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Choque. La OPP justificó ayer la firma de unos 1.500 contratos en un año
La polémica por el ingreso en el Estado se convirtió en tema de campaña. El gobierno justificó la contratación de casi 1.500 personas y niega designaciones directas. La oposición convoca a ministros al Parlamento: habla de clientelismo y "viva la pepa".
Unas 1.500 personas firmaron contratos de trabajo en diferentes reparticiones del Estado en el último año (entre el 1° de septiembre de 2008 y el 31 de agosto de 2009), de acuerdo a un relevamiento realizado en base a resoluciones del Tribunal de Cuentas de la República al que tuvo acceso El País de fuentes políticas.
Se trata de contratos de arrendamiento de obra y de servicios, contratos a término, ingreso de becarios y pasantes y renovación de vínculo laboral. Hubo contrataciones directas sin llamado a concurso en algunos casos y varios contratos resultaron observados por el organismo de contralor.
Desde el gobierno se defendieron las contrataciones argumentando que no se trata de relaciones contractuales directas con el Estado.
El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Martín Dibarboure, dijo a El País que se trata de "contratos por programas de cooperaciones y no tienen nada que ver con el Estado".
El funcionario agregó que se trata de "un montón de programas en marcha que no pueden dejar de tener continuidad y eso implica contratar especialistas en la materia por programa, pero eso no es contratar gente, eso es contratar trabajo técnico a medida".
El director de OPP sostuvo que las observaciones del Tribunal de Cuentas son "razonables, y se levantan como corresponde". "Yo no estoy opinando sobre la función del TCR. Lo que digo es que las contrataciones están hechas en función de una previsión de para qué es el trabajo, los fondos y los términos de referencia de las personas que se tienen que contratar", remarcó Dibarboure.
oposición. En tanto, la bancada blanca definirá el próximo lunes las acciones concretas a tomar en la Comisión Permanente. El diputado aliancista Álvaro Lorenzo dijo a El País que probablemente se citará al ministro de Economía, Álvaro García, a sala. "Son tantos los entes involucrados, que debería desfilar todo el gabinete si citamos a todos los ministros", afirmó Lorenzo.
El diputado agregó que las resoluciones de observación del TCR tuvieron la abstención de los dos ministros del Frente Amplio, lo que muestra que "esto es un escándalo". "Esto es un viva la pepa, acá está entrando gente a mansalva", dijo el legislador.
Lorenzo habló de un "desmadre" del Frente. "Seguro que hay un porcentaje menor de ingresos con justificación, pero 1.500 es mucho y además hay violaciones a la ley por las observaciones del TCR", afirmó.
Lorenzo cree que debe ir al Parlamento un ministro "a dar explicaciones", porque "esto forma parte del contralor del Parlamento sobre el Ejecutivo, esto no es un candidato contestando a otro en otro estrado".
La Comisión Permanente se reunió por primera vez el miércoles pasado y aún no tiene nueva fecha de convocatoria. "Pero basta con que un solo legislador plantee la convocatoria, para que la comisión se deba reunir", indicó Lorenzo. Se precisa que un tercio de los legisladores apruebe la convocatoria a un ministro para que esta se haga efectiva.
El Partido Colorado acompañará la convocatoria. El senador quincista Isaac Alfie, que integra la Comisión Permanente, dijo que "parece muy razonable" conocer "cuánto cuesta este mundo de contratos, que suma a esta carrera loca de ingreso al Estado".
auditorías. Para el senador de Correntada Wilsonista Francisco Gallinal, se trata de "una mala noticia elevada al cuadrado. Este gobierno persiguió funcionarios públicos por no ser frenteamplistas, con traslados y destituciones. Y ahora incorporaron gente suya sin concursos ni respetar la ley. Hoy el Estado tiene 14.000 funcionarios más que el día que asumió el doctor Tabaré Vázquez", comentó.
