Seguridad y derechos

Están equivocados quienes creen que la seguridad es una exigencia que los habitantes del país formulan egoístamente para que se los proteja en el goce de sus vidas y en el disfrute de sus bienes. O que deban procurarse por sí mismos, enrejando sus casas, armándose, aplicando el principio de justicia por propia mano o contratando y pagando un servicio de vigilancia particular o de los llamados 222 para que se los preste la Policía. No. En casi todos los análisis del problema se ha olvidado que se trata de un derecho individual y humano fundamental, de idéntica categoría e importancia que la vida, el honor, la libertad, el trabajo y la propiedad y que el Estado debe prestarlo, aplicando la misma diligencia y preocupación en todos los casos.

Un análisis jurídico del tema debe hacerse a partir del artículo 7º de la Constitución que así lo reconoce expresamente desde 1830, volviendo a referirse al mismo en el artículo 85, al fijar como competencia de la Asamblea General, entre otros, el de expedir leyes relativas a la seguridad y tranquilidad de la República y la protección de todos los derechos individuales. En idéntico sentido, la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 3º la equipara en un mismo párrafo con el derecho a la vida y a la libertad, y la Convención Americana de Derechos Humanos la incluye expresamente en su artículo 7° junto con el derecho a la libertad. Justino Jiménez de Aréchaga sigue enseñando que la seguridad es un concepto muy amplio, que abarca el derecho a ser amparado por todas las normas de garantía relativas a los demás derechos consagrados en la Carta y por las leyes que se dicten con la misma finalidad, incluyendo la vida y la integridad personal, creándose la consiguiente obligación del Estado de asegurar el normal goce de los mismos. Sin embargo, las páginas policiales de los diarios y los informativos de televisión, regularmente brindan un cúmulo de noticias que no cesa de casos en que esa seguridad es desconocida, y no porque los periodistas inventen o disfruten de ellas, sino porque las mismas invaden los medios de opinión.

Esa falta de seguridad ha incidido además, por un efecto derivado, en la aplicación de principios económicos que antes eran desconocidos y que ahora se confiesan abiertamente. Es así como existe, junto al caso de personas que luego de ser reiteradamente objeto de robos, cierran sus comercios porque no pueden trabajar para que los despojen y el de otras que han preferido clausurar su actividad y arrendar los locales, ya que es más seguro vivir de un alquiler que de un servicio comercial. Por otra parte, caminar por Montevideo y en más de una ciudad del interior, ofrece un espectáculo renovado, que no tiene que ver tanto con la presencia de carritos hurgadores tirados por caballos, sino que se refiere a la utilización de rejas para defender las propiedades, tanto en el frente de las mismas, como en las ventanas o en las azoteas.

Se trata, además, de un fenómeno que golpea, más allá de las estadísticas o de las comparaciones con otros períodos, ya que cada robo o cada rapiña, afecta a una persona o una familia que es individualmente la más importante en su momento, como objeto del delito. Ni importa tampoco saber que lugar ocupamos en una encuesta de países, ya que el hecho de que otros lo padezcan con la misma o diferente entidad es, como lo afirmaba un viejo dicho popular, consuelo de tontos pero no solución para los damnificados.

Por todo ello, no deja de ser gracioso, que quienes pretenden ser los continuadores del gobierno actual incluyan en un Plan de futuro del Frente Amplio de 24 páginas, sólo diecisiete líneas para referirse a la seguridad ciudadana, y que ellas comiencen diciendo: "Se proyecta la reforma…", como si recién accedieran a la gestión pública y la seguridad no estuviera afectando el país desde hace mucho tiempo. Ante el desconocimiento de esa realidad que sacude, y que es diferente a como lo era en el pasado, el Partido Nacional se ha adelantado a ofrecer una batería de medidas concretas, reales y prácticas que van desde la aplicación del principio de autoridad, la existencia de más y mejores cárceles, el aumento de penas como medida preventiva y una regulación más eficaz del obsoleto sistema de la minoridad.

Existe la posibilidad de un país en el que la seguridad no aparezca como una dádiva sino como un derecho humano fundamental, del cual se pueda gozar y en el cual todos se sientan atendidos y protegidos.