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Conflictividad. Recuperación salarial no detuvo demandas de distintos gremios estatales
PILAR BESADA
La conflictividad laboral en el sector público se mantuvo alta en este período de gobierno, a pesar del sostenido aumento en los salarios reales del sector. Varios sindicatos, incluso, llevaron los conflictos a la Justicia.
Desde que asumió Tabaré Vázquez, en marzo de 2005, hasta julio de 2009, los trabajadores públicos vieron aumentado el poder de compra de su salario en 19,6%.
Los trabajadores privados lograron, globalmente, un mayor aumento en el poder de compra de sus salarios desde marzo de 2005: 24,8%, luego de hundirse su ingreso en la crisis de 2002 y verse sacudido por el desempleo -básicamente privado- que llegó al 20%.
Los públicos en su conjunto, en tanto, lograron un aumento real menor bajo la administración Vázquez, aunque partieron de un nivel superior (ver gráfica) y con un desempleo prácticamente inexistente.
En tanto, al interior de los grupos de empleados del sector público, los trabajadores que tuvieron las mayores subas desde que asumió Vázquez fueron los del gobierno central (+72%, en términos nominales), seguidos por los funcionarios de los gobiernos departamentales (+61% nominal), y luego por los de las empresas públicas (+47% nominal).
Sin embargo, estos aumentos no impidieron que el sector público mantuviera un alto nivel de conflictividad laboral (ver gráfico) entre 2005 y 2008, según los estudios sobre el tema que realiza el Instituto de Relaciones Laborales de la Universidad Católica. Aunque los niveles fueron inferiores a los registrados durante la administración de Jorge Batlle, en 2007 y 2008 la conflictividad llegó a niveles similares a los del gobierno colorado.
Este año, la conflictividad laboral del sector público se ha mantenido: el principal conflicto surgió en abril entre COFE (Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado) y el gobierno, que derivó en una demanda judicial presentada por el sindicato el mes pasado.
A este conflicto se suma un paro de funcionarios de la DGI en verano, un diferendo en Aduanas, paros de la Enseñanza Secundaria (no por motivos salariales, sino en protesta por la ley de Educación), y disconformidad de algunos funcionarios de Adeom con la Intendencia.
Además, esta semana se registraron dos conflictos más en el sector público, uno en Salud Pública, por mejoras salariales, y otro con el Sindicato Único del INAU, que ocupó un hogar de reclusión de menores infractores por mejores condiciones de trabajo.
A la justicia. En 2008 COFE y el gobierno firmaron un acuerdo por el cual, al final de este período, en enero de 2010, los funcionarios de la Administración Central recuperarían el 19,5% de su salario real, con lo cual estarían recobrando el poder de compra que tenían en el 2000. Al inicio de las negociaciones, COFE estimaba que la pérdida de salario real durante la administración de Jorge Bat-lle (2000-2005), había sido del 23%, pero finalmente acordaron con el Estado que la pérdida había sido del 19,5%.
Sin embargo, el convenio fijaba un cronograma de ajustes, por el cual se pactaban aumentos progresivos hasta alcanzar el 19,5%. En enero de 2009 fue cuando COFE consideró que se incumplió el cronograma, ya que estimaron que el 7,12% de aumento recibido no alcanzó para cubrir la inflación de ese período y que los funcionarios reducían su salario real. A pesar de que en abril consiguieron otro aumento del 2%, continuaron con su protesta. Según COFE, el aumento necesario para que el Estado se ponga al día con el convenio ronda el 4%. Por este motivo, el 28 de agosto COFE presentó una demanda al Estado por incumplimiento del convenio salarial. Antes, COFE había realizado una gira por el interior del país en la que recogió unas 3.500 firmas de trabajadores que apoyan el juicio al Estado.
El dirigente de COFE, Joselo López, estimó que, si el juicio sale favorable al sindicato, el monto de la demanda equivaldría a un medio aguinaldo anual por trabajador.
COFE, representa a 34.000 funcionarios de la Administración Central y de algunos organismos del artículo 220 de la Constitución.
Según Pablo da Rocha, del Instituto Cuesta Duarte del Pit-Cnt, el promedio de los sueldos de los funcionarios de COFE ronda los $ 17.000. En tanto, el salario mínimo de la Administración se encuentra en el entorno de los $ 8.000. COFE reivindica llevar el salario mínimo a los $ 8.700.
Sin paz. Hace un mes, Adeom presentó una intimación formal al municipio porque unos 200 funcionarios de la comuna no han recibido todavía el pago de la partida de 12.400 pesos acordada en octubre de 2008. Aún no han recibido una respuesta de la intendencia, y en caso de no recibirla en el futuro, no descartan iniciar un juicio.
Actualmente en la Intendencia Municipal de Montevideo, el salario mínimo que ganan los profesionales, que corresponde al escalafón 13, es de $ 32.906 por un trabajo de 8 horas. Para los funcionarios menos calificados, el sueldo base es de $ 13.902 por 8 horas. El sueldo máximo, que corresponde al grado 22, es de $ 83.728. Estos son unos pocos cargos de la máxima jerarquía administrativa, que dirigen varios servicios municipales.
