Apelarán fallo de tragedia Cromañón

Buenos Aires | El fiscal del juicio por la tragedia del boliche Cromañón, Jorge López Lecube, adelantó ayer que apelará el fallo que el miércoles condenó al gerenciador del local, Omar Chabán, a 20 años de prisión y absolvió a los integrantes del grupo Callejeros, que tocaba en el momento del incendio que costó la vida a 194 personas la trágica noche del 30 de diciembre de 2004. En cambio, su ex representante, Diego Argañaraz, fue condenado a 18 años de prisión.

Lecube dijo que "lo que se sostiene en el fallo es que el dominio del hecho era distinto respecto de Argañaraz que junto con Chabán tenían la posibilidad de suspender el recital, no así los integrantes de la banda". Para el fiscal, los músicos y el gerenciador del boliche "tenían el mismo nivel de responsabilidad" ya que "habían reconocido que había una suerte horizontalidad y que las decisiones se tomaban en conjunto".

Roberto Bois, abogado de Argañaraz, dijo que apelará ante casación la pena impuesta a su defendido.

CRÍTICAS. El abogado Marcelo Parrilli, que representaba a 40 familiares de víctimas, adelantó que apelará la sentencia dictada a los funcionarios públicos acusados en la causa. La ex subsecretaria de Control Comunal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Fabiana Fiszbin, fue condenada a la pena de 2 años de prisión por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. La misma pena recibió Ana María Fernández, ex directora de Fiscalización y Control.

"Nosotros tenemos pensado apelar esta resolución, creemos que el punto central es la eximición de responsabilidad con relación a los funcionarios públicos involucrados en Cromañón", dijo a radio América, y agregó que la eximición comenzó con "un sobreseimiento bastante precoz" del ex Jefe de gobierno Aníbal Ibarra por parte de la juez de Instrucción María Angélica Crotto y termina con "las dos leves condenas y la absolución para un tercero". Parrilli criticó al fiscal por acusar a los integrantes de Callejeros y a los ex integrantes del gobierno porteño sólo atribuirles el incumplimiento de los deberes de funcionario. La Nación / GDA