Presos políticos

Las elecciones nacionales que se van a llevar a cabo en nuestro país no pueden distraer la atención de otros hechos de carácter internacional que están conmoviendo a la opinión pública y que tiene que ver, en este caso, con la situación de los presos políticos en Venezuela junto a una reiterada violación de la independencia del Poder Judicial en ese país.

Hasta ahora, la versión más agresiva del desconocimiento de los derechos humanos, estaba vinculada a la persecución de los canales de televisión, a la clausura de radios y a la agresión a diarios y periodistas. Los incidentes que tuvieron lugar la semana pasada en Montevideo, con motivo de la negativa del Parlasur a recibir a un grupo de locutores, periodistas y abogados que pretendieron hacer oír su voz en el recinto del organismo, sirvió, junto a otras versiones que circulan, para tomar conocimiento de una realidad que no debe ignorarse y a la cual no pueden permanecer ajenos los hombres y mujeres libres del continente.

El convencimiento de que Venezuela no es un Estado de Derecho, se había abierto camino a lo largo del tiempo, luego de comprobados los excesos del gobierno, concretados de manera indiscutible tras el establecimiento en el año 2001 de una Comisión Judicial encargada de digitar los nombramientos en ese Poder del Estado y la aprobación en mayo del 2004 de una Ley del Tribunal Supremo de Justicia incrementando el número de Jueces de 20 a 32, lo que fue reforzado con la designación de personas afines al gobierno. Junto a la existencia de Fiscales que también se identificaban con la misma característica, se fueron destituyendo Jueces y Fiscales que reivindicaban su independencia, armando un Poder Judicial sumiso, donde se desconocían los trámites, se negaban los amparos, llegándose incluso al acoso moral, jurídico y físico de los detenidos y sus Defensores.

Esa situación ha conducido a la existencia de varias decenas de presos políticos, a los cuales se ha negado el derecho a ser informados sobre la naturaleza de los cargos; a no ser sometidos a detención arbitraria; a la pronta revisión judicial de la detención; a un juicio tramitado en un plazo razonable; al amparo de un Tribunal independiente e imparcial; a disponer de un plazo suficiente y medios para preparar su defensa e incluso a la presunción de inocencia, todos reconocidos por el Pacto de Naciones Unidas y la Convención Americana.

Figuran en la lista de víctimas un ex Ministro de Finanzas; comerciantes, industriales, empresarios, agentes de Policía; un Capitán del Ejército, oficiales militares; una ex Juez; líderes estudiantiles; decenas de marinos mercantes y ex empleados de compañías de petróleo por participar en huelgas y actos de protesta; periodistas; líderes de organizaciones no gubernamentales; un ex Presidente de la Confederación de Trabajadores; opositores y candidatos presidenciales de la oposición; fiscales, abogados e ingenieros, conformando un panorama general que se ha convertido en el más duro acusador de la actual realidad del país. Los hechos han venido a convertir en emblemático el caso del empresario Eligio Cedeño, acusado de delitos que nunca pudo haber cometido, procesado en el 2005 por su apoyo a opositores políticos, que se encuentra detenido ilegalmente desde febrero del 2007 (se presentó voluntariamente) y a quien se ha negado en forma reiterada la excarcelación pese a haber vencido el plazo legal para la detención preventiva.

La soberbia de Chávez y la impunidad en que se ampara, lo ha llevado incluso a desconocer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos calificándola de ser "moralmente incapaz" de administrar justicia en los asuntos constitucionales de Venezuela.

Todos los casos que se denuncian, además, desconocen los términos de la Carta Democrática Interamericana de la O.E.A. aprobada en Lima, el 11 de octubre del 2001, en cuanto obliga a sus Miembros a mantener un Estado de Derecho, a respetar la independencia de los Poderes del Estado y a fortalecer el reconocimiento de los derechos humanos.

Los países y las conciencias libres del Continente deben protestar contra ese arbitrario estado de cosas, levantando su voz y reclamando por esa situación. Lamentablemente, más allá de la razón que pueda asistir a los perseguidos, a los que no se permite exponer sus defensas o cuyos términos se ignoran, sólo el reclamo de una opinión pública internacional podrá derribar esa afrenta que afecta a todos.