Teleteatros sanos, noticias seguras

ALEJANDRO NOGUEIRA

Lejos aún de los programas de Hugo Chávez contra los medios de comunicación, en Uruguay emergen cada tanto, como pequeños icebergs, iniciativas oficiales que apuntan a regular los contenidos de la televisión o, al menos, a pasar mensajes influyentes. Por lo general son quejas de autoridades: se cuestiona a los medios "opositores", por acentuar la "sensación térmica" de la inseguridad, por "campañas" concertadas por el "eje del mal", como el caso Maciel, que dizque tienen por finalidad el "escrache" de personalidades políticas o arrojar sombras sobre la reforma de la salud. Todo lamento gubernativo sobre una tensión tan vieja como la democracia entre el poder y la prensa.

También hay acciones más decididas, como el proyecto de ley en preparación para establecer una "cuota pantalla" de producción nacional en los canales abiertos para forzarlos a aumentar los programas de factura uruguaya donde "no se habla de calidad, se habla de producción nacional", como explicó la ministra de Educación, María Simon, en una entrevista publicada en El País la semana pasada. Además, Simon quiere generar empleo obligando a los canales a hacer, por ejemplo, "teleteatros que hasta pueden educar a la gente de una manera indirecta". Nada de "Valientes", que apuesta al erotismo masculino, sino textos aleccionadores sobre la igualdad de género, la violencia doméstica o, quizá, los perjuicios del cigarrillo. Trabajo para guionistas oficiales.

Otra andanada, esta semana, provino -sorprendentemente- del Ministerio de Desarrollo Social, que todos pensábamos que destinaba sus recursos a combatir la pobreza, pero que dedicó algunos pesitos a pagar un estudio de contenidos de los informativos de TV y a organizar un foro donde todos los participantes opinaban lo mismo.

El argumento aparente de esta investigación fue correlacionar la información sobre hechos delictivos y violentos con la pobreza. Además de cargarlos con el lapidario juicio de que los informativos de la TV "consolidan la inseguridad como un discurso de sentido común y la afianzan como un dato de convivencia" y asegurar que tienen "una responsabilidad principal con la sociedad ya que son actores centrales en el manejo del tema inseguridad", otra de las conclusiones fue que los periodistas no contextualizaban la información sobre los delitos con el marco de pobreza de los delincuentes, quizá porque esto atenuaría la ira ciudadana ante la violencia o enriquecería la historia de un asalto a un banco, seguramente enraizado en la desigualdad social entre excluidos y banqueros.

Fue especialmente aguda la recomendación al Poder Ejecutivo que hizo la ex periodista María Urruzola, hoy funcionaria a cargo de la Dirección de la Unidad de Información y Comunicación del MIDES. Su queja fue que el 59,3% de la información provenía de fuente policial "cuando debería ser el Poder Judicial la principal fuente oficial". Urruzola denunció así "lo que podría constituirse como un aspecto de orden institucional que el Poder Ejecutivo deberá analizar", lo que traducido significa que se silencie a los policías como fuente de noticias policiales, como muchas veces intentó hacer la ex ministra del Interior, Daisy Tourné, y sus asesores de comunicación, esos que ayudaron a despeñarla.

Regular contenidos, controlarlos, cerrar fuentes de información, teleteatros edificantes, informativos positivos. Sueños del poder.