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Argentina. Pobreza es 15% según Indec; obispos reunidos
BUENOS AIRES | LA NACIÓN / GDA Y AP
La cúpula de Iglesia Católica, la cual estima que el 40% de la población es pobre, más del doble de lo calculado oficialmente, insistió ayer en sus reclamos al gobierno de Cristina Fernández para poner fin a la pobreza de millones de argentinos.
El pedido está en sintonía con lo planteado recientemente por el papa Benedicto XVI, de terminar con el "escándalo" de la pobreza en Argentina, aunque difiere con las cifras oficiales del Indec que sitúan la pobreza en un 15% de los 37 millones de habitantes que tiene el país.
"Para nosotros, la pobreza está cerca del 40 por ciento y la diferencia que hay entre los más pobres y los más ricos (en el país) es inaceptable", dijo el vocero del Episcopado, sacerdote Jorge Oesteherld, aunque advirtió que "sea cuales sean las cifras, es un escándalo igual", al ratificar que la problemática social era el eje de la 153 reunión de la Comisión Permanente del Episcopado, presidida por el cardenal Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, que comenzó ayer y que mañana al terminar difundiría una declaración donde se reclamará que la pobreza sea prioridad del Estado.
Hace dos semanas se difundió un texto del papa Benedicto XVI en el que alentó a "reducir el escándalo de la pobreza y la inequidad social" en Argentina. El mensaje tomó por sorpresa al gobierno y puso el tema como eje del debate político de los últimos días.
El último viernes la presidenta Fernández defendió las políticas sociales de su gestión y lanzó un plan para crear 100.000 nuevos puestos de trabajo en el país.
El portavoz de la Iglesia reconoció, pese a las críticas, que el Gobierno "hizo mucho, hizo esfuerzos" para combatir la pobreza, pero aseguró que "no alcanza, por lo que hay que redoblarlos". Antes de iniciar las sesiones en la sede episcopal, el vocero insistió en que "lo importante" es tomar como eje el documento de la Iglesia de noviembre 2008, en el cual alentaba al diálogo para "buscar consensos sobre políticas de Estado para paliar la pobreza".
La reunión de una veintena de obispos, programada hace varios meses, se llevará a cabo horas después de que el titular de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, el obispo Jorge Casaretto, reveló que la Iglesia pretende que la pobreza sea prioridad de Estado de cara al bicentenario patrio, y cuestionó la poca relevancia que la clase política, tanto el oficialismo como la oposición, le otorga a la problemática social.
"La definición de pobreza escandalosa es de todo el Episcopado", ratificó Casaretto en declaraciones periodísticas, en las que también explicó cómo la preocupación de los obispos por la exclusión e inequidad social en el país se convirtió en una advertencia directa del Papa.
Una fuente adelantó que otro de las tópicos a evaluar por los obispos serán las iniciativas, impulsadas desde el gobierno y por miembros de la Corte Suprema, para que la tenencia de estupefacientes para consumo personal no sea sancionada penalmente. Los jueces de la Suprema Corte discuten actualmente como restringir los alcances de esa decisión
Tegucigalpa | El gobierno de facto exigió ayer la salida inmediata de los diplomáticos argentinos en Honduras como respuesta a que Argentina desconoció a la embajadora hondureña en Buenos Aires, quien se declaró leal al gobierno golpista. La cancillería hondureña informó en un comunicado que "la relación diplomática entre Honduras y Argentina se canalizará a partir de esta misma fecha por medio de la embajada de Argentina en Israel".
El gobierno de facto dio 72 horas a los diplomáticos argentinos para abandonar esta capital, igual que hizo Buenos Aires con la embajadora Carmen Eleonora Ortez Williams la semana pasada.
De visita en México, el canciller argentino Jorge Taiana señaló que "mantenemos relaciones diplomáticas con el gobierno legítimo de Honduras y no conocemos que exista ningún plazo sobre nada". Añadió que en cuanto al personal diplomático argentino en Tegucigalpa, "no tiene ninguna fecha para nada", ignorando la disposición del gobierno encabezado por Roberto Micheletti. Argentina es el segundo país, tras Venezuela, al que el gobierno de facto aplica esta medida. AP
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