Piden control en actuación de funcionarios públicos

EDUARDO DELGADO

Un decreto del año 2003 regula la actuación de los funcionarios públicos. Incluye el correcto uso de los teléfonos fijos, celulares y locomoción estatal. La Junta Anticorrupción difunde la normativa para que se hagan los controles en cada organismo.

Adolfo Pérez Piera, presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública -más conocida como Junta Anticorrupción- dijo a El País que el decreto menciona "tipos de faltas muy vinculadas a cada oficina, por lo que es muy difícil que haya una instancia que pueda controlar a toda la administración". "Son faltas que se cometen en cada dependencia y propias de la responsabilidad del jerarca respectivo", añadió.

Por ello destacó que "cada jerarca debería conocer bien el decreto y aplicarlo" y a esa tarea el organismo que preside le dedica buena parte de su trabajo. El texto del propio decreto ordena a la Junta su difusión, explicó Pérez Piera.

El viernes 21 de agosto, la Junta Anticorrupción realizó un taller con funcionarios de las intendencias y las Juntas Departamentales para difundir la normativa vigente y el rol de los agentes públicos en su cumplimiento. El evento buscó capacitar instructores, que a su vez reproduzcan esta línea de trabajo en la interna de sus propios organismos. La mayoría de los concurrentes fueron abogados de las comunas y los deliberativos departamentales.

Por su parte, la directora de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), Cecilia Menéndez Lutar coincidió con Pérez Piera en que "corresponde a cada jerarca el poder disciplinario de los funcionarios de su dependencia (al ministro en los ministerios, a los directores en los entes)". La jerarca afirmó a El País que la ONSC "solo interviene a través de la Comisión Nacional, cuando dicho jerarca propone la destitución del funcionario, a los efectos de controlar la legalidad del trámite".

En caso de que se presuma una infracción a las normas contenidas en el decreto, el jerarca de la oficina afectada puede consultar a la Junta Anticorrupción para que lo asesore.

El decreto. "Normas de Conducta en la Función Pública", se llama el decreto que rige desde el 23 de enero de 2003. Entre otras medidas, exige la adopción de disposiciones tendientes a la prevención de conflictos de intereses, asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos y bienes asignados a los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones.

El decreto prohíbe a los funcionarios públicos con cometidos de dirección superior, inspectivos o asesoramiento ser socios, directores o consultores de personas físicas o privadas sujetas al control de las oficinas de las que ellos dependen.

Además, señala que no podrán aceptar ni solicitar beneficios para acelerar o retardar un acto vinculado con su tarea. A su vez, prohíbe a los funcionarios públicos realizar llamadas a larga distancia mediante teléfonos fijos o celulares oficiales.

Pérez Piera: dijo que se trata de "faltas" que deben ser analizadas en cada dependencia.