En Paso Molino no quieren la nueva cárcel de mujeres

VIVIANA RUGGIERO

Vecinos de Paso Molino solicitaron al ministro del Interior, Jorge Bruni, y a la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, que se suspenda la instalación del centro de reclusión proyectado en el barrio para 30 mujeres presas, con hijos.

Los vecinos entienden que tener una cárcel en medio del barrio tendrá un fuerte impacto social y económico, además de perturbar la seguridad.

Por esta razón, el 12 de agosto enviaron una carta con 157 firmas al Ministerio de Desarrollo Social (Mides), al Ministerio del Interior, a la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, a la Junta Departamental y a la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM).

Además, aprovechando el feriado, convocaron para hoy a una concentración en las puertas del lugar ubicado en Vicente Basagoity 4082 y 4088, donde anteriormente funcionaba "El Molino", un hotel de alta rotatividad.

Los vecinos sostienen que una vez enterados del proyecto concurrieron al Mides para pedir información y no obtuvieron respuesta.

Pocos días después se concretó la firma del convenio entre ambos ministerios.

Daniel Rossi, integrante de la Comisión de Vecinos aseguró a El País que el Mides "se lavó la manos" y que desde un principio esquivó el tema.

Rossi aseguró que en el vecindario se ve con buenos ojos que el Estado busque a través de proyectos la rehabilitación de presos, pero no en un barrio densamente poblado con centros educativos, sociales, deportivos y comerciales. "No es que se hizo la cárcel y después se fue poblando alrededor. Existen una veintena de casas que tienen comunicación con el predio, ya sea lateralmente o por los fondos y simplemente un muro va a dividir sus propiedades del futuro centro de reclusión", agregó.

Todos los propietarios de la zona son conscientes que sus casas se van a desvalorizar e incluso alguno de ellos pensó en mudarse si se concreta el proyecto. Marianela Libonatti, también integrante de la comisión, comentó a El País que siempre vivió en el barrio pero que el año pasado se mudó a metros del predio. Libonatti reconoció que de haber sabido del proyecto no hubiera concretado la compra de su nueva casa.

Otro de los puntos que preocupa en el Paso Molino es que las mujeres que se alojen en este centro contarán con visitas dos días a la semana y la zona se verá frecuentada a menudo por personas extrañas al vecindario. "Las visitas y los guardias armados no ofrecen garantías y, por el contrario, generan incertidumbre", aseguró Rossi.

Asimismo, son conscientes que el predio pasa a ser administrado por el Ministerio del Interior por lo cual en un futuro el local puede ser destinado para presos de otro nivel de peligrosidad.

RESPUESTAS. El Ministerio del Interior designó a la asistente social Cristina Cappi para que funcione de intermediaria en este tema. La primera reunión con los vecinos se realizó en la Seccional 19ª y fue una puesta a punto de la situación ya que la funcionaria no estaba al tanto del caso, según los vecinos.

Además, días atrás la directora de la Cárcel de Cabildo, Margarita Hermida, se acercó al barrio y explicó los detalles del proyecto. Libonatti reconoció que "parece muy saludable" pero que de todas formas no es lindo convivir con un centro de reclusión.

NIÑOS "EN PRISIÓN". Según datos de la "Mesa de Trabajo sobre las condiciones de las mujeres privadas de libertad", establecida en 2006, había entonces 370 mujeres en el sistema penitenciario y 33 niños y niñas alojados con ellas, de los cuales 16 estaban en Cabildo y 17 distribuidos en distintas cárceles del Interior. Entonces, las mujeres eran 5,6% de una población carcelaria integrada por 6.638 personas. Actualmente la población reclusa ascendió a 8.200 personas de las cuales 7,5% son mujeres, según informó Bruni. Según la legislación, las mujeres privadas de libertad con hijos menores de cuatro años pueden tenerlos consigo en el establecimiento. En casos especiales, se puede extender.

También hubo quejas por cárcel de Punta de Rieles

Los vecinos de Punta de Rieles tuvieron una reacción similar cuando se conoció el proyecto de transformar la Escuela de Suboficiales del Ejército en cárcel para albergar reclusos primarios. Vecinos y organizaciones sociales enviaron una carta al presidente Tabaré Vázquez y a los ministros Daisy Tourné (Interior) y José Bayardi (Defensa) calificando de "inapropiada" la propuesta. La misiva señala que la creación de la nueva cárcel no es una solución para el hacinamiento de presos. "Lejos de resolver el problema de las inhumanas condiciones en la que hoy se encuentran los presos se generaría un agravamiento de las condiciones sociales de la zona. Esta es una zona ya victimizada", advertía. Los reclamos que hacían son similares a los que hoy se plantean en Paso Molino. Además, rescataban el valor histórico del edificio.

"La memoria tiene sitios simbólicos concretos donde se expresa. Este es uno de ellos y el único que representa la lucha de las mujeres por justicia social", concluía.