Política y lucha de clases en los estrados

Políticos, empresarios, sindicalistas recurren a la Justicia para solucionar conflictos que, en la mayoría de los casos, debieran resolverse negociando. El fenómeno no es nuevo y crece. Se "judicializa" la política y hasta los conflictos sindicales.

En los últimos días, en plena campaña electoral, se presentaron dos denuncias penales por presuntas irregularidades en la administración de recursos del Estado: una de la Presidencia de la República contra el ex intendente de Durazno Carmelo Vidalín y otros integrantes del Comité de Emergencia de ese departamento, y otra del sector colorado Vamos Uruguay contra las autoridades del Ministerio de Salud Pública.

En el primer caso, se acusa a los denunciados por irregularidades en el manejo de fondos y elementos donados para colaborar con las personas damnificadas por las inundaciones de 2007, mientras que en el segundo se entiende que pudo existir delito al entregar preservativos adquiridos con fondos públicos para una campaña publicitaria del MPP.

Más allá de que en los dos casos pueda existir o no delito ambas denuncias se enmarcan en un claro fenómeno de judicialización de la política que ha tenido lugar en los últimos años.

No son los únicos ejemplos donde una denuncia llega a la Justicia a través de un sector o un dirigente político: el senador nacionalista Julio Lara denunció al vicepresidente Rodolfo Nin Novoa por presuntas omisiones en su declaración jurada y el diputado colorado Washington Abdala denunció irregularidades en negocios entre Uruguay y Venezuela.

El fenómeno no se reduce solamente al ambiente político, sino que conflictos empresariales o sindicales también derivan en una acción judicial. Así, la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) ganó en 2006 un millonario juicio a la Intendencia de Montevideo por incumplimientos salariales. El 28 de agosto pasado la Confederación de Funcionarios del Estado (Cofe) presentó una acción de las mismas características contra el gobierno central.

Además, en casos que investigan posibles hechos de corrupción, actores políticos más allá de no haber presentado la denuncia inicial, toman como propio el tema y presentan pruebas ante la Justicia.

Eso ha ocurrido, por ejemplo, en los casos de las indagatorias por posibles irregularidades en los contratos del Hospital Maciel, la compra de equipamiento médico para el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (Cudim) o las millonarias exportaciones de libros a Venezuela realizadas por la empresa Apliser SA.

EN AUMENTO. Jueces y ex magistrados coinciden en que la judicialización de situaciones que en el pasado no terminaban en acciones ante la Justicia se ha incrementado en el último tiempo, aunque señalan que siempre ocurrió.

"Es un fenómeno que viene en claro aumento desde la década pasada, con aspectos que antiguamente no culminaban en la Justicia, sobre todo en la órbita penal", dijo a El País el presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay y ministro del Tribunal de Apelaciones penal de 3er Turno, Eduardo Borges. "Es un proceso muy notorio en el Río de la Plata y América Latina", agregó.

Por su parte, el ministro de la Suprema Corte de Justicia Daniel Gutiérrez, dijo que esa situación ocurrió siempre, pero en la actualidad trasciende porque "hay un mayor interés de la prensa y, a su vez, de la opinión pública en estos asuntos".

De todos modos, Gutiérrez señaló que a su juicio esta situación, que conlleva una mayor carga de trabajo, no perjudica ni complica la actuación del Poder Judicial "que siempre la asumió con los medios que tuvo a su alcance".

El ex ministro de la Corporación Jorge Marabotto, en tanto, si bien coincidió con Borges y Gutiérrez en cuanto que el fenómeno no es nuevo, tuvo una visión mucho más crítica: "El tema político es muy complicado. Se expone a la Justicia a la opinión cívica cuando no se sabe exactamente la prueba que hay. Se puede tergiversar todo, por lo que es muy difícil manejarse en esa situación".

Para Marabotto "no se le debería pedir a la Justicia lo que no pueden hacer otros". Agregó que el fenómeno es "absolutamente" negativo porque pone al Poder Judicial "en la picota pública".

Para el ex ministro de la SCJ Gervasio Guillot, "hay una gran cantidad de denuncias penales, muchas de las cuales no tienen relevancia desde el punto de vista penal, pero igual se presentan. Es como si se buscara una nueva vía para ejercer derechos a través de la Justicia", consideró. "Actualmente hay más intervención judicial en asuntos con trasfondo político", advirtió Guillot, aunque aclaró que en esos casos el juez "prescinde de lo político y va a lo jurídico, que es la forma de mantener la balanza en forma imparcial, porque los juzgados no deben prestarse como escenario de una disputa política".

DIFUSIÓN. Al igual que Gutiérrez, los ex magistrados consultados subrayaron que, uno de los aspectos que motivó el aumento de denuncias y demandas judiciales, es la existencia de un mayor número de medios de comunicación que prestan más atención a estos temas. "Hoy este fenómeno tiene características más notorias por los medios de comunicación. Pero cuando yo era juez de instrucción cayó el Banco Transatlántico e intervino la Justicia", evocó Guillot.

La gran batalla contra el IRPF

Si hubo bajo esta administración una gran batalla político-jurídica fue la implantación del IRPF. La reforma tributaria revolvió la interna del Frente Amplio y enfrentó duramente a la coalición con la oposición. Consagrada la ley, vino la reacción de los damnificados, muchos de los cuales presentaron acciones de inconstitucionalidad contra el nuevo impuesto. Abogados más o menos vinculados a la oposición asumieron la causa y, especialmente desde el Ministerio de Economía, se armó una artillería mitad jurídica, mitad política, en defensa del impuesto. El entonces ministro Danilo Astori sumó a sus argumentos políticos un dictamen del reconocido jurista Horacio Cassinelli Muñoz.

Varios fallos fueron favorables a los reclamantes por tres votos en cinco ministros de la Suprema Corte, lo que hirió de muerte al gravamen sobre las pasividades. El gobierno no se amilanó y aprobó un impuesto prácticamente idéntico con otro nombre. La política primó sobre la Justicia.

Los relevos naturales en la cúpula judicial cambiaron las cosas: la jueza Sara Bossio, que objetó el IRPF, dejó el cargo al cumplir los 70 años y su reemplazo, Jorge Larrieux, tenía otra opinión. Las siguientes fallos mantuvieron el IRPF y los dos poderes pagaron sus costos.

El uso político

El fenómeno de la judicialización de la política es un situación que pone incómodos a muchos jueces porque, indirectamente, se ven involucrados en situaciones que poco tienen que ver con aspectos legales. "Somos conscientes de que en circunstancias electorales o de cambio de gobierno se presentan denuncias con el claro objetivo de generar un hecho político, pero nosotros no dirimimos esos pleitos", dijo un conocido juez penal.