Vidalín declaró por denuncia oficial

La jueza María Constanza Farfalla tomó declaración al ex intendente Carmelo Vidalín durante dos horas, y al director de Hacienda José Pedro Rodríguez por 1 hora cuarenta minutos. Actualmente, declara Domingo Rielli, director de Promoción Social.

Dos abogados de Presidencia presentaron una denuncia penal contra estos tres políticos por el destino dado a los dineros y materiales recibidos durante las inundaciones de mayo de 2007.

Asimismo, se realizó una ampliación de la denuncia original, donde se reclama la desaparición de $1 millón que correspondían a un convenio entre la Intendencia de Durazno y el Ministerio de Vivienda.

El acuerdo suponía el uso de $2 millones para la refacción de viviendas, y sólo se habrían utilizado 600 mil con ese fin.

Por su parte, el Comité de Emergencia reconoció a EL PAÍS digital que se usó la totalidad de la suma pero en otros insumos vinculados a las inundaciones como el pago de la luz, el agua y alquileres de los evacuados.

Los asesores de Presidencia se retiraron del Juzgado en medio de abucheos por parte de los partidarios de Vidalín.

Ayer la Departamental Nacionalista de Durazno mantuvo una reunión donde analizó la situación y aprobó una declaración en la que "repudia" la denuncia de Presidencia, la que considera una "estrategia para desacreditar y agraviar a hombres y mujeres de bien". La declaración señala su "incondicional respaldo y solidaridad a los compañeros Carmelo Vidalín, Domingo Rielli y José Pedro Rodríguez y a sus respectivas familias" y menciona que "nuestras manifestaciones son reflejo del sentir de nuestro pueblo, el que no se deja engañar por espejismos, ni cortinas de humo tendientes a ocultar los verdaderos objetivos de tremenda injusticia".

Vidalín dijo ayer que el Comité de Emergencia y la Intendencia "nunca" recibieron dinero con vistas a que el mismo fuera repartido entre los ciudadanos (evacuados).

En tanto, uno de los particulares a quienes la Justicia incautó dos de las 20 lonas que se denunciaron como desaparecidas, dijo ayer a El País que las adquirió hace un año y medio, "de buena fe", a una persona que "apareció un día ofreciéndolas como suyas". El hombre dijo que pagó $ 300 por cada una.

MÁS ACUSACIONES. Por otra parte, dos nuevas denuncias se presentarán contra el Comité de Emergencia del departamento. La primera llega desde el Ministerio de Vivienda, que acusa a Vidalín de presunto desvío de fondos que recibió la Intendencia de Durazno a través de un convenio con esta cartera. Por este acuerdo, se le otorgó a la comuna $2.350.000 para construir viviendas para los afectados, pero el dinero fue utilizado para pagar el alquiler de dos ex hoteles en donde se aloja (hasta hoy) a 30 familias. También pagó tarifas públicas, mantenimiento y servicio de vigilancia 222. Asegura el matutino El Observador.

Por su parte, José Pedro Rodríguez, el ex coordinador departamental del Comité, y otro de los jerarcas involucrados en la denuncia explicó hace unos días a EL PAÍS digital, que el predio donde se debían construir las viviendas donadas por el BID, está ocupado y se está dando el desalojo.

Según el ex jerarca, la OPP, haciendo de intermediaria del BID, le entregó a la ONG El Abrojo cerca de US$ 60 mil para comprar las viviendas. Estas fueron adquiridas en plaza "hace menos de un año", y los materiales están distribuidos entre el Regimiento de Caballería, la Brigada Aérea, que tienen sede en Durazno, y dependencias municipales.

"El terreno que estaba destinado a lugares para verificar esas viviendas está ocupado por una tercera persona", explicó Rodríguez a la pregunta de por qué no se habían construido esas viviendas. El ex jerarca dijo además que las mismas serán entregadas junto a otras 50 casas que construye Mevir, pero que hasta que no se logre desalojar al ocupante del terreno, no pueden comenzar la construcción de las mismas. Mientras tanto, según Rodríguez, la Intendencia de Durazno gastó más de US$ 1,5 millones en alojamiento para los afectados.

La otra denuncia será presentada por un grupo de vecinos que acusa no haber recibido hasta ahora ayuda de la comuna. En este caso la denuncia será ante el juzgado civil, en busca de resarcimiento económico. Uno de los promotores de esta denuncia, Kempis Rodríguez, se reunió ayer en Montevideo con los abogados de la Presidencia para intercambiar información.

Rodríguez manifestó a El País que "entre los más de setecientos denunciantes, todos inundados, hay ciudadanos de todos los partidos" y que en el barrio La Amarilla, lo que se hace "es reclamar lo que corresponde a los damnificados". La acción civil será contra el ex intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, y contra los directores comunales José Pedro Rodríguez y Domingo Rielli "por daños y perjuicios y daños morales, porque son los que figuran como los principales culpables".