Acierto y corrupción

Hebert Gatto

Bien estuvo el Presidente Vázquez al suspender el traslado de los restos del Gral. Artigas. Lástima que haya dejado avanzar tanto el tema, para luego, con empaque imperial, suspender la ejecución de la ley que lo disponía, tan servilmente votada únicamente por su partido. Si hay asuntos que por su propia naturaleza requieren acuerdos, éste es uno de ellos. Cambiar el lugar de sepultura del prócer sin contar con consenso político y social, hubiera implicado, además de un desmán autoritario, un factor de división que lesionaría valores que nos unen como nación.

Artigas, quizás sea redundante recordarlo, es mucho más que uno de los representantes de nuestra gesta formativa. Partiendo de un personaje admirable en su austera dimensión republicana y no sin el sostenido esfuerzo cultural de muchas generaciones, los orientales lo transformamos en nuestro símbolo identificatorio, el depositario de la esencia misma de la nacionalidad. En esa medida sus restos, como su memoria, adquieren carácter trascendente. Artigas a nadie pertenece, porque es de todos. Lo que no significa blindarlo de la crítica, separarlo de la objetividad historiográfica ni mucho aislarlo en la asepsia de un pasado sagrado.

No arranca la misma aprobación la política de esta administración, gastando ingente sumas del patrimonio público para realzar sus logros. No existe en nuestro derecho un conjunto normativo que regule de manera clara lo que el Estado está habilitado a invertir en autopublicitarse.

Naturalmente que es razonable que los Entes industriales y comerciales del Estado, en la medida que pretendan acrecentar el consumo de sus productos realicen publicidad. Fuera de esto es incluso comprensible que determinados organismos o poderes del Estado entiendan necesario hacer público ciertos aspectos de su gestión, en tanto mejora su imagen y ello contribuye a profundizar la adhesión cívica de los ciudadanos.

Lo que no es admisible es que bajo ese pretexto, el gobierno de turno realice publicidad de sus logros en el período. Pero además, que lo haga, como lo hace a ojos vista, para incidir a su favor en la campaña electoral que se realiza simultáneamente. Porque esto, hecho bajo el pretexto de servir al Estado, tiene un nombre y sólo uno: corrupción.

Esta figura, moral y jurídica, perteneciente a la rama penal del derecho -y que en cada país adquiere diferentes denominaciones y modalidades-, no solamente se tipifica cuando alguien utiliza bienes públicos en su beneficio personal, sino también cuando lo hace en provecho de otro, que bien puede ser su partido político o su grupo de referencia. Tal, pese al maquillaje y al disimulo, es lo que ahora está ocurriendo. El gobierno dispone del dinero de todos, blancos, colorados, frentistas, independientes y apolíticos, en mejorar su imagen y la del grupo político que representa, incidiendo inevitablemente en los resultados electorales. A nadie le pregunta si está dispuesto a realizar ese gasto, como el antiguo Zar, introduce su pesada mano en nuestros bolsillos a su mayor gloria.

Se dice, vaya argumento, que los partidos tradicionales siempre hicieron lo mismo. Sumémonos pues a la corrupción ambiente, generalicemos el delito, que la historia lo avala y si al triunfador nadie le pide cuentas, al perdedor tampoco. Sólo es cuestión de seguir haciéndolo.