Uruguay pidió a La Haya que mantenga a Botnia funcionando

En su último alegato ante el Tribunal Internacional de La Haya Uruguay pidió a los jueces que permitan seguir operando a la planta de Botnia para lograr poner fin al conflicto con Argentina, y restablecer las "relaciones amistosas" con ese país vecino.

El abogado de la delegación uruguaya, Paul Reichler, señaló que solamente hay "un remedio" a este conflicto: "que la Corte afirme su derecho (de Uruguay) de que la planta opere de acuerdo con el Estatuto de 1975".

Reichler instó también al máximo órgano judicial de la ONU a no desaprovechar "la única oportunidad de aportar una solución pacífica" a la disputa entre Uruguay y Argentina, que están enfrentados en esa Corte por un conflicto "largo y desagradable".

La alegación uruguaya subrayó que "la Corte tiene posibilidad de finalizar este episodio y recomponer las relaciones fraternales tradicionales entre ambos países", dijo ayer la Presidencia en su pagina web, ratificando además "el compromiso asumido por Uruguay en el cuidado del ambiente" como "garantía suficiente para la resolución que la Corte vaya a adoptar".

La delegación uruguaya también acusó a Argentina de no haber presentado ningún informe independiente sobre los efectos medioambientales de la pastera sobre el río Uruguay y su ecosistema.

Reichler invitó a la Corte a que considere como únicos estudios independientes los elaborados o encargados por la Corporación Financiera Internacional. Esos informes concluyeron que la actividad de Botnia "aporta beneficios económicos significativos para Uruguay sin causar daño medioambiental al río".

Reichler resaltó que, en particular el informe elaborado por Ecometrix a requerimiento de la CFI resultó ampliamente favorable para la construcción y funcionamiento de la planta de Botnia.

Recordó también los bloqueos de los puentes internacionales que se llevan a cabo desde hace 3 años y los perjuicios que ello implica, con el anuncio, además de que los bloqueos continuarán en el futuro. Señaló que a pesar del fallo del Tribunal Ad Hoc del Mercosur, las autoridades de Argentina no realizaron ningún esfuerzo para impedirlos, por lo que su prolongación en el tiempo dependerá también de la decisión que adoptará la Corte al respecto.

Negociación directa. Por su parte, el profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Florencia, Luigi Condorelli, expuso sobre los alcances de los artículos 11 y 12 del Estatuto del Río Uruguay.

El artículo 11 regula la comunicación del país afectado si la ejecución de una obra puede afectar la navegación del río o la calidad de sus aguas, y los fundamentos técnicos de esa afirmación. En tanto, el artículo 12 establece que si los países no llegan a un acuerdo "cualquiera de las partes puede someter el asunto a la Corte Internacional de Justicia".

Condorelli sostuvo que el artículo 12 "no se limita exclusivamente a acudir a la Jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, como planteara Argentina, sino que se trata también a una etapa final de negociaciones directas entre ambas partes, luego de lo cual, si no se arriba a una solución, se podrá acudir a la CIJ".

El experto sostuvo que Uruguay cumplió con las "negociaciones directas entre ambas partes" lo que quedó expresado en que "el 5 de mayo de 2005 los presidentes de los dos países llegaron a un acuerdo para la creación del Grupo Técnico de Alto Nivel (GTAN" y el 31 del mismo mes, "se realizó un Comunicado Conjunto anunciando la creación del GTAN, bajo la supervisión de las respectivas Cancillerías".

Ese organismo "se reunió en 12 oportunidades entre agosto de 2005 y enero de 2006". Así "el Comunicado Conjunto del 31 de mayo de 2005, se constituyó un verdadero Acuerdo entre ambos países".

El jurista sostuvo que las reuniones realizadas durante seis meses por los técnicos de ambos países fueron "negociaciones directas" según el acuerdo entre los presidentes.

Condorelli dijo que el planteo argentino de desmantelar la planta y el reclamo de compensaciones no corresponden. Afirmó que Uruguay tiene "la plena convicción y lo demostró a lo largo de todo el juicio", que la planta de Botnia cumple cabalmente con los estándares establecidos por CARU.

Agregó que el reclamo argentino de desmantelar la planta "es absolutamente desproporcional a la realidad" y señaló que "la evidencia presentada por Argentina no demuestra los supuestos perjuicios económicos sufridos en el turismo, la desvalorización de las propiedades y las pérdidas en los sectores agrícola e ictícola, por lo que tampoco correspondería determinar ningún tipo de compensación".

Días finales. El "procedimiento oral", que comenzó la semana pasada con los alegatos de Argentina, continuó ésta con los de Uruguay y finalizará la próxima con dos días de exposiciones para Argentina y dos para Uruguay.

El presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, dijo el martes en Estados Unidos que Uruguay "destruyó" en La Haya los argumentos argentinos en cuanto a que Botnia contamina y agregó que espera que Buenos Aires acate el veredicto de la Corte que ponga fin al "triste" conflicto bilateral.

Hay "riesgo de un verdadero papelón"

La Asociación Forestal Mesopotámica (Afome), que reúne a productores madereros de Misiones, Corrientes y Entre Ríos, criticó severamente los argumentos de Argentina ante La Haya, dijo que "carecen de rigor científico, no se ajustan a la realidad y corren el riesgo de constituir un verdadero papelón", según publicó ayer el diario La Nación.

"Los argumentos esgrimidos son flojos en su contenido y carecen de rigurosidad científica", dijo Afome. "Nuestros representantes [en la Corte] sostienen, por ejemplo, que en febrero último, en el río, a la altura de Botnia, se detectó una concentración de algas; atribuida al funcionamiento de la pastera. Pero resulta que luego se comprobó la existencia de muchas manchas de algas aguas arriba, cerca de Colón, en Concordia, en el embalse de Salto Grande, en Monte Caseros, llegando incluso hasta en la toma de agua de Panambí, en Misiones, a más de 1.000 kilómetros de distancia", agregó.

Afome considera "otro verdadero disparate" la denuncia "acerca de concentración de metales y demás elementos contaminantes en la desembocadura del río Gualeguaychú atribuidas a Botnia, basada en un informe que data de 1997".

Asimismo se cuestionaron los argumentos de perjuicio al turismo. Cita que desde 1982 Alto Paraná opera en localidad misionera de Puerto Esperanza, a corta distancia de las Cataratas del Iguazú; cuya actividad turística viene creciendo en forma sostenida" y nunca se vio afectada por la misma". Agregó que "en materia de medio ambiente debemos empezar por casa" y dijo que "en Entre Ríos nadie controla los efectos que provocan sobre el ecosistema los criaderos de pollos, las fábricas de jugos cítricos, los frigoríficos y otras industrias cuyas aguas se vuelcan al río Uruguay sin control alguno".