"Sistema carcelario es espeluznante; se precisan más cárceles"

Pablo Melendrez

-En el último tiempo se ha registrado una baja constante en la inscripción de abogados en el Centro de Estudios Judiciales del Uruguay, donde se forma a los magistrados. ¿A qué se debe esa situación?

-Este año se presentaron 30 y en el curso anterior se presentaron 58. Hay tres teorías que explican esto: una que señala que hay una suerte de crisis vocacional; otra que se refiere a las elevadas exigencias de ingreso y la última que tiene que ver con la variable económica, porque competimos con la actividad privada, donde existe la posibilidad de ingresar en importantes estudios jurídicos con elevados sueldos

-Si se mantiene esta tendencia, ¿se podría llegar al extremo de que en el corto plazo no se puedan cubrir las vacantes de ingreso a la magistratura?

-En la teoría eso podría pasar. Pero la clave está en que para cubrir vacantes no tengamos que bajar los requerimientos iniciales, porque no tenemos escasez de abogados, sino de aspirantes a jueces.

-¿Cómo evalúa la relación entre el Poder Judicial y el gobierno del Frente Amplio?

-Uruguay sigue siendo un ejemplo de relacionamiento institucional, tanto en los gobiernos anteriores como en esta administración. El Poder Judicial uruguayo es un orgullo, porque es absolutamente independiente. Quizás hubo algún chisporroteo un poco atípico - como lo ocurrido durante la discusión de la constitucionalidad del IRPF a los pasivos- que en gobiernos anteriores no habían pasado.

-La autonomía financiera es una vieja aspiración del Poder Judicial. ¿Por qué no se ha logrado hasta ahora? ¿Es una suerte de presión indirecta del poder político?

-Aspiramos de larga data a tener una mayor autonomía presupuestal. Que ello deba formalizarse de alguna manera puede ser necesario o no, porque cuando hay acuerdo político en las democracias serias y avanzadas como la de Uruguay, no es necesario establecer la autonomía en textos legales. Mi percepción es que los distintos gobiernos que ha tenido el Uruguay han tenido escasez de recursos y en general han asignado recursos a las áreas más problemáticas del Estado.

-¿Cuál es la responsabilidad de los jueces en relación con el hacinamiento carcelario?

-El tema carcelario es espeluznante, pero el Poder Judicial no tiene demasiadas posibilidades porque se trata de un problema locativo de las cárceles donde no tiene injerencia. Hay una tendencia mundial de aumento de la población carcelaria, y Uruguay solamente acompaña lo que ocurre en las demás democracias del mundo. La solución que todos los países han adoptado más allá del color político de sus gobiernos es la construcción de más establecimientos carcelarios. En Uruguay casi el 50% de los ciudadanos privados de libertad están en condición de prisión preventiva, y esa es una situación muy difícil de explicar a nivel internacional, porque la naturaleza de la prisión preventiva es una medida cautelar.

-En ese contexto, es de fundamental importancia la aprobación de la reforma del Código del Proceso Penal. ¿Debería ser una prioridad para el próximo gobierno?

-Si el Parlamento Nacional decide aprobar el nuevo Código, solucionará la primera vertiente del problema del hacinamiento carcelario, porque se prevé que la prisión preventiva vuelva a ser solamente una medida cautelar excepcional. Pero lo relacionado con las condiciones de reclusión y el hacinamiento, no se solucionan con un nuevo CPP, sino que solamente se solucionan con la construcción de nuevos establecimientos carcelarios.

-¿Existe propensión de los jueces a procesar con prisión en casos en los que podrían no hacerlo?

-Las estadísticas marcan que las personas procesadas con prisión cometieron delitos graves, y aquellos que fueron procesados con prisión pero no cometieron delitos graves, lo que motivó esa decisión son sus antecedentes. Es decir, que no hay una propensión exacerbada de procesar con prisión.