarez: "Requisitos no tienen en cuenta la crisis"

Para finales de 2009 está prevista la modificación de la Ley de Extranjería. Y mañana, 70 organizaciones de inmigrantes protestarán contra la reforma que está en plena tramitación parlamentaria. Entre ellas participará el Centro de Uruguayos en Madrid. Su secretario general, Gustavo Álvarez, habló con El País sobre las nuevas políticas que, según él, "criminalizan al inmigrante".

-¿Cómo incide la reforma sobre los uruguayos en España?

-Los requisitos no tienen en cuenta la crisis económica. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la tarjeta de residencia, esta no se renovará a los inmigrantes que estén desempleados, aunque éstos vivan hace más de tres años en España. Y tampoco a las que no tengan un contrato de trabajo de más de tres meses. También se criminaliza la solidaridad; el que tenga un ilegal en su casa podría recibir multas de 3.000 hasta 10.000 euros. El tercer punto grave es que termina con la organización familiar. Un caso: hay un padre que tiene 66 años y una madre que tiene 64, solo se puede traer a él porque menores de 65 no pueden venir. La ley quiebra la posibilidad de que el inmigrante esté con sus seres queridos.

-¿Las medidas podrían hacer que se incremente la cifra de ilegales?

-A principios de año había entre 10.000 y 12.000 uruguayos indocumentados, de un total de 90.000 que hay en el país, ahora esta cifra ya llegó a 15.000. Si se implementa la ley, en mayo o abril de 2010, con seguridad, la cifra de compatriotas ilegales llegará a 25.000.

-¿Estás restricciones hacen que los uruguayos piensen en volver?

-Hoy estamos levantando el teléfono del Centro Uruguayo y la pregunta que escuchamos del otro lado es `¿cómo hacemos para volvernos? No tenemos un peso, estamos en la calle`, esa es la realidad de nuestros compatriotas. Lo que lamentamos, sobre todas las cosas, es la falta de solidaridad del gobierno uruguayo. Es increíble que en estos tiempos electorales ninguno de los candidatos tocase el tema. La ley es un hecho y nadie dice nada. Las nuevas medidas lo que van a hacer es criminalizar al inmigrante, ponerlo como el responsable de la crisis económica, y viola todos los derechos humanos habidos y por haber.