Colombia se enfrenta a la región

La decisión de Colombia de incrementar la cooperación militar con EE.UU., que se remonta al 2000, generó duras críticas en la región, amenazas de Chávez y Correa, y obligó a Uribe a emprender una maratónica gira en la que no logró el apoyo esperado.

A mediados de julio, al mismo tiempo que Estados Unidos iniciaba el retiro de tropas de la base de Manta -situada en la costa occidental de Ecuador sobre el océano Pacífico y cedida en 1999 a la fuerza aérea estadounidense para utilizarla en actividades contra el narcotráfico en el noroeste de América del Sur-, Colombia reconocía que estaba a punto de firmar un acuerdo que ampliaba la cooperación militar con el gobierno de Barack Obama.

El presidente colombiano, Álvaro Uribe, afirmó que no se trataba de un convenio nuevo sino de una profundización del llamado Plan Colombia, que Washington aplica desde el 2000 y al que ha destinado unos 5.000 millones de dólares. Este plan fue presentado como antidroga, pero luego fue convertido también en contrainsurgente y dirigido contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Colombia es un aliado privilegiado de Estados Unidos en la región. Es el tercer mayor receptor de ayuda militar estadounidense -después de Israel y Egipto- y las FARC, calificadas como organización terrorista, son consideradas el mayor cartel de drogas en el hemisferio occidental.

Pero los diez años de cooperación no han dado los resultados previstos. Una reciente evaluación de la oficina de rendición de cuentas del Congreso de los Estados Unidos (GAO) resume en pocas palabras el efecto del Plan Colombia e indica que ha obtenido resultados aceptables en términos de seguridad en Colombia y malos en lo que refiere a la reducción de la oferta de drogas ilícitas en Estados Unidos.

Esto, sumado a la crisis económica internacional y su impacto en los programas de asistencia externa, llevó a distintos analistas colombianos a especular con la posibilidad de que Washington tuviera poco interés en seguir enviando entre 500 millones y 700 millones de dólares por año a Colombia cuando obtenía tan pobres resultados. México, país más cercano y al que la Administración Obama ha dado prioridad, parece ser en la actualidad un destinatario más lógico de esta ayuda.

Si bien la situación de seguridad en Colombia mejoró enormemente y hay menos secuestros, asesinatos y ataques contra la población civil, el Plan Colombia no ha obtenido los mismos resultados en el combate al narcotráfico, que era su objetivo inicial. La cantidad de cocaína que llega a Estados Unidos es la misma que en el 2000 y Colombia produce aproximadamente la mismas 600 toneladas anuales que en aquel momento, pues si bien el área sembrada disminuyó, la productividad de los cultivos de coca aumentó en la misma proporción. Los mayores productores de cocaína siguen siendo las FARC y las bandas emergentes, tras la desmovilización del paramilitarismo.

Para el economista Daniel Mejía, Phd de Brown University e investigador de la Universidad de los Andes, la lucha contra las drogas del Plan Colombia fue un fracaso. El economista sostuvo, en un estudio presentado en el foro económico Fedesarrollo que fue divulgado por Caracol Radio, que una de las principales causas de este fracaso es la inelasticidad de la demanda de cocaína en Estados Unidos y la mala asignación de los recursos en la política antidrogas. Mejía afirmó que hubiera sido más eficaz que la mayor parte del dinero del Plan Colombia se destinara a combatir el narcotráfico y no la producción y erradicación de cultivos. Esta situación benefició a Colombia, cuyo principal interés es luchar contra la guerrilla, que produce la cocaína, pero no dio a Estados Unidos los beneficios esperados; y son los aportes de este país los que en definitiva sostienen el plan.

ACUERDO. El acuerdo que Bogotá negocia con Washington permitirá que militares estadounidenses tengan acceso a siete bases militares colombianas durante 10 años, aunque durante varias semanas se informó que el convenio sólo incluiría tres bases. El gobierno de Uribe ha dicho que las operaciones con Estados Unidos se restringen al territorio de esta nación, que no se trata de crear bases estadounidenses, sino que personal de ese país use instalaciones castrenses colombianas. También afirmó que, como establece la ley desde hace una década, se mantendrá en 1.400 personas el máximo de funcionarios del Departamento de Defensa de Estados Unidos y contratistas civiles que puedan trabajar en Colombia. En la actualidad se estima que unos 600 efectivos de las fuerzas armadas estadounidenses tienen sus propias oficinas en el comando castrense y entrenan a cientos de tropas locales desde el año 2000.

