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El sector de Salud Pública es uno de los más conflictivos del país. No pasa semana sin que haya un paro, una huelga o una situación de enfrentamiento gremial. Sin ir más lejos, ayer culminó un nuevo paro de 72 horas (sí, tres días completitos) de los funcionarios. Tal vez por eso pasó bastante desapercibido un incidente bochornoso que ocurrió días atrás en el Hospital Maciel, donde un paro derivó en una gresca generalizada con estudiantes de Medicina, a quienes los funcionarios se negaban a dejar entrar al nosocomio. El episodio no es novedoso, pero lo más llamativo han sido las reacciones.
Por un lado la dirigente sindical del Maciel, Silvia Machado, se despachó con un soberbio "cuando se está en conflicto no se negocia la entrada de nadie". Por su parte, el secretario general de la FFSP, Pablo Cabrera, buscó bajar revoluciones al asunto y dijo que se está elaborando un protocolo para garantizar que tanto los funcionarios como los estudiantes puedan "convivir" durante los días de paro.
Francamente hay situaciones que sólo son comprensibles en este extraño Uruguay de hoy. Está muy bien que los funcionarios de Salud Pública tienen derecho a hacer todas las huelgas que se les ocurra, pero ¿cuándo se les entregó el control de los hospitales que pagamos todos los uruguayos? ¿En qué momento se consagró su derecho a decir quién puede entrar y quién no a un lugar que es público? ¿Es necesario que se elabore un "protocolo" para que los señores gremialistas no agarren a trompadas a unos estudiantes que todo lo que pretenden es formarse adecuadamente? Parece el mundo al revés.
Todo esto sucede ante la pasividad del gobierno, algo que no es extraño, ya que muchos dirigentes gremiales de esos que defienden este tipo de actitudes, han sido apoyo habitual de la actual gestión, cuando no la han integrado directamente. Pero después se quejan cuando desde las cámaras empresariales reclaman que las relaciones laborales están flechadas en favor de los sindicatos. Va a llegar el momento en el que el país va a tener que analizar el marco legal en el que se mueven algunos gremios, y la impunidad con la que ostentan actitudes patoteriles como éstas.
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