Juez y parte

Pablo Da Silveira

El surgimiento de las universidades privadas es uno de los episodios más relevantes de nuestra historia educativa. Ese hecho puso fin a un siglo de monopolio en manos de una única institución estatal (algo sin paralelo en el mundo democrático) y desencadenó una dinámica que benefició al país.

Las universidades privadas introdujeron nuevas carreras de grado y posgrado, y crearon oportunidades laborales para docentes e investigadores. También contribuyeron de modo indirecto a generar algunos cambios dentro de la propia Universidad de la República.

Como siempre ocurre cuando un monopolio se ve amenazado, los responsables de la universidad estatal se opusieron desde el principio al surgimiento de estos competidores. Según la opinión predominante entre ellos, las privadas sólo serían una ocasión para el peor mercantilismo y para la pérdida de calidad.

Pero los hechos no confirmaron esos augurios. Lejos de actuar con poca seriedad, las instituciones privadas han tenido en general menos problemas de funcionamiento que la universidad pública. Es difícil encontrar una institución privada en una situación similar a la de la Facultad de Medicina estatal, que está siendo acosada por denuncias de fraude masivo en exámenes, de caos administrativo en la Escuela de Tecnología Médica (existen dudas sobre la validez de los títulos emitidos desde 2006) y de colapso organizacional en el Hospital de Clínicas.

Tampoco en el terreno académico se produjeron los daños anunciados, sino más bien lo contrario. Cuando el Mercosur creó un mecanismo de acreditación de carreras universitarias (una suerte de sello de calidad basado en estándares comunes), la Universidad de la República fracasó en su intento de acreditar dos de sus carreras más emblemáticas (Ingeniería Civil y Medicina), mientras la Universidad Católica y la ORT obtuvieron las acreditaciones que se propusieron.

Pese a todo lo anterior, el gobierno sigue actuando como si los principales problemas de la educación superior estuvieran en el sector privado. Así lo prueba un reciente proyecto de ley que propone crear una Agencia de Promoción y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Terciaria. La iniciativa podría ser digna de aplauso, porque todos los países serios tienen instituciones semejantes. Pero el texto enviado al Parlamento por la Ministra de Educación (una ex decana de la universidad estatal) tiene sesgos alarmantes.

La nueva Agencia se dedicaría a auditar la calidad académica de todas las instituciones universitarias, excepto la Universidad de la República. La institución que se ocupa de más del 80 por ciento de los estudiantes universitarios del país queda fuera de control. Además, dos de los cinco cargos que componen la dirección de la agencia serán ocupados por representantes de la propia Universidad de la República, lo que le da la oportunidad de controlar a sus competidores. Otros dos miembros de ese órgano serán designados por el gobierno y sólo uno por las privadas, lo que podría dejarlas en una minoría de 4 a 1.

Esta ley, claramente orientada a proteger a una universidad estatal que se resiste a adaptarse a las mejores prácticas internacionales, puede significar un grave freno al desarrollo de la actividad universitaria del país. Al igual que en el caso de la reciente Ley de Educación, el resultado de las próximas elecciones determinará si seguiremos avanzando en esta dirección ruinosa o tendremos una oportunidad de corregir el rumbo.