Durante la instalación de una cumbre de generales en la ciudad de Cartagena, adonde participaban militares de varios países de la región -entre ellos el comandante en Jefe del Ejército uruguayo, Jorge Rosales-, el general Freddy Padilla de León, ministro de Defensa encargado, anunció la lista completa de las bases militares (del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea) que podrán utilizar los norteamericanos. Las bases son las de Malambo, Palanquero, Apiay, Tolemaida, Larandia, Cartagena y Bahía Málaga.

El ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, enfatizó en que "no son tropas de combate" las que operarán en Colombia, sino que se trata de técnicos asesores militares. Aclaró también que el convenio establece que no habrá uso de fuerza por parte del gobierno norteamericano: "El monopolio de las armas está a cargo del Estado colombiano y no autoriza la fuerza o ataque contra otro país, es lo que dice la Constitución y el acuerdo la respeta".

"No se permite la creación de una base militar de Estados Unidos, no se afectará a terceros Estados, ya que su esencia es la cooperación en territorio colombiano, no se permiten actividades contra la Constitución colombiana y leyes internacionales, no implica tránsito de tropas extranjeras", detalló por su parte el canciller colombiano Jaime Bermúdez.

GIRA. Las explicaciones fueron algo tardías, pues aunque se sabía desde mediados de julio que Bogotá y Washington negociaban el acuerdo, recién en la última semana se dieron a conocer detalles del mismo. Desde mediados del mes pasado el mandatario venezolano Hugo Chávez y su colega ecuatoriano, Rafael Correa, criticaron las negociaciones colombianas por considerar que, de llegarse a un acuerdo, se podría generar desestabilización en la región. Pero el presidente colombiano recién se vio obligado a dar explicaciones a sus pares de la región en estos días, cuando Lula Da Silva y Michelle Bachelet plantearon sus dudas públicamente y al aproximarse la cumbre de la Unión de Naciones del Sur (Unasur), que se celebrará mañana en Quito y de la que Colombia no participará.

Uribe interrumpió sus vacaciones e inició una maratónica gira por siete países -que obviamente no incluyó ni a Venezuela ni a Ecuador, con quienes tiene interrumpida su relación diplomática- para explicar el alcance del convenio con Estados Unidos.

"Este acuerdo con Estados Unidos lo podríamos llamar como una fase mejorada del Plan Colombia", afirmó Uribe hace un par de semanas, entrevistado por la revista Ahora. "A Colombia le han dado dos tipos de ayuda: una ayuda retórica de palmaditas en el hombro, de expresión de pésame en momentos en que hemos sufrido tanto y una ayuda práctica que la hemos recibido de Estados Unidos", dijo el mandatario, para agregar de inmediato: "Colombia nunca ha sido un país agresor de la comunidad internacional, ha recibido agresión del terrorismo interno".

Uribe cosechó algo de comprensión y varios reparos en la gira relámpago que finalizó el jueves. Brasil y Argentina cuestionaron el acuerdo que está negociando Colombia con el gobierno de Obama, Bolivia fue el más crítico y Perú lo apoyó, mientras que Chile, Paraguay y Uruguay respetaron la decisión soberana de Colombia, aunque el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, le manifestó su postura contraria a la instalación de bases militares extranjeras, en línea con lo que defiende el Frente Amplio.

Diez años del plan colombia

En 1999 Colombia y EE.UU. iniciaron un proceso cooperación para enfrentar el tráfico de droga y el terrorismo que se llamó Plan Colombia. Desde ese entonces personal militar y contratista del gobierno estadounidense tiene presencia en las instalaciones militares de Bogotá, Tolemaida, Cartagena, Rionegro, Larandia, Apiay, Cali, La Macarena y Coveñas. De acuerdo con el Ministerio de Defensa, el personal militar permanente en Colombia se encuentra conformado por 71 militares y personal transitorio para apoyo técnico y asistencial (otros 268 militares). En un documento al Congreso, el comandante de las Fuerzas Militares y ministro de Defensa, general Freddy Padilla de León, señaló que la asistencia brindada por EE.UU. desde el 2000 suma unos US$ 4.623 millones de dólares, obteniendo importantes resultados en la lucha contra el narcotráfico. Según el alto oficial, entre los resultados más relevantes se destacan la reducción del 50% en los cultivos de cocaína y la disminución de 61% en la producción potencial de droga. Asimismo, la cooperación militar ha permitido financiar en aproximadamente un 30% las horas de vuelo de las Fuerzas Militares, crear el Comando Conjunto de Operaciones Especiales, fortalecer las Brigadas Móviles de Contraguerrilla del Ejército y la adquisición de 36 equipos de aspersión.

