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La Cámara de Diputados de Argentina debatía este miércoles un polémico proyecto de ley sobre medios audiovisuales impulsado por el Gobierno, que pretende limitar los monopolios y es rechazado por opositores que lo ven como un intento de controlar a la prensa.
"Estamos convencidos de que vamos a tener los votos necesarios para aprobarlo", dijo el jefe de los diputados oficialistas, Agustín Rossi, quien estimó que las discusiones se extenderán hasta la madrugada del jueves, cuando se votaría la iniciativa.
El oficialismo cuenta con mayoría en Diputados y en el Senado, a donde el proyecto irá para su sanción.
Legisladores de la oposición socialdemócrata y derechista cuestionaron la legitimidad de la sesión y acusaron al oficialismo de no haber respetado normas reglamentarias al aprobar la madrugada del miércoles un dictamen de mayoría en comisiones, que habilitó el debate en Diputados.
El Gobierno modificó días atrás el proyecto enviado al Congreso a finales de agosto, lo que le permitió sumar votos de legisladores de izquierda, que comulgaban con el espíritu de la ley, que en caso de aprobarse reemplazará la acutal legislación que data de la última dictadura (1976-83).
Esas modificaciones incluyeron el veto a las telefónicas para operar el mercado de TV por cable y el aumento de cinco a siete de los integrantes de la comisión que será autoridad de aplicación de la nueva ley, evitando así que el Poder Ejecutivo tenga mayoría en esa entidad, que tendrá carácter autárquico.
La filial argentina de la española Telefónica divulgó el miércoles un comunicado en el que criticó esa prohibición, y aseguró que "representa un obstáculo para el desarrollo de Argentina y su inserción en el mundo de las comunicaciones".
Un punto controvertido es el que obliga a las empresas a deshacerse de sus canales de aire o de cable en el plazo de un año, porque el proyecto prohíbe que el dueño de un canal de aire tenga además uno de cable en la misma zona.
Entre las empresas afectadas, está el principal grupo multimedios del país, Clarín, enfrentado con el Gobierno, en una pelea que escaló posiciones con la norma para modificar la legislación audiovisual.
Los opositores exigen que se posponga la discusión hasta después del 10 de diciembre, cuando el oficialismo pierda la mayoría en las dos cámaras, por el duro revés que sufrió en los comicios legislativos de finales de junio, y adelantaron que planean revisarla en caso de aprobarse.
La iniciativa fue rechazada por entidades que reúnen a los empresarios de la prensa argentina e internacional, como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que advirtieron que el proyecto amenaza la libertad de prensa y la seguridad jurídica.
"La libertad de expresión no puede ser convertida en libertad de extorsión. La libertad de prensa no puede ser confundida con la libertad de los propietarios de la prensa", había dicho la presidenta Cristina Kirchner al presentar la ley que entre otras cosas garantiza el acceso a un tercio del espectro audiovisual a organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro.
El resto se reparte entre el Estado (medios públicos) y los medios privados comerciales, con dos tercios para cada uno.
El proyecto, que incorporó modificaciones desde que fue lanzado en marzo, fue respaldado en junio en Ginebra por el relator especial de la ONU sobre la protección y promoción del derecho a la libertad de opinión y expresión, el guatemalteco Frank La Rue. (AFP)
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