Fiscal absolvió a funcionarios y cuestionó demora del inau

El INAU es el responsable final de que se cumplan las órdenes de los jueces de internar a los menores, más allá de las medidas sindicales de sus funcionarios. Eso es lo que sostiene el juez para archivar una denuncia contra 30 funcionarios.

De todas maneras, el juez especializado en crimen organizado Jorge Díaz y la fiscal Mónica Ferrero, consideraron que no es posible atribuirle responsabilidad judicial a los jerarcas del organismo, ya que se probó que tampoco quisieron desobedecer el mandato de la Justicia de Menores de internar a los jóvenes en los hogares Puertas y Desafío.

La denuncia por "desacato" contra 30 funcionarios de esos centros, había sido presentada por el juez de Menores Hugo Morales, quien consideró ilegal la decisión gremial de aplicar la medida de "cupo" en los hogares, lo que derivó en que en el pasado mes de febrero un grupo de adolescentes permaneciera varios días alojados en seccionales policiales, lo cual está prohibido por el Código de la Niñez y la Adolescencia.

"No se cometió el delito de desacato por parte de los funcionarios involucrados en tanto y en cuanto en el marco de la medida gremial, las autoridades del INAU estaban en conocimiento de cuál iba a ser la conducta a desplegar por los mismos si no daban las condiciones que exigían", sostuvo la fiscal en el dictamen en el cual pidió el archivo del expediente al juez Díaz.

La fiscal concluyó que los trabajadores no tuvieron "voluntad o intención" de desobedecer órdenes judiciales, sino que tenían como objetivo lograr que las autoridades aceptaran sus reivindicaciones sin tener que "ceder o abdicar sus reclamos, sino por el contrario, lograr su propósito".

Según Ferrero, como el gremio de funcionarios informó al Directorio del INAU que en reclamo de mejores condiciones de trabajo no permitiría ingresos a los centros Puertas y Desafío, eso generó que las autoridades fueran las responsables de buscar una solución que permitiera el normal cumplimiento de las decisiones de la Justicia de Menores.

"Las medidas debieron entonces tomarlas las autoridades del INAU para evitar la ocurrencia de las conductas ilegítimas que aquellos (los funcionarios) propiciaban hacer valer si no obtenían una respuesta de sus planteos", expresó la fiscal Ferrero en su dictamen presentado ante el juez Díaz.

"Tampoco hubo omisión contumacial de los deberes del cargo, puesto que los funcionarios cumplieron sus funciones, y cuando no dieron curso a la orden judicial, lo hicieron amparados en una medida gremial, que los jerarcas conocían iba a ocurrir pero que no impidieron a tiempo", dijo la integrante del Ministerio Público.

"En consecuencia, la conducta gremialista desplazó la obligación a los jerarcas, pero estos si bien no tomaron una medida drástica sino paulatina, no por ello tenían una voluntad manifiesta de desobedecer la orden judicial...", añadió la fiscal en cuanto a que las autoridades del INAU tampoco pueden ser sancionadas penalmente por lo ocurrido.

ÚNICA FORMA. Al respecto, Ferrero entendió que los jerarcas del organismo "no actuaron a tiempo" pero "buscaron soluciones, aunque quizás lo más adecuado hubiera sido que comparecieran ante la autoridad judicial y explicaran el alcance de la medida gremial adoptada...", sostuvo la Fiscalía.

Agregó que la "única forma" que tuvo el Directorio del INAU para terminar con el conflicto era declarar esencial el servicio de reclusión de menores.

Sin embargo, esa medida no fue tomada por las autoridades en ese momento, y sí fue impulsada por el nuevo Directorio que encabeza Nora Castro, quien a raíz de este conflicto y por decisión del presidente Tabaré Vázquez, sustituyó a Víctor Giorgi en el cargo.

LEGITIMADOS. Por otro lado, para considerar que no existió responsabilidad de parte de los funcionarios, la fiscal tomó en cuenta que el INAU no inició una investigación administrativa ni presentó una denuncia penal ante la acción sindical de los trabajadores. Eso lleva, según la fiscal, a que "en cierta forma, hubo una legitimación de la medida gremial" por parte del organismo.

En tal sentido, recordó que en 2008, ante una situación similar registrada en la Colonia Berro, el INAU presentó una denuncia ante la Justicia Penal de Pando, causa que también terminó siendo archivada por el juez actuante.

BENEPLÁCITO. El presidente del sindicato de funcionarios del INAU, Joselo López, dijo ayer a El País que el gremio tomó con "beneplácito" la decisión de la Justicia de archivar el expediente que involucraba a 30 trabajadores que habían sido denunciados por el magistrado Morales.

