Medios en Venezuela

Los medios de comunicación vienen siendo objeto de duros ataques en Venezuela y corren el riesgo de serlo más si prospera un proyecto de ley denominado "contra los delitos mediáticos" que sigue a estudio del Parlamento y que no fue rechazado cuando se procedió a su consideración. Lleva implícito un peligro latente frente al cual la opinión pública internacional deberá mantenerse vigilante, por lo que significan para el pueblo venezolano y los valores que representan dentro de la libertad del Continente. Antes se habían retirado las autorizaciones de trasmisión a 34 emisoras de radio y televisión y otras 200 se encuentran amenazadas del mismo riesgo, invocando discutibles razones administrativas, lo que vendría a convertir ese país en otra isla de violación indiscutible de derechos humanos fundamentales.

Es casualidad, pero no deja de ser una peligrosa casualidad, que las últimas leyes sobre medios de comunicación en América estén dirigidas a regular el tema desde una óptica esencialmente penal, como si el ejercicio de la noble actividad fuera ejercida por delincuentes en potencia. En el mismo sentido, en la ley aprobada en nuestro país el mes pasado, dentro de un texto de diez artículos, siete de ellos estuvieron dedicados a cuestiones penales, y en esta iniciativa venezolana, los diecisiete que lo integran están referidos a la misma cuestión, cerrándola una cláusula derogatoria en la cual se establece, para que no quede ningún flanco abierto, que "se derogan todas las disposiciones contempladas en otras leyes que colidan con la presente ley".

Lo que la precede no es menos arbitrario, al declarar que pueden incurrir en delitos mediáticos no sólo los productores, periodistas, locutores, conferencistas y cualquier otra persona que se exprese a través de cualquier medio de comunicación, sino además los dueños y quienes ejerzan cargos directivos pasando luego a identificar los distintos tipos de delitos. Ellos son llamados divulgación de noticias falsas, manipulación de noticias, negativa a revelar información, coacción mediática, omisión voluntaria de suministrar información que se les requiera e instigación, carentes todos de una tipificación objetiva y clara y sin que exista ninguna protección para los medios sobre la forma en que el gobierno ponga en marcha esas imputaciones. Es así. Como, por ejemplo, se impone la obligación de revelar la identidad del autor de la emisión o de un artículo periodístico publicado bajo seudónimo, castigando la omisión con penas que pueden oscilar entre seis meses a dos años de prisión al director, gerente, editor o responsable del medio, que en otros casos pueden variar entre dos o cuatro años, todo de acuerdo a una identificación imprecisa de los eventuales delitos, cuyo manejo queda en manos de Fiscales que forman parte del gobierno y de una justicia que no se ha caracterizado por su independencia. Y para cerrar más el grifo, agrega que las sanciones previstas en el proyecto no excluyen el ejercicio de las acciones administrativas que procedan de acuerdo con lo dispuesto por otra ley anterior, no menos arbitraria, que se denomina Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión.

De aprobarse la iniciativa como está presentada, se estaría violando, además, el artículo 19 de la Convención Universal de Derechos Humanos, que reconoce el derecho a la libertad de expresión y el de recibir informaciones y opiniones; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que regulan, por su parte, la forma de ejercer esa libertad y las sanciones en el caso de que se cometan excesos.

El Presidente Chávez, en la Cumbre de Unasur alertó sobre la existencia de "vientos de guerra" en la región, pero no alertó sobre otros "vientos de violación a la libertad de expresión del pensamiento", que amenazan a su propio país, que pueden convertirse en huracanes, si el Congreso no mata definitivamente a ese gigante que puede despertar en cualquier momento y si la opinión pública internacional no mantiene vigente una actitud crítica, haciendo valer su censura para que el proyecto no continúe aguardando el momento de ser aprobado. Hasta que ello no se logre, la iniciativa seguirá convertida en otra pendiente espada de Damocles, que si bien en su caso, afectaba sólo la vida del histórico cortesano de Dionisio de Siracusa, en éste, está comprometiendo la libertad de todo el pueblo venezolano.