Las cifras

7 Es el máximo de funcionarios del Departamento de Defensa de EE.UU. y contratistas que, por ley, pueden estar en Colombia.

1.400 Son las bases militares colombianas que podrán utilizar los efectivos de las fuerzas de seguridad estadounidenses.

Duro golpe a las FARC que desató los roces con Ecuador

Apenas 25 minutos pasaban de la medianoche, cuando el 1° de marzo de 2008 Colombia lanzó la operación Fénix sobre tierras ecuatorianas, a 1.800 kilómetros de la frontera. Unos 17 hombres de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) murieron en el ataque de la policía, el Ejército y la Fuerza Aérea de Colombia. Entre ellos Raúl Reyes. El líder de la guerrilla cargaba con un historial bastante pesado sobre sus hombros: era culpable de la muerte de 13 policías y 18 militares, además de una veintena de secuestros. La Justicia también lo responsabilizaba por varias masacres: Bajayá (119 muertos) y El Nogal (36). Esto es parte del gordísimo "currículum" de Reyes.

Desde 2002, cuando el presidente Álvaro Uribe llegó al poder, el gobierno se propuso terminar con la guerrilla que ya tiene más de 40 años. Y atrapar a su líder era determinante. Un teléfono satelital de Reyes fue lo que permitió el rastreo a las autoridades colombianas, luego que éste hiciera una supuesta llamada al presidente venezolano, Hugo Chávez. La oportunidad era única, y aunque estaba en territorio ecuatoriano, el mandatario dio luz verde al ataque. El bombardeo, seguido de un tiroteo, cayó cuando los guerrilleros dormían, según comprobaban las vestimentas de los cuerpos ensangrentados: estaban en pijamas. Esto hizo que el ecuatoriano Rafael Correa tachara el ataque de "masacre". Para Uribe fue una "persecución en caliente".

Apenas era la noche del 2 de marzo cuando Correa expulsó al embajador de Bogotá en Quito. Ese mismo día el mandatario envió un comunicado a Uribe en el que advertía: "Ninguna fuerza militar regular o irregular puede actuar en el territorio de Ecuador que, con arreglo a su derecho a la legítima defensa y a la seguridad, repelerá, capturará y someterá a la Justicia a quienes ingresen armados en el territorio o se establezcan para desarrollar actividades al margen de la ley". Y su enojo se hizo mayor cuando el 18 de marzo las investigaciones confirmaron que cuatro estudiantes mexicanos, de la Universidad Nacional Autónoma, que se encontraban en un congreso bolivariano que se realizó en Ecuador, habrían muerto por la "onda expansiva" de las bombas.

Además de la ruptura diplomática, Correa movilizó tropas en su frontera norte y se quejó a la CAN, la OEA y Unasur, entre otras entidades internacionales. Chávez, como era de esperar, dio su total apoyo a Ecuador. Retiró todos sus funcionarios de la embajada de Bogotá y movió 10 batallones a la frontera. Y advirtió que si algo parecido sucediese en suelo venezolano la consecuencia sería "una guerra". El gobierno colombiano pidió disculpas a Ecuador por la incursión en su territorio y la OEA falló a favor de Quito. Pero el tema no quedó ahí.

Desde el ataque a las FARC, Correa amenazó infinidad de veces a Colombia con una ofensiva militar si se vuelve a violar su frontera. Y ambos países hicieron oídos sordos a los frecuentes llamados de las ONU y la Unión Europea a que se retome el diálogo. En las últimas semanas, el acuerdo entre Colombia y Estados Unidos para que éste último instale siete bases militares, echó leña al conflicto entre ambas naciones.

Correa, por otro lado, busca por todos los medios alejarse del fantasma de las FARC, y tanto él como su gobierno no se cansan de repetir que no tienen ningún vínculo con la guerrilla.

Último año de Uribe en el poder

Bogotá | El presidente colombiano, Álvaro Uribe, inició el viernes el último año de su segundo gobierno con un panorama político interno que pone en riesgo su eventual segunda reelección, además de una creciente hostilidad entre vecinos. Otro factor que dificultará la gestión de Uribe es la crisis económica, que podría profundizarse por las consecuencias comerciales derivadas de las tensiones con Venezuela y Ecuador. Además, pese a su estrecha cercanía con EE.UU., Uribe no ha logrado que el Congreso de ese país apruebe un TLC.

Uribe, que llegó al poder en 2002 y fue reelegido mediante una controvertida reforma constitucional, tiene el apoyo del 68% de la gente y podría acceder a un tercer mandato si el Congreso aprueba un referendo. AFP