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Jueves 20.08.2009, 07:40 hs l Montevideo, Uruguay
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Ciudades

Realizarán denuncia penal a Ehrlich por "extravío" de cuerpos

Necrópolis. También a dos jerarcas de IMM

ANDRÉS LÓPEZ REILLY

Tras reclamar durante cuatro años en mostradores municipales y estrados judiciales, la familia de Ramón Sabella denunciará penalmente al intendente Ricardo Ehrlich y a dos de sus directores. También llevará el tema al Parlamento y a la OEA.

La denuncia penal que presentará la familia de uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes, Ramón Sabella, alcanza también a la directora de Acondicionamiento Urbano de la Intendencia, Hyara Rodríguez, y al director del servicio de Necrópolis, Richard Burgos.

El reclamo se inició en 2005 por la vía administrativa, cuando los restos del padre, madre, hermana y abuelos de Sabella -entre otros familiares- fueron retirados del panteón N° 61 del Cementerio Central (foto) por deudas acumuladas y llevados al Cementerio del Norte.

El sepulcro pasó a manos de una mujer que luego alegó encontrarse en estado de extrema pobreza, por lo que lo puso a remate. Sin embargo, la familia Sabella logró impedir la subasta, y la Intendencia habilitó la restitución de los cuerpos, aunque sólo nueve regresaron. Incluso existen dudas sobre la relación de estos restos recuperados con la familia Sabella.

Juan Sabella, hermano de Ramón, dijo ayer a El País que la semana próxima presentará la denuncia penal contra el intendente y los dos jerarcas.

"Hicimos una denuncia en la Intendencia en 2005 y se hizo un sumario, pero no se llegó a nada. Después, hicimos una denuncia penal en 2006 (contra los que trasladaron los cuerpos), donde el juez Álvaro Beyhaut tampoco hizo nada. Ahora estamos dispuestos a accionar contra Hyara Rodríguez, Richard Burgos y el intendente", declaró Juan Sabella. El denunciante asegura que en las actas del sumario que se hizo en la Intendencia "se reconocen la falta de los 32 cuerpos y la devolución de nueve".

"Yo fui a la Suprema Corte de Justicia porque el juez no movía el tema. Por acuerdo de los cinco ministros, le dieron seis meses de plazo para que siguiera instruyendo el presumario. De esto pasó un año y no pasó nada", protestó.

"La denuncia de 2006 se hizo contra los que hicieron el traslado de los 32 cuerpos. Las personas están identificadas con nombre, número de cédula y dirección", puntualizó Sabella.

ANTE LA OEA. La familia realiza acciones para llevar el tema a la Comisión de Derechos Humanos de la OEA. También lo planteará en el Parlamento Nacional, en este caso por intermedio del senador Sergio Abreu y del diputado Luis Lacalle Pou.

"La nueva titular del panteón no podía tocar cosas que son gravámenes a perpetuidad. Un funcionario de la Intendencia dijo que nosotros lo autorizamos. Pero no existe nuestra firma en ningún papel, y así lo reconoció una escribana municipal", indicó Sabella.

"La Intendencia reconoció todo y le echó la culpa a un funcionario, que ya pasó a retiro. El delito existió", insistió el denunciante.

Las respuestas de la administración

Durante la comparecencia de la directora de Acondicionamiento Urbano de la Intendencia, Hyara Rodríguez, en la Comisión de Derechos Humanos de la Junta Departamental, el edil Daniel Graffigna (PN) presentó diez casos de irregularidades en cementerios municipales. Uno de ellos, es el de la familia Sabella, que según el edil, "coincide" con las denuncias sobre una organización que se dedicaba a la venta ilegal de nichos y panteones, por varios miles de dólares.

Rodríguez respondió que la denuncia de la familia Sabella se archivó con una resolución firmada el 2 de agosto de 2007 por el entonces director de Jurídica de la Intendencia, Diego Silva.

Reconoció que "hubo errores" y dijo que el funcionario acusado ya pasó a retiro. Graffigna consideró "indignante" las respuestas de la directora: "Se trató de lavar las manos en todo", dijo. El edil le reprochó no haber hecho una denuncia "frente a un cúmulo de irregularidades constatadas".

Durazno: destrozan sepulcros

Nichos y panteones del cementerio de Sarandí del Yi, a 96 kilómetros de Durazno, fueron dañados y las tumbas violadas, en una acción que la Policía investiga. El martes de mañana, cuando los funcionarios se aprestaban a comenzar las tareas se percataron que uno de los nichos y un panteón tenían signos de haber sido violentados. Un vecino aseguró que "tres o cuatro personas vestidas de negro merodearon el cementerio horas antes".

El País Digital

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