Argentina: el impacto de la ley de medios

BUENOS AIRES | LA NACIÓN | GDA

El proyecto de ley de medios que impulsa el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner pretende producir un fuerte reacomodamiento en el mercado de las comunicaciones y de la prensa en Argentina.

En este reacomodo no sólo saldrá perjudicado el Grupo Clarín sino también otros de sus grandes competidores que hoy se desempeñan en libertad; desembarcarán las empresas telefónicas en el negocio de los cables y, también, podría abrir la puerta para que empresarios cercanos al poder compren, a bajo precio, canales de aire como el 13 y Telefé.

Se escuchará más música nacional; pequeñas cooperativas tendrán más espacio para operar radios y canales, aunque podrían ser financiadas por publicidad del Estado o de los gobernadores y, tal vez, los canales de aire queden obligados a transmitir un partido de la Champions League europea porque participen argentinos como Carlos Tévez o Lionel Messi.

Incluso, será posible que una telefónica le envíe a su domicilio, por cable, Internet, telefonía y televisión (triple play). Pero como la ley es muy reglamentarista y restrictiva, también habrá más concentración, menos empresas medianas, menos producciones independientes, menos señales de cable y más desempleo.

Actualmente, en la Argentina operan cinco canales abiertos (América, 7, 9, Telefé y 13); señales de noticias como TN, Crónica, C5N, Canal 26 y América 24; un sinnúmero de radios legales e ilegales AM y FM, y cuatro grandes operadores de cable (CableVisión, Multicanal, Supercanal y Telecentro) que conviven con unos 800 cables nacionales y regionales.

En ese mundo, el Grupo Clarín, que penetró buena parte de los hogares con el cable, opera en competencia con otros ocho grupos: Vila-Manzano; Hadad, Telefónica, Prisa, CIE Rock & Pop, Razetto, Gollan y Cadena 3. ¿Podrá la ley introducir más pluralismo que el que existe hoy en este mercado?

La diversidad local no es menor que la que existe en el mercado norteamericano, dominada por cinco grandes grupos: Time Warner, The Walt Disney Company, News Corporation, NBC Universal y Viacom, pero con una particularidad: en ese país, en los últimos años, el Estado permitió mayor concentración de los medios para favorecer inversiones y darles presencia global.

El subsecretario general de la Presidencia, Gustavo López, sostiene que la actual ley está absolutamente deslegitimada: "Fue dictada en el gobierno militar; en 26 años de democracia, el Estado no abrió la oferta y, si bien la Justicia legalizó algunas situaciones, no se puede ordenar nada. Se necesita una nueva ley".

Henoch Aguiar, abogado experto en medios, considera que "la norma es paradójica, porque achica el espacio de un actor, el Grupo Clarín, pero deja entrar a tres grandes telefónicas (como son Telefónica, Telecom y Telmex) y genera un mercado más concentrado en el negocio del cable".

En rigor, los especialistas en radiodifusión no cuestionan que las telefónicas ingresen en el negocio, donde podrán prestar triple play , sino que lo dudoso es el sistema de reparto que pretende introducir la nueva normativa: Como un hecho sin ningún antecedente en otros países, el artículo 38.2.c. prohibirá que una misma empresa sea titular de un canal de televisión abierta y de un cable.

Si la ley se aprueba, el Grupo Clarín debería optar -en menos de un año- entre conservar el Canal 13, el Canal 7 de Bahía Blanca y el 12 de Córdoba, o quedarse con CableVisión; el Grupo Vila-Manzano debería optar entre Canal 7 de Mendoza o el cable Supercanal; y lo mismo deberán hacer los titulares de América 24 y América TV, por citar ejemplos que también se replican en las distintas provincias.

Es previsible que, siendo el cable un mejor negocio que la televisión abierta, las empresas preferirán quedarse con aquéllos. Pero el asunto también perjudica a Telefónica: si esta empresa, que es propietaria de Telefé y de otros ocho canales de aire en el interior, quisiera brindar servicio de cable para dar el triple play, también debería desprenderse de varios de esos canales.

La ley, en el artículo 159, obliga a los grupos a vender los canales, señales o radios que excedan los topes en el plazo máximo de un año. La pregunta es: ¿quiénes serán los compradores de los canales de aire Telefé, 13 y todos los medios que se vendan en el interior? Un ejecutivo y abogado de medios ensaya una respuesta posible: "El plazo es muy exiguo y, como el mercado es recesivo y hay poca publicidad, los canales saldrán a precios de remate. Será una oportunidad para que los amigos de Kirchner compren barato".

La ley, en el extenso artículo 38, tampoco permitirá que una empresa de cable, que es un distribuidor de contenidos, posea más de una señal propia. Si la ley fuese aprobada, CableVisión, que produce las señales TN, Volver, Magazine, Metro y Quiero Música, sólo podría quedarse con una de ellas. Las demás deberían venderse. Y Supercanal debería desprenderse de América 24. En la Argentina, Time Warner, un conglomerado que factura 34.000 millones de dólares por año, estaría en problemas: si quisiera conservar el segundo cable más importante de los Estados Unidos, debería desprenderse de HBO y de CNN.

¿Qué ocurre con las radios y canales que usan el espectro radioeléctrico? El artículo 38 no autorizará a cada grupo a ser titular de más de 10 licencias. Clarín tiene 4 canales de TV abierta y 5 radios y Telefónica posee 9 canales. Pero otros grupos deberán vender: Prisa posee Radio Continental (AM) y 18 radios FM; el Grupo Vila-Manzano, además del Canal 2 de la Plata, Canal 10 de Junín y Canal 7 de Mendoza, posee el Canal 6 de Mendoza y 14 radios de AM y FM, y Cadena 3 acumula 13 radios.

Coarta la libertad de prensa

La Sociedad Interamericana de Prensa pidió al Congreso que debata "sin apasionamientos ni apresuramiento" el proyecto de la nueva ley de radiodifusión, que según el organismo busca "coartar la libertad de prensa" y el derecho del público a recibir información. "La SIP viene observando con preocupación que muchos de los argumentos utilizados podrían estar vinculados a `actitudes revanchistas` y de crítica del gobierno nacional en contra de los medios de comunicación independientes``, dijo la SIP. El presidente de la SIP, Enrique Santos Calderón, expresó la preocupación de que "una legislación tan importante para la solidez democrática de Argentina y el ordenamiento del espectro radioeléctrico termine politizada".