Código, clima y hombres

Leonardo Guzmán

Reprendido el Uruguay desde la OEA por no reformar el Código del Proceso Penal para que no haya más encausados sin sentencia vegetando lustros en la cárcel, la conciencia nacional debe conmoverse y actuar.

No es un país cualquiera el amenazado de sanción. Es el Uruguay de Artigas, que ya en las Instrucciones entrelazó la independencia con las garantías institucionales. Es el Uruguay donde hasta el menos leído sabe que el detenido en 24 horas pasa a Juez. Es el Uruguay con tradición. Por eso, sentarnos en el banquillo de los acusados nos abochorna.

Sí: nuestro proceso penal demanda acelerar las sentencias y más. Hay que hacerles lugar en él a denunciantes, víctimas y deudos, en vez de dejarlos afuera como a Don Nadie. Hay que terminar con los presumarios donde no se apunta a nada, pero se mantiene en vilo a los indagados. Hay que volver a que el Juez que procesa y manda a la cárcel no sea el mismo que dicta sentencia. Y mucho más. Por lo cual habrá que esperar la aparición -debimos escribir parición- del aplazado proyecto de Código para evaluar qué resuelve. Será tarea de todos: el proceso penal no es tema para pocos: es cuestión de principios atinentes a la persona, fundamento de nuestro sistema institucional.

Pero no nos engañemos: el proceso penal cayó en el marasmo, especialmente en Montevideo, a partir de la concentración en una sola cabeza de la misión de indagar y la de juzgar y a partir de que una sola oficina sirve a tres Jueces simultáneamente. El resto no es cuestión de las normas sino del horizonte de comprensión de los hombres, que forman clima y dan contexto.

Con un Código de Instrucción Criminal vetusto -1878-, el talento del Profesor Raúl Moretti allá por 1945 llenó lagunas a punta de lógica y logró construir un sistema riguroso que por capilaridad inspiraba cada acto del proceso en los viejos Juzgados de la calle Canelones. La agilidad no era obligación sino una inspiración que se obedecía sin sentir.

Recuerdo haber denunciado una estafa que surgía de una maraña inextricable de documentos. Al otro día fui a preguntar. El actuario Humberto Pou me llamó: "Ya el Juez los mandó detener. Me dio los papeles, los estudié anoche en casa y nos pareció más que suficiente para traerlos ya."

Recuerdo una libertad que quedó incumplida un viernes porque el encargado de hacer la ronda omitió llevar el oficio a Cárcel Central. Familia modesta, recién se quejó el sábado. Llamé al actuario Ricardo Marquizo, que estaba almorzando en su casa. "¿Cómo no se cumplió. Vaya en una hora a la Cárcel." Cuando llegué me topé con Marquizo en persona: había ido al Juzgado y hecho otro oficio: "No me agradezca: un hombre no debe quedar preso ni una hora demás."

Recuerdo a Manuel Díaz Romeu, yendo a la 1 de la mañana a imponer el cumplimiento de una libertad que él había dispuesto y se incumplía por pretextos formales.

Para ninguno de esos casos había normas. Había principios adentrados. Los inolvidables que nombré no eran la excepción, como hoy lo son los hombres que luchan por no reducirse a "operadores del sistema" y conservan nervio para hacer del proceso un escenario sustancial, y no un tatetí de trámites bostezantes labrados en actas peleadas con la ortografía.

Si queremos un proceso penal que garantice a todos, lo que deberemos menear no es sólo un nuevo Código sino -¡manes de Antonio M. Grompone!- el concepto mismo desde el cual se lee y vive el Derecho.