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Cuando se informa que la Intendencia Municipal de Montevideo ha llamado a licitación para erradicar cien basurales endémicos de la cuenca del arroyo Carrasco, dentro del marco de mejoras previstas para dicha zona, cabe preguntarse por qué ese gobierno departamental no llevó a cabo tales medidas anteriormente. Podría aducirse -con cierta ironía- que en este terreno de obras públicas, como en cualquier otro, más vale tarde que nunca, pero sin embargo llama la atención el sorprendente número de basurales que se pretende erradicar y el hecho igualmente llamativo de que hasta ahora la Intendencia haya postergado esa indispensable solución, que es una de sus obligaciones. Sería malicioso suponer que finalmente lo hace porque el país se acerca a las elecciones nacionales, luego de las cuales vendrán las municipales. Pero hablando de malicia, y como dicen los italianos, "se non é vero, é ben trovato".
Cien basurales en un área pequeña sobre los bordes del Departamento de Montevideo, constituyen un foco de contaminación nada despreciable, además de convertirse en un factor de degradación del paisaje o en un peligro para la salud pública que nadie puede discutir, y menos que nadie un intendente que proviene de un medio académico donde disfruta de reconocido prestigio. Imaginar esos vaciaderos de basura aunque no se los conozca directamente, y pensar en que la actual administración municipal ha estado en ejercicio de sus funciones desde el año 2005 sin que se haya actuado sobre los problemas del arroyo Carrasco, es la mejor demostración de la inoperancia burocrática de ese organismo hipertrofiado, que mantiene a 8.000 funcionarios en óptimas condiciones salariales, pero no parece dispuesto a solucionar con la debida presteza los problemas vinculados a la marginalidad montevideana, que entre otros males igualmente pendientes (las veredas rotas, los árboles muertos, el alumbrado público insuficiente, los semáforos faltantes, las calles averiadas, la anarquía en el tránsito o los patéticos carros hurgadores que le resuelven la incapacidad de levantar toda la basura de la capital), integran un cuadro de ineficiencia a veces abrumador y a menudo inconfesable.
Lo que ocurre es que esa inoperante gestión municipal está demasiado ocupada en liquidar los haberes de su masa funcionarial, cuyos sueldos deben ajustarse de acuerdo al 100% del IPC, según impone el convenio firmado por la Intendencia con Adeom hace casi siete años, un acto que se consumó sin medir las brutales consecuencias que luego tendría para las finanzas comunales. Ahora es muy bonito leer que la IMM seleccionará a quince jóvenes (habitantes de la cuenca del arroyo) para realizar las tareas de limpieza, arreglar las veredas, colocar cartelería y mejorar las áreas verdes, recibiendo un salario a cambio de tales faenas. Otros jóvenes formarán un grupo encargado de hacer campaña en la zona "para promover hábitos saludables, ayudando a mantener un ambiente libre de basura".
Una vez leído lo que antecede, y superada la sorpresa inicial ante el luminoso futuro que se abre para la gente de aquella zona, queda en pie la sensación de que la Intendencia deberá empuñar su varita mágica para que una comunidad periférica que ha sobrevivido hasta hoy sumergida entre cien basurales, se transforme en un medio humano ejemplar, dispuesto a cuidar veredas, salud colectiva, limpieza ambiental y áreas verdes. Con una aspiración humanitaria y un espíritu social que constan en el papel -aunque es más difícil que pasen de allí a la realidad- la Intendencia exhibe sus buenas intenciones hablando de capacitación para los jóvenes que integrarán las cuadrillas, de tomar en cuenta la equidad de género y de no olvidar a los muchachos con discapacidades. Claro que para cumplir esos planes, deberá recurrirse a una subvención otorgada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a pesar de que la IMM goza como es público y notorio de una enorme capacidad recaudadora.
En lugar de maquillar con palabras -y no respaldar con hechos- lo que todavía sigue pendiente, sería útil que la Intendencia se ocupara por ejemplo de comunidades desvalidas en otros puntos del Departamento, como los vecinos del barrio La Carbonera, cerca de Colón, porque esa gente tiene que caminar más de un kilómetro cuando va a tomar un ómnibus en la parada más cercana. "La respuesta a los reclamos de los vecinos se ha demorado" reconoce un informe reciente sobre esa situación tan penosa. Pero no sólo eso se demoró.
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