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Sergio Abreu
El escenario hemisférico está marcado por un fuerte proceso de fragmentación, intervención y potencial conflicto.
El terrorismo y el narcotráfico en distinta dimensión institucional afectan a México y Colombia.
La guerrilla de las FARC y el crimen organizado repercuten en forma distinta en ambos países proyectando sobre el resto del continente una fuerte incertidumbre sobre la calidad de la democracia, la Paz y Seguridad.
Pero como el problema no se reduce a un conflicto dentro de un Estado, sus efectos involucran a gobernantes de todo el hemisferio preocupados por una estrategia política regional. De ahí a la intervención en los asuntos internos de otros Estados hay una corta distancia.
Venezuela proyecta su arco andino tanto en Centroamérica como en el Caribe y se inserta en el corazón de América del Sur tratando de consolidar a través de su proyecto ALBA, el llamado "eje bolivariano".
Frente a ello, la crisis de Honduras y el enfrentamiento entre Venezuela y Colombia agravan el clima de confrontación con impredecibles consecuencias.
El llamado "eje Monroe" prefiere vinculaciones comerciales con los Estados Unidos y trata de sustraerse a una constante agresión del gobierno venezolano que en nombre del socialismo del siglo XXI, tiende a eliminar fronteras y a alterar sustancialmente la definición del interés nacional que identifica a cada Estado.
La visión del Brasil respecto de este planteo es totalmente diferente.
Su preocupación y objetivos son de carácter geopolíticos fundados en la vieja idea de las "fronteras vivas" y en la necesidad de mantener una hegemonía continental apegada a principios del derecho internacional incompatible con la conducta del gobierno venezolano.
El Presidente Uribe, al recorrer América del Sur tratando de obtener respaldo para la instalación de bases militares con apoyo norteamericano en su territorio, tiene la difícil tarea de justificar su decisión y hacerla compatible con su lucha por defender a las instituciones a través de una cooperación militar externa de enorme magnitud.
Idéntica dificultad, aunque fuera del marco legal internacional, tiene el Presidente Chávez que ha decidido internacionalizar su proyecto político, socavando la democracia en su país y proyectando una presencia militar en la región reñida con el pilar básico del derecho interamericano fundado en la autodeterminación de los pueblos y en la no injerencia por parte de terceros en los asuntos internos de otros Estados.
El Uruguay ha tenido y defendido una importante tradición histórica que facilita una respuesta simple a la situación planteada, es decir, sostener que cada Estado puede actuar dentro de su territorio como lo considere conveniente siempre y cuando sus decisiones no supongan una injerencia en la vida de los otros Estados, ya sea imponiendo criterios o reclamando alineamientos que solo corresponden a una decisión soberana.
Ahora bien, si Colombia decide instalar bases militares en su territorio para luchar contra el flagelo del terrorismo de las FARC es una decisión que no podemos discutir. Y ello porque los uruguayos sabemos que los principios del Derecho Internacional son los principales escudos que amparan nuestro interés nacional, ideas centrales del pensamiento incorporado por Luis Alberto de Herrera a su magistral obra "El Uruguay Internacional".
En ella nos advierte sobre el peligro de perder de vista que las relaciones internacionales se definen por la conveniencia o la necesidad; en otras palabras, que las solidaridades se terminan cuando comienzan los costos o cuando se debilitan las relaciones de dependencia.
A partir de allí el interés nacional y su interpretación no son datos estáticos ya que el dinamismo y la propia evolución de los temas nacionales requieren un ajuste sistemático de los intereses a defender y de una permanente evaluación y adecuación de las políticas y estrategias.
No obstante, nada justifica dejar de lado los fundamentos éticos que sustentan nuestras relaciones internacionales, y menos aun, hacerlos depender de ocasionales alianzas o de afinidades de coyuntura.
A pesar de la globalización de la economía y un multilateralismo representado en tantos organismos internacionales, no puede invocarse excusa alguna que debilite el interés nacional, ya que, éste, más que una expresión de exacerbado nacionalismo es la garantía de nuestra independencia y la plataforma a partir de la cual podremos proyectar una estrategia moderna de inserción externa.
Es importante reafirmar dentro y fuera del hemisfe-rio, que el Uruguay no transa con sus principios y que su conducta en materia de Política Exterior es la misma en toda circunstancia sin importar si el Estado involucrado goza o no de su simpatía política.
A partir de esta definición es que se gana el respeto de la comunidad internacional, y se evita que la hemiplejia ideológica y el doble discurso se traduzcan en un descalificable estadio de cinismo político.
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