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Puertas. Sindicato da ultimátum para bajar hacinamiento
Los funcionarios del INAU amenazan con ocupar el Hogar Puertas y bloquear ingresos si el directorio no resuelve la situación de hacinamiento que se registra en ese centro, que debería ser de internación transitoria y no permanente.
La situación de hacinamiento y las condiciones "inhumanas" a que están expuestos los menores internados en el Centro de Internación Transitoria que funciona en el Hogar Puertas, motivaron el reclamo de los funcionarios del Instituto Nacional del Niño y del Adolescente (INAU). El viernes, una asamblea de funcionarios exigió al directorio del organismo que defina mañana miércoles una solución al tema o de lo contrario ocuparán el establecimiento y bloquearán los ingresos.
El Centro de Internación Transitoria fue creado a instancias del Código de la Niñez y la Adolescencia en el año 2004. El objetivo inicial de ese lugar era establecer un sitio de tránsito para evitar que los menores estuvieran más de dos horas en dependencias policiales a la espera de comparecer ante los juzgados.
La idea era que nunca estuvieran más de 48 horas en ese lugar, pues si eran procesados eran trasladados a otro centro de reclusión, y si no quedaban libres. Pero en los hechos, el Hogar Puertas sigue albergando a menores infractores hasta sobrepasar su capacidad.
El secretario general del sindicato de funcionarios del INAU, Carlos Salaberry, explicó que "por falta de plazas, se autorizó el ingreso transitorio de un grupo que poco a poco fue aumentando, por lo que dos piezas se transformaron para permanencia de los internos cautelares y de los transitorios".
El funcionario agregó que "a veces" la capacidad del establecimiento "llega a más de 40 gurises entre cautelares y transitorios" y destacó además que el lugar "no tiene una infraestructura pensada para la permanencia, porque el centro tiene solamente un baño y no tiene patio".
El reclamo del sindicato es que el Puertas vuelva a ser un lugar de tránsito.
Los funcionarios denunciaron asimismo que en el lugar han habido varios episodios de violencia e intentos de fuga. El último tuvo lugar el viernes, justamente cuando los funcionarios se encontraban en la asamblea.
PLAZO. El viernes hubo una asamblea en la que participaron autoridades del INAU. Allí se evaluó el contexto y se comprobó que se está dando una situación de privación de libertad "absolutamente inhumana en piezas de tres por cuatro metros sin luz natural ni ventilación", describió Salaberry.
En la asamblea se planteó que se instrumentara alguna solución sustentable en el tiempo -una medida de fondo- que no implique trasladar diez internos, sino buscar alternativas para que no se llegue a esa situación de hacinamiento, agregó el dirigente sindical.
"Si el miércoles las autoridades dan alguna propuesta que entendamos viable, queda por esa. Pero si entendemos que no hay una respuesta favorable, la propuesta que hay es ocupar y bloquear el ingreso al Centro de Internación Transitoria", afirmó Salaberry.
LLAMADO. El integrante del directorio del INAU, Jorge Ferrando, dijo a El País que se "está trabajando con vistas a encontrar alguna alternativa" y destacó en ese sentido que se está procesando un llamado para 100 funcionarios con contrato a término hasta el 31 de diciembre. "Esto permitirá reforzar algunos centros y abrir otros".
El juez de Menores Washington Balliva formó un expediente separado para indagar la denuncia presentada la semana pasada por Silvia Fernández, madre de un interno de la Colonia Berro, quien alertó que los jóvenes se fugan del centro para concurrir a comprar drogas a la localidad de Suárez, para luego regresar al hogar donde están alojados.
A raíz de la denuncia presentada, el magistrado Balliva resolvió iniciar una investigación sobre esos hechos, la cual será enviada en los próximos días a uno de los jueces penales de Pando, quienes tienen jurisdicción para indagar los hechos que ocurren en la Colonia Berro, dijeron fuentes judiciales a El País.
Según Fernández, los internos "se dirigen a Suárez, venden su propia ropa o de los internos más nuevos, y compran drogas. Van y vuelven a las dos horas. Los funcionarios no se dan cuenta o hacen la vista gorda", había dicho la mujer a El País hace dos semanas. Actualmente, la Justicia Penal de Pando tramita 22 expedientes por presuntas irregularidades en la Colonia Berro.
Desde el sindicato de trabajadores del centro, se afirmó que la denuncia planteada por Fernández "es un disparate", según dijo la presidenta de la Mesa Intersindical de Trabajadores de la Colonia Berro, Claudia Montenegro. "Se fugan y jamás vuelven", afirmó.
Hace unas semanas la Justicia falló a favor de los funcionarios que tenían una denuncia por "desacato", tras la decisión gremial tomada en febrero de este años de aplicar una medida de "cupo" en distintos hogares. La fiscal del caso concluyó que los trabajadores no tuvieron "voluntad o intención" de desobedecer órdenes judiciales, sino que el objetivo era lograr que las autoridades aceptaran sus reivindicaciones sin tener que "ceder o abdicar sus reclamos".
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