Salto: Reclamo al MSP por ex empleados del Casmu

Salto - Luis Pérez

A pocos días de vencerse el seguro por desempleo para los empleados de la cerrada sede del Casmu en Salto, 17 personas aguardan por un puesto de trabajo en medio de gestiones con los sectores de la salud pública y privada.

De las 46 personas -entre cargos técnicos, de enfermería y administrativos- que integraban la plantilla del Casmu en Salto, que cerró su sede el 9 de mayo, 13 fueron absorbidos por la otra institución privada local, entre ellas quien ejerció la dirección del clausurado centro asistencial y la presidencia del sindicato de funcionarios, Lidia Figueira, actualmente subdirectora del Centro Departamental de Salud Pública. Figueira es una militante activa del sector frenteamplista MPP en Salto.

Los funcionarios hoy desocupados y sin otro ingreso económico, critican la actuación del sindicato en las negociaciones llevadas a cabo después de la decisión de Casmu de cerrar sus actividades en Salto, departamento en el que contaba con 4.600 socios.

María Inés Fernández, una de las ex funcionarias hoy desocupadas, dijo que el 28 de abril, cuando se venían dando los pasos para cerrar la sucursal local, Figueira resolvió expulsar a los periodistas que cubrían la información, "por entender que no debía trascender que algunos trabajadores, en su mayoría dirigentes sindicales, se habían asegurado su futuro laboral". Fernández sostuvo que de las 46 personas que quedaron sin trabajo, "13 están trabajando hoy en el Centro Médico y del resto hay 17 que no conseguimos nada".

El cierre de la sucursal Salto del Casmu fue anunciado a sus trabajadores a principios de abril y se concretó el 9 de mayo.

El tesorero del Casmu, Raúl Rodríguez, dijo entonces a El País que el caso de Salto es un "cierre programado", parte de una política de la institución de "búsqueda de la eficiencia" y anunció que también cerrarán las sedes de la mutualista en el interior que no tengan un equilibrio económico. Antes de la Salto, habían cerrado las sucursales en Rivera y Bella Unión.

MEDIACIÓN. En el ámbito político, el diputado nacionalista Rodrigo Goñi se dirigió a la ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz, informándole cómo se había manejado el tema y le reclamó que el Hospital Regional de Salto absorba a algunos de esos desocupados.

Goñi planteó a Muñoz que entre el grupo de personas que ingresaron a la mutual privada después el cierre del Casmu, hay socios de empresas privadas que brindan servicios de salud y/o emergencias, "y uno en especial porque es nada menos que la subjefe del Centro Regional de Salud en Salto".

Según Goñi, no se ha apelado "al más mínimo" criterio de justicia en la confección de la lista que se "impuso" a la mutualista privada para que los contratara.

De los 4.600 socios que atendía el Casmu en Salto, 3.000 se pasaron a la Sociedad Médico Quirúrgica local y el resto a Salud Pública.