Según el dirigente sindical, la decisión judicial es "un respaldo a las medidas que ha tomado el sindicato, que siempre han sido resueltas en forma seria". No obstante, admitió que cuando por situaciones de este tipo los trabajadores deben comparecer antela Justicia, se genera una "sensación incómoda".

López aclaró, sin embargo, que el gremio no considera el archivo del expediente como una vía libre para tomar medidas de lucha en cualquier caso, "sino que lo haremos únicamente cuando lo entendamos necesario". López señaló que actualmente la medida de "cupo" no está siendo aplicada en ningún centro de internación, ya que ese fue el acuerdo que el gremio alcanzó con el INAU para levantar la declaración de esencialidad que rigió solamente durante 24 horas en el pasado mes de mayo.

Una delegación del sindicato del INAU fue ayer al Parlamento por este tema. (ver nota en esta página).

En tanto, el director del INAU, Jorge Ferrando, dijo a El País que para el organismo la problemática por el ingreso de adolescentes a los centros "quedó despejada" luego de la negociación que se inició meses atrás con el gremio de trabajadores, en el marco de la cual se instaló una comisión en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para atender los reclamos de los funcionarios.

"Hay una clara aceptación de que el Directorio tiene la potestad de destinar a los adolescentes a los distintos centros, porque de ninguna manera podemos negarnos a recibirlos", indicó el jerarca a El País.

El director dijo que no considera que el archivo del caso contra los funcionarios lleve a la adopción de nuevas medidas, porque "es clara la responsabilidad de las partes y el Directorio tiene las potestades para decidir a dónde van los muchachos".

Pedido de informes al INau

El diputado colorado Daniel García Pintos solicitó ayer un pedido de informes al Instituto Nacional del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) sobre "hechos anormales" ocurridos en esa institución en los últimos meses. El legislador colorado procura conocer a través del informe el número exacto de fugas, motines y hechos violentos ocurridos en las dependencias del INAU durante 2008 y lo transcurrido de este año. También pide datos sobre daños de cualquier tipo provocados en dichos lugares "su evaluación y dinero destinado a la reparación de los mismos en el lapso indicado". Asimismo, se solicita información sobre el personal del INAU que haya sufrido lesiones a raíz de los hechos de violencia y las medidas adoptadas para revertir la situación.

"No pueden decir que no hay cupos"

Hugo Morales

El juez de Menores fue el que denunció a los funcionarios de los hogares Puertas y Desafío por "desacato". Dice que el archivo del caso no le cambia su visión del tema, porque el INAU no puede negarse a recibir a menores infractores.

-¿Qué opina sobre el archivo de la denuncia que usted presentó por presunto desacato contra los funcionarios del INAU?

-Era una de las posibilidades. No puedo opinar porque no participé en el tema, sino que simplemente puse en conocimiento del juez penal una posible conducta delictiva de un grupo de funcionarios. El juez penal y la fiscal analizaron el caso y concluyeron que no hubo delito, pero obviamente que a mí no me corresponde valorar si eso estuvo bien o mal hecho. Yo simplemente cumplí con lo que correspondía, que era elevar la denuncia al Juzgado Penal.

-¿Estima que a raíz de esta decisión judicial los funcionarios volverán a adoptar medidas de cupo para el ingreso en los hogares del INAU?

-Cada situación que se resuelve no genera ningún tipo de antecedente. Si en el futuro tengo alguna situación en la que considero o sospecho que puede haber algún delito, la voy a volver a comunicar a la Justicia Penal. El tema de los cupos no puede ser considerado como posibilidad a nivel Judicial, pero la existencia o no de un delito es algo totalmente diferente, porque en ese momento hay que analizar a fondo una gran cantidad de elementos. Pero lo claro es que a nosotros (el Poder Judicial) no nos pueden decir que no hay cupo para disponer la internación de los menores infractores a quienes un juez resuelve iniciarle un proceso infraccional con privación de libertad, porque el Estado no puede rehusar sus obligaciones en casos de este tipo.

-Pero en los hechos eso ocurrió, ya que una medida gremial no permitió el ingreso de los menores a los hogares.

-Sí, pero es un aspecto que puede considerarse no válido desde el punto de vista del Poder Judicial, pero si eso implica o no la existencia de un delito, es algo totalmente diferente. Por eso a mí (el archivo de la denuncia contra los funcionarios) no me cambia absolutamente nada.

-Desde le negociación iniciada entre el INAU y el sindicato, ¿se han constatado nuevas dificultades en el ingreso de menores a los centros?

-No se ha planteado con la gravedad que se registró en otros momentos.

-¿En el último han constatado demoras en los ingresos que motiven que los menores pasen horas e incluso días alojados en comisarías?

-Alguna seccional policial ha planteado ese tema, pero no es algo que se haya generalizado, por lo que no es una cosa que implique hoy un gran problema.