Jueza penal inicia acción por denuncia en Durazno

DURAZNO | VÍCTOR RODRÍGUEZ

La jueza penal de Durazno, María Constanza Farfalla, analiza el expediente de la denuncia presentada por la Presidencia por el manejo de los fondos de los evacuados en la inundaciones. Los implicados anuncian que demandarán al Estado.

La magistrada dijo a El País que la acción está en etapa presumarial y que en las próximas horas resolverá si pasa la documentación al fiscal o comienza la toma de declaraciones.

Los principales acusados en la denuncia de la Presidencia de la República son el ex Intendente Carmelo Vidalín, a la sazón presidente del Comité de Emergencia que recibió fondos e insumos para los damnificados, y quienes se desempeñaban como director de Hacienda de la comuna, José Pedro Rodríguez, y de Promoción Social, Domingo Rielli.

Rodríguez y Rielli investigados primero y aludidos luego ante los medios por el instructor sumariante y asesor de la Presidencia, Eduardo Sellanes, dijeron a El País que pasarán de "acusados, a acusadores" y consideran demandar al Estado. Afirman que la investigación administrativa dispuesta por el Presidente de la República el pasado mayo "está viciada de nulidad" y "viola la autonomía municipal".

Dineros. Rodríguez dijo que el Comité de Durazno manejó dineros a través de dos cuentas -pesos y dólares- en la sucursal Durazno del BROU "y no manejó ningún otro dinero".

"El dinero que llegó, el gobierno no se los entregó al Comité de Emergencia, fue a interpósitas personas e instituciones públicas y privadas que manejaron el dinero, y el comité recibió el material", explicó. "En el caso de los 60.000 dólares que el BID le entregó a la OPP para los damnificados, el gobierno nacional dispuso que fueran administrados por la ONG "El Abrojo" que compró las cinco viviendas prefabricadas. La intendencia lo único que hizo fue pagar la diferencia del IVA de canasta de material, unos 5.000 y pico de dólares", informó.

Las casas fueron ubicadas en un galpón de corralón municipal.

También se denunciaron lonas desaparecidas; "Por la embajada de Japón se recibió en el Sistema Nacional de Emergencias 50 lonas, de las cuales 20 vinieron a Durazno, que fueron estacionadas en un depósito de la Brigada Aérea II", explicó Rodríguez.

Nula. Rodríguez dijo que la investigación está viciada de nulidad porque "estos asuntos administrativos revisten, por imperio del mismo decreto, carácter reservado". Señaló que luego que "el propio instructor hace pública una cantidad de situaciones, se pierde la reserva del caso".

Considera que por un decreto del Poder Ejecutivo una investigación administrativa se puede realizar a aquellos funcionarios que dependen de Poder Ejecutivo, como los miembros de comité de emergencia, el jefe de policía, los representantes del regimiento del Ejército, de la brigada aérea, etc, "pero no el intendente y sus funcionarios".

El ex jerarca dijo que concurrió junto a Rielli a declarar en la investigación "voluntariamente, con la intención de dejar las cosas claras", explicó. "No sé donde puede radicar la grave acusación que realiza el doctor (Eduardo) Sellanes y que en virtud de ello hace la denuncia penal", agregó. Respecto a las donaciones de dineros y materiales, Rodríguez dijo que las que eran enviadas directamente al comité de Durazno venían de "muchas empresas privadas, donaciones de duraznenses en el exterior" y llegaron al comité de emergencia, que "como no tiene operarios, se vale de las instituciones que la componen". De esta manera "los funcionarios dependientes de cada uno de los representantes del comité procedían como brazo ejecutor para hacer los repartos correspondientes de esas donaciones". Agregó que otras donaciones en dinero eran enviadas por el Sistema Nacional de Emergencia a los tres departamentos afectados (Durazno, Treinta y Tres y Soriano) "por lo que el dinero que se recibía originalmente como donación, iba en tres partes para cada departamento".

Rielli, en tanto, no ocultó su enojo. "Estas cosas no las voy a tolerar, podían haber hecho la investigación, la denuncia penal, pero no poner nuestros nombres en escarnio público sin saber, porque se crea un gran manto de duda", dijo. "Si lo hicieron, si convocaron a la prensa, tendrán que hacerse responsables", dijo Rielli.

Consideró que tras la decisión de la Justicia "se podría ir contra el Estado sin ningún tipo de inconveniente" mediante "una acción penal y una acción civil de reparación".

Rielli dijo que se sintió "traicionado en la palabra" por los abogados de Presidencia y aseguró que solo él y Rodríguez fueron interrogados. "No se investigó a nadie más", afirmó.

Una jueza y dos acusados

María Constanza Farfalla

Jueza penal de Durazno

Farfalla, oriunda de Montevideo, tiene 36 años. Hace 4 años es magistrada y el 30 de junio llegó a Durazno. Comenzó en Sarandí del Yi como juez de Paz y luego como magistrada penal. Fue también jueza penal de Mercedes.

Jorge Rodríguez

Ex director de Hacienda

Es comisario inspector (retirado) y dirigente de la Lista 10 del Herrerismo. Bajo la administración Vidalín fue encargado de la Junta Local de Sarandí del Yi, auditor general de la IMD, secretario general, director del Corralón Municipal.

Domingo Rielli

Director de promoción Social.

Se desempeña en el cargo desde de la administración de Carmelo Vidalín. Es productor agropecuario y empresario de la comunicación (radio Durazno). Integra Alianza Nacional y suplantará al actual intendente cuando éste deje el cargo para postularse en 2010.