Las finanzas del próximo gobierno en "grave peligro"

Los más de US$ 1.000 millones que 29 constructoras reclaman al Estado por rescisión de contratos, pondrá en "grave peligro" las finanzas del próximo gobierno, advirtió ayer el diputado Gustavo Borsari en una nota al presidente Vázquez.

La nota, que recoge buena parte de su exposición en la sesión del martes 11 en la Cámara de Diputados en oportunidad del análisis del proyecto de Rendición de Cuentas 2008, dice que el origen de estos juicios contra el Estado fue un "tremendo error" de la presidenta del BHU en el tramo final del gobierno de Jorge Batlle, Graciela Pérez Montero, que llevará que el actual Poder Ejecutivo y quien resulte electo presidente en las próximas elecciones, se junten para solucionar "la deuda más grande que el Uruguay tendría" después de la deuda externa.

El abogado Daniel Hugo Martins, que representa en el juicio a algunas de las empresas, dijo a El País que el problema surgió a partir de que el BHU dejó de pagar los certificados de obra, y que se agravó cuando, bajo el gobierno del Frente Amplio, se rescindieron los contratos en momentos en que se estaba tramitando un arbitraje con las empresas.

"Al rescindirse los contratos y obligar a entregar las obras (unas 700 viviendas a medio hacer), esto generó daños y perjuicios a las empresas. Lo mismo con otras licitaciones, como 1.600 viviendas adjudicadas a 23 empresas que el BHU nunca empezó", explicó Martins. La mayoría de los juicios son contra el BHU.

La nota de Borsari, también dirigida al ministro de Vivienda, Carlos Colacce, dice que este asunto es un elemento clave para el futuro de cualquier gobierno, cualquiera sea su color político".

Cuando en 2004 la mayoría del Directorio del BHU resuelve suspender las obras contratadas, los dos directores del Partido Nacional -Raúl Giuria y Gustavo Delgado- se opusieron y promovieron una consulta al Tribunal de Cuentas, en torno a un impedimento legal de una empresa relacionada con uno de los grupos constructores que había contratado con el BHU. El Tribunal respondió que esa situación le imposibilita celebrar contratos a futuro con este grupo, pero no para la reanudación de las obras en los complejos habitaciones ya contratados, y advertía además que podría haber responsabilidad del Estado.

"Hoy hay 29 empresas en nuestro país que han deducido juicios desde esa época. El error cometido durante el gobierno anterior ha sido profundizado por el Directorio del BHU designado por el gobierno del Frente Amplio, integrado por los señores Piperno, Scarone y Morodo, pues a los pocos días de haber asumido sus cargos aprobaron una resolución a través de la cual se rescindían los contratos referidos", agrega la nota de Borsari. El presidente del BHU, Miguel Piperno, firmó la rescisión de los contratos en abril de 2005.

El diputado afirma que esta situación también se dio en el Ministerio de Vivienda, "profundizando" el "error cometido" por la pasada administración.

"Quiero advertir al señor Presidente de la República -a seis meses de dejar su mandato- y a los señores candidatos a la Presidencia de la República -cualquiera sea el que gane la elección nacional-, que vamos a tener un problema muy importante si estos juicios, o parte de ellos, son fallados en contra del Estado. Alrededor de US$ 1.000 millones son los que están en juego en estos juicios que estas 29 empresas han deducido contra el Estado", alerta Borsari en la nota.

"¡Vaya si se está generando responsabilidad para el Estado con estos 29 juicios que están realizando 29 empresas contra el BHU y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente hace más de cuatro años, y que podrían poner en grave peligro las finanzas del Estado! Dicho esto, advertimos también que si la Justicia confirma la razón de las empresas, esta será la deuda más grande del Estado uruguayo después de la deuda externa", concluye Borsari su nota.

Al menos uno de estos juicios ya tuvo un fallo favorable en primera instancia y está en etapa de apelación. La lista de reclamos por indemnizaciones de estas empresas es extensa: obra realizada y no cobrada, atraso en los pagos, inversiones en locales comerciales, retenciones del BPS, rescisión de contratos, lucro cesante, pérdida por no utilización de equipos, pérdida de personal permanente en obra, pérdida por gastos indirectos, pérdida por gastos por despido de personal, pago de honorarios, multa por resistirse al arbitraje, daño moral y pérdida de imagen de las empresas, entre otros.

Esta semana, el ministro Colacce relativizó la advertencia de Borsari y dijo que al diputado blanco "se le sumaron varios ceros". Colacce dijo a El País que las demandas a las cuales hace referencia Borsari fueron iniciadas solamente por cuatro empresas por US$ 4 millones por la construcción de unas 3.000 viviendas.