Según Pablo Anzalone, del departamento de Recursos Humanos de la IMM, la mayoría de los 8.200 empleados municipales se encuentra en el nivel medio de sueldos, que rondan los $ 29.000 por trabajos de 8 horas.
Además, los funcionarios municipales reciben los beneficios del seguro de salud para ellos, sus cónyuges y sus hijos menores de 18 años, y el servicio de acompañantes y odontológico.
El 23 de octubre del año pasado, la IMM y Adeom llegaron al final de un conflicto de seis años, que estableció un ajuste salarial para todos los trabajadores hasta alcanzar el 16,5% de recuperación. Además, se fijó un aumento de $ 400 en sueldos bajos y de $ 300 en los altos, y una partida por única vez de $ 12.400 pesos para todos los funcionarios. En total, este acuerdo le costó a la intendencia US$ 20 millones.
Por otra parte, los municipales tendrán un aumento por el 100% del IPC en abril y octubre de cada año.
Sin embargo, los conflictos entre Adeom y la comuna no terminaron allí, pues un mes después cientos de funcionarios se negaron a firmar para recibir los $ 12.400, porque así se comprometían a no iniciar acciones judiciales contra la comuna. En junio de este año, Adeom se quejó de que la intendencia no cumplía con todos los aspectos del convenio de octubre.
17.000 Es el salario promedio de los funcionarios de COFE, que suman unas 34.000 personas. El mínimo es de $ 8.000.
En la Administración Central, uno de los sectores con mayor recuperación salarial en este período de gobierno fue el de Salud Pública, que estuvo por encima del 65%, dado que partieron de sueldos muy sumergidos, cercanos a los $ 6.000 nominales. Actualmente, en Salud Pública hay unos 6.000 funcionarios médicos, y el sueldo que se le paga a un especialista que trabaja 14 horas semanales es de $ 17.000 nominales. Por otro lado, un médico de emergencia que trabaja 24 horas semanales gana $ 21.000.
En tanto, los trabajadores no médicos de Salud Pública, que son unos 9.000, comienzan de un piso de $ 9.000 para trabajos de 36 horas semanales.
También dentro de la Administración Central, el sector que tiene los sueldos más altos es el de los funcionarios de la DGI. El sueldo de los funcionarios profesionales es, en promedio, de $ 50.000. Para los funcionarios no profesionales, los sueldos oscilan entre los $ 22.000 y los $ 30.000. En la DGI hay unos 1.200 funcionarios, de los cuales unos 400 son profesionales.
En tanto, en Educación Secundaria, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), acordó con el gobierno que, al final del período, se arribaría a un aumento del 35% en el salario real del sector docente. En el sector no docente, para el personal administrativo y de servicios, el aumento será del doble, entre el 65 y el 70% del salario real para enero de 2010.
Actualmente, el grado 1 de entrada a la docencia, que implica una carga de 20 horas semanales, tiene una remuneración de $ 11.000 nominales.
Según un informe de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), en los últimos 4 años, la cantidad de empleados públicos aumentó en 14.242 personas. El informe muestra que la cantidad de funcionarios aumenta de forma consistente todos los años de la administración Vázquez, hasta alcanzar los 242.920.
El mayor aumento entre 2005 y 2008 se dio en la ANEP (16,7%), luego en el INAU (16,1%), seguido por la Universidad de la República (11,2%) y por UTE (8,8%). Además, el informe señala que en las intendencias hay 1.200 funcionarios más que en 2004.
Esta semana hubo dos paros en Salud Pública por reclamos salariales a la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE).
El primero fue iniciado por la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), que representa a los funcionarios no médicos y que abarcó 72 horas, entre miércoles y viernes. El sindicato reclamaba la regularización del pago a los más de 9.000 funcionarios de ese sector, según un acuerdo firmado en abril con ASSE.
Los trabajadores cuestionan que se les equipare el "valor hora" del sexto día de la semana trabajado, ya que afirman que cobran ese día por un valor muy inferior al que reciben por los demás.
El paro de tres días generó disputas en los centros de salud entre los funcionarios y los estudiantes que intentaban ingresar a los centros.
Por otro lado, también los funcionarios médicos de Salud Pública hicieron un paro de 24 horas el viernes, porque demandan que ASSE pague la totalidad de los aumentos votados en una ley presupuestal de 2008.
Ayer, la ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz, afirmó a El País no comprender los motivos del paro porque los médicos "han cobrado todo". "No se les debe nada", puntualizó.
Sin embargo, según Daniel San Vicente, dirigente del Sindicato Médico Uruguayo (SMU), aún existen unos 2.000 de los 6.000 médicos contratados por ASSE que aún no han recibido el aumento, o que lo han recibido de forma parcial. Además, el sindicato exige que las partidas extra se entreguen de forma regular, y no aleatoria como hasta ahora.
El sector de Salud Pública tuvo el aumento salarial más importante de la Administración Central, cercano al 65%.
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