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El fiscal de Corte habló con El País sobre la propuesta de reforma del Código del Proceso Penal (CPP) que fue terminada recientemente y que impulsa la creación de un sistema oral, acusatorio y que se desarrolle mediante audiencias públicas. Opinó que implicará un "importante cambio de cabeza" para los fiscales, quienes pasarán a ser los responsables de dirigir las investigaciones para presentarle las pruebas a los jueces. Dijo que no sólo deberá registrarse un "cambio cultural" en los operadores judiciales sino en la población en general, ya que el nuevo sistema apunta a evitar la prisión preventiva y que los acusados sean encarcelados sin ser condenados.
Pablo Melendrez
-¿Cuál es su visión sobre el actual sistema penal?
-Es un proceso de carácter inquisitivo, que le da facultades al juez para investigar y ordenar las medidas probatorias. A su vez, el mismo juez es quien resuelve sobre la situación del indagado. Eso no es bueno porque se contamina el proceso, porque el mismo juez investiga y también resuelve. A eso se suma que los fiscales trabajan a la par del juez, y muchas veces cumplen funciones similares, y por eso los defensores suelen decir que tienen que pelear en una relación de dos a uno.
-La reforma proyectada deriva a los fiscales la responsabilidad de llevar adelante las investigaciones. ¿Eso deberá implicar un cambio en la mentalidad de los fiscales?
-Sin duda, es un gran desafío para el Ministerio Público que implicará un cambio de cabeza para los fiscales, como ocurrió en todos los países de América en los cuales se cambió el proceso penal. Según el proyecto, los reportes sobre delitos o denuncias se le van a dar a los fiscales, quienes se deberán poner en contacto con la Policía para dirigir las investigaciones para procurar la prueba y así armar el caso para presentarlo al juez.
-¿El sistema actual no ofrece todas las garantías que debería a las indagados?
-No sé si es poco garantista. Creo que dentro de las carencias que tiene el actual CPP, me consta que los jueces penales de Montevideo y del interior trabajan en tiempos muy cortos, porque una persona puede estar detenida solo 48 horas, en las que tiene que decidir si procesa, archiva el caso o sigue la investigación con el individuo en libertad. Eso, en grandes investigaciones -principalmente en casos de delitos económicos, grandes estafas, maniobras de lavado de activos o narcotráfico- es complicado y creo que ahí un sistema acusatorio es más garantista, pone en pie de igualdad a las defensas y al fiscal ante las nuevas técnicas de investigación.
-¿Se debería ampliar el plazo de detención preliminar de 48 horas?
-En algunos casos, sería una buena medida. No sé a cuánto se podría elevar, pero 48 horas a veces es un tiempo muy escaso. Por ejemplo, en Argentina tienen hasta casi diez días, y en otros países tienen un plazo de 72 horas, lo cual brinda un mayor margen. Pero este aspecto tiene vinculación con la modificación del CPP, sino que se tendría que llevar se adelante mediante una reforma constitucional.
-Según la reforma del CPP que se impulsa, mayoritariamente se dispondrá la prisión en el momento de la condena, ya que se busca dejar de lado la prisión preventiva.
-Sí, el sistema acusatorio va a permitir eso. La población se tendrá que acostumbrar a que de repente un individuo al que mucha gente lo ve como culpable, declara en una o dos audiencias y pasan los días e incluso puede ser procesado y sigue en libertad, porque recién irá a la cárcel en el momento de la condena.
-¿Ese cambio puede generar resistencia en la población, en el marco de una situación en la que hay preocupación por la seguridad pública?
-La prisión preventiva será resuelta por el juez y el fiscal, aunque el proyecto lo prevé como excepción y no como la regla general. Implica un cambio cultural. Hoy hay casos de múltiples delitos que salen de la cárcel en tres o cuatro meses, pero con un sistema acusatorio se podría dar a la inversa, porque si bien la persona no es recluida enseguida, va a la cárcel al momento de la condena, que puede ser, eventualmente, de mucho más tiempo
-Ahora, quizás en la percepción del ciudadano el hecho de la prisión preventiva le brinda mayor seguridad...
-Sí, pero después se queja porque a los dos o tres meses está afuera, así que se requiere un cambio de cabeza de todos: operadores judiciales y la población en general.
-¿La reforma del CPP debería ser una prioridad para el próximo gobierno?
-No sé si una prioridad, pero me parece que es una de las deudas que Uruguay tiene como país, porque así lo está reclamando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque se están produciendo procesamientos con prisión que terminan siendo una condena por adelantado. Por eso, sería el momento de ponernos a la altura del resto de los países de Sudamérica y adoptar el proceso acusatorio.
-¿Cree que lo vinculado con el gasto que requerirá puede ser un impedimento para aprobar el proyecto?
-Más que un gasto es una inversión, y en ese sentido será necesario dotar al Ministerio Público de una infraestructura distinta. Pero creo que eso no será un impedimento para que entre en vigencia el Código. Por ejemplo, no es necesario disponer nuevos cargos de fiscales, sino que es posible crear puestos de asesores letrados o fiscales adjuntos, que tienen una menor significación económica menor.
-En el último tiempo el Ministerio de Educación y Cultura ha tardado varios meses en promulgar las propuestas para designación, traslado y ascenso de fiscales. ¿Ese aspecto puede afectar el funcionamiento de las Fiscalías tomando en cuenta que con el nuevo CPP tendrá una mayor cantidad de trabajo?
-Con un sistema acusatorio, no se puede demorar varios meses en proveer los cargos, porque en un proceso con juicios orales y públicos, no se puede decir que una Fiscalía está vacante porque hace cinco o seis meses que se hizo una propuesta al Ministerio de Educación y Cultura y todavía no se resolvió. De aprobarse el nuevo CPP, las propuestas elevadas al Ministerio tienen que resolverse de un día para otro, porque tiene que haber siempre un fiscal para actuar en cada uno de los casos.
Nombre:
Rafael Ubiría
Nació:
Montevideo
Edad:
51 años
Otros datos:
tiene una hija de 21 años y un hijo de 17 años.
Tras recibirse de abogado, ingresó al Ministerio Público y Fiscal en febrero de 1990. Sus primeros cargos fueron como secretario letrado y luego como fiscal adjunto en las Fiscalías Penales de 1° y 6° Turno de Montevideo. Luego fue designado fiscal letrado. Ejerció en Cerro Largo, Maldonado y Pando. En 1998 fue nombrado fiscal nacional en Montevideo, y en marzo de 2007 fue designado fiscal de Corte. Siendo estudiante, jugó al fútbol en la Liga Universitaria en el Carrasco Polo. Es hincha fanático de Nacional.
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