En la picota

La renuncia del presidente de Antel, Edgardo Carvalho y la de la vicepresidenta, Gladys Uranga, no pueden ser de ninguna manera el final del increíble episodio registrado en el Ente de las comunicaciones, uno de los organismos públicos más fuertes y poderosos del país.

Lo que hubo allí no fue sólo el engaño más o menos ingenioso por parte de una persona para lograr ser designada, nada menos, que como adscripto a la vicepresidencia del organismo, simplemente porque era recomendado por el prosecretario de la Presidencia, presidente de la Junta Anticorrupción y presidente del Comité de Emergencia, Jorge Vázquez, que además es hermano del Presidente de la República.

El episodio desnuda una práctica despiadada del clientelismo político y es un soberbio desmentido a la vocinglera publicidad oficial de transparencia en las designaciones y la vía del concurso como único camino para acceder a la función pública. Al impostor -hoy procesado- le bastó simplemente una teórica llamada telefónica del polifacético prosecretario para ingresar a la plantilla del Ente y pasar dos veces por Caja para cobrar sus haberes como funcionario del mismo. Tan elemental fue la estratagema armada que sólo podría sostenerse -y esa es la firme impresión- si el procesado se aprovechó de una práctica más o menos habitual en las designaciones, ajena obviamente a los concursos.

Esa impresión se acentúa cuando se observa que a principios de año, el entonces vicepresidente de Antel, Gonzalo Perera había designado en carácter de adscriptos a su secretaría a dos guardaespaldas, con el argumento de que había recibido amenazas. Meses más tarde, Perera debió presentar renuncia a su cargo y actualmente enfrenta un procesamiento por "simulación de delito". En aquel entonces, nadie se preocupó por averiguar la veracidad o no de esas amenazas, no existió denuncia policial ni judicial por las mismas, pero nadie tampoco cuestionó las designaciones o, por lo menos, sus motivos.

El barullo de Antel se suma a las investigaciones en el Hospital Maciel, cobro de peaje en Aduanas, el reparto de preservativos del MSP y las exportaciones de libros a Venezuela.