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En lo conceptual hay acuerdo de todos los partidos políticos
Lo que comenzó en 2005 como una de las aspiraciones del gobierno, está a punto de concretarse: contar con un nuevo marco jurídico para la defensa nacional.
La Cámara de Representantes aprobará mañana la ley de la defensa nacional, un proyecto de ley que fuera nutrido con conclusiones y posiciones profesionales emanadas de varios seminarios internacionales.
Sin embargo, a pesar de la participación con que se manejó el gobierno en este tema, la ley no tendrá consensos políticos. Tanto cuando el proyecto pasó por el Senado como en la instancia definitiva de mañana, la iniciativa será votada en general por todos los partidos pero la mayoría de sus disposiciones saldrán solamente con los votos del Frente Amplio.
La ley crea el Sistema de Defensa Nacional, donde se analizarán las decisiones y políticas generales en tiempos de paz como de conflicto. Estará conformado por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Consejo de Defensa Nacional, que se creará en esta instancia. La participación del Poder Legislativo en este primer nivel de decisión política fue recortada a pedido del Ministerio de Defensa. De modo que no controlará la compra de armamento ni otras decisiones sobre lo militar. Apenas, mantiene las funciones constitucionales en lo relativo a la defensa.
A la vez, se creará el Consejo de Defensa Nacional (Codena) que tendrá funciones de asesoramiento al presidente y consulta. Lo integrarán, además del mandatario, los ministros de Defensa, Interior, Relaciones Exteriores y Economía.
JUSTICIA. No formarán parte de él los militares, lo cual fue reclamado en más de una ocasión por los jefes de las Fuerzas Armadas, aunque sin éxito.
En cuanto a la organización de las Fuerzas Armadas, la ley dispone que se unifiquen funciones, actividades y servicios cuya naturaleza no sea específica de una sola fuerza.
La ley también ratifica que Uruguay seguirá participando en misiones de paz al servicio de Naciones Unidas, aunque la decisión de en qué experiencias se participará estará supeditada finalmente a la política exterior del país.
Asimismo, esta iniciativa reserva la jurisdicción de la justicia militar a delitos militares y al estado de guerra.
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