Si ganan las elecciones, los blancos harán auditorías en todo el Estado "para saber en qué situaciones se recibe el país", dijo Gallinal.
En tanto, el senador herrerista Luis Alberto Heber dijo al portal montevideo.com que este gobierno se caracterizó por una "apertura descontrolada al ingreso de funcionarios" y que "hay que asumir este nuevo costo en base a un clientelismo político sin control ninguno".
FALSO. El diputado frenteamplista Eduardo Brenta aclaró que desconoce el relevamiento y hará un planteo al TCR "para conocer el documento". Sin embargo, Brenta aseguró que "es absolutamente falso que exista una sola designación directa de un funcionario público en todo el período de gobierno". Y atacó: "Antes la gente sí ingresaba presupuestada por designación de un jerarca, sin justificación".
Brenta explicó que no es lo mismo la calidad de funcionario público con otra clase de vínculos, como contratos de obra, becas o pasantías. Preguntó cuántas "altas y bajas" hubo en el último año y dijo que no hay que quedarse solo con el número de contratos o renovaciones.
1.466 Es la cantidad exacta de contratos que se firmaron entre el 1° de septiembre de 2008 y el 31 de agosto este año.
Los sindicatos respaldaron la política de ingresos a la función pública seguida por el gobierno.
El presidente de COFE, Pablo Cabrera, sostuvo que las contrataciones en la Administración Central en el último año (531 según el relevamiento al que tuvo acceso El País) se explican por la aplicación de la reestructura en distintas áreas, lo que generó la "necesidad de incorporar personal técnico".
Cabrera afirmó que la confederación sindical vela para que el ingreso a la función pública sea "transparente" y a través del concurso, por lo que siempre han existido denuncias sobre irregularidades se han informado.
El sindicalista agregó que el planteo de la oposición es "lógico" si se considera que se está en plena disputa electoral.
Por su parte, el secretario general del Sindicato Único de las Telecomunicaciones (Sutel), Augusto Larrosa, afirmó que en el caso de Antel "los ingresos de personal en este quinquenio han sido todos por concurso y en calidad de contratados a término".
Larrosa indicó que es necesario el ingreso de personal en determinadas áreas de Antel porque los funcionarios "se han ido jubilando por los retiros incentivados", lo que amerita la renovación de la plantilla.
Entre 2004 y 2008, el Estado incrementó su personal en 14.242 (entre funcionarios y no funcionarios), según surge de la comparación de los datos oficiales que aporta el "Informe sobre vínculos laborales con el Estado" de 2008, elaborado por la Oficina de Servicio Civil.
Mientras en 2004 el número de funcionarios ascendía a 229.454, en 2008 pasó a 242.920, lo que implicó 13.466 ingresos.
El número de no funcionarios también se incrementó (en 776) ya que en 2004 habían 12.271 y en 2008 aumentaron a 13.047.
De acuerdo a lo informado por Servicio Civil al Parlamento, actualmente el Estado ocupa a 242.920 personas: 1.300 más que a fines de 2008.
El relevamiento al que accedió El País da cuenta de 1.466 ingresos directos entre el 1° de septiembre de 2008 y el 31 de agosto de 2009. En la Administración Central se firmaron 531 contratos, en la Enseñanza 540, en los bancos estatales 379 y en los entes y servicios descentralizados 16.
De los 531 contratos en la administración central, la mayoría (242) se registró en el Ministerio de Economía y Finanzas, seguido por 123 en Relaciones Exteriores, 62 en Transporte y Obras Públicas, 40 en Presidencia, 20 en Educación y Cultura, y 15 en Turismo.
De los 540 en la Enseñanza, la Universidad de la República (Udelar) extendió 119 , la ANEP 368, Secundaria 47, mientras que Primaria seis.
En la banca estatal, el Banco República tuvo 350 contratos, el Banco de Seguros hizo 16, el Banco Central 12 y el Hipotecario uno.
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