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Alegó aspectos formales para no dar curso al expediente
La fiscal penal Raquel González desestimó la denuncia por difamación e injurias presentada en junio por el gremio de trabajadores del INAU contra la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, como consecuencia de que la secretaria de Estado, en declaraciones a la prensa, acusara a los trabajadores de tener vinculación con los motines en la Colonia Berro.
La representante del Ministerio Público, en un dictamen enviado a la jueza Fanny Canessa, opinó que la denuncia no puede ser tramitada ya que el gremio de trabajadores no adjuntó toda la documentación que legitima su derecho a impulsar la acción, dijo a El País el abogado del sindicato de trabajadores, Juan Williman.
La Fiscalía entendió que el sindicato debió presentar junto con la denuncia, copia de las actas de las últimas elecciones en el sindicato, en las que fueron reelectos en sus cargos el presidente del gremio, Joselo López y el secretario general, Carlos Salaberry.
"La fiscal planteo que falta legitimación porque no se agregó la copia del acta de las últimas elecciones en el sindicato. Es un tema absolutamente formal", dijo el abogado, quien aclaró que si la gremial mantiene su intención de llevar a juicio a Arismendi, es un aspecto que jurídicamente se puede subsanar.
OPINIÓN. "Por más que sean infractores, los adolescentes no pueden ser tomados de rehenes. Esa es la opinión que tuvimos cuando aplicamos la esencialidad en el INAU y es la misma que tenemos ahora", dijo la ministra el 10 de junio en declaraciones a la prensa.
Esos comentarios, en los que Arismendi dejó entrever una posible connivencia de los trabajadores de la Colonia Berro con las situaciones de fugas y motines que tienen lugar asiduamente en ese centro, motivaron la inmediata reacción del sindicato, que reclamó a la secretaria de Estado que se retractara. A partir de las expresiones de Arismendi, se tensó la relación con el gremio de trabajadores. Incluso, como respuesta, el sindicato realizó dos días más tarde una manifestación contra la secretaria de Estado en el hall del Ministerio de Desarrollo Social.
Luego, Arismendi recibió a una delegación de trabajadores. En esa instancia se registró una discusión, luego de la cual la ministra se negó a rectificar sus comentarios.
El INAU dispuso en todo el 2008 el inicio de 30 sumarios administrativos a funcionarios que prestan funciones en los centros de internación de menores infractores como consecuencia de la constatación de diversas irregularidades. Además, desde principios de este año, el organismo inició otras 20 indagatorias internas por situaciones de este tipo, según información que divulgó el INAU recientemente. Si bien la mayoría de los casos son relativos a hechos de 2008, otros hacen referencia a hechos de 2007.
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