Gobierno dividido, poder compartido

MARÍA FERNANDA BOIDI

Si las tendencias que hoy muestran las encuestas se cristalizan en octubre, en el próximo gobierno el poder político estará más repartido.

Los politólogos hablan de gobierno dividido cuando la Presidencia está bajo el control de un partido político y el Parlamento bajo el control (o al menos con una mayoría relativa) de otro. Por el contrario, cuando un mismo partido controla ambos poderes, se habla de gobierno unificado.

En Uruguay, presidente y Parlamento se eligen simultáneamente, y permanecen en sus funciones durante el mismo período. Además, está prohibido el voto cruzado, por lo que el elector no puede votar distintos partidos para los distintos cargos. Como nuestro sistema de conversión de votos en bancas parlamentarias es proporcional, todo confluye para que la distribución de votos al Ejecutivo sea igual a la distribución de bancas, y los presidentes electos sean del mismo partido que tiene mayoría en el Parlamento, facilitando los gobiernos unificados.

La única excepción a esto se da gracias al balotaje, que habilita la elección de un Presidente que no pertenezca a la fuerza con mayoría en el Parlamento. Este fue el caso del período de gobierno 2000-2005, el único de gobierno dividido, con una mayoría (relativa) del Frente Amplio (FA) en el Legislativo, y un Ejecutivo en manos del Partido Colorado.

Según las encuestas, de ser reelecto, el FA obtendría la victoria recién en noviembre, y su poderío legislativo sería menor al actual. Se estaría ante un gobierno unificado, pero sin el control parlamentario que garantiza la mayoría absoluta. Si, por el contrario, el Partido Nacional gana la segunda vuelta, el próximo período sería nuevamente uno de gobierno dividido, con un Parlamento con mayoría relativa frentista, y un ejecutivo blanco, que necesitaría de acuerdos para impulsar sus políticas.

En teoría, la situación óptima para un presidente es que su partido ostente una mayoría legislativa amplia, que apoye su agenda. En estos casos, se espera una mayor productividad del gobierno, que no necesitaría negociar con la oposición, salvo en los casos para los que se requieran mayorías especiales.

Por el contrario, bajo un gobierno dividido, los trámites legislativos se vuelven más escabrosos, porque es preciso labrar acuerdos interpartidarios que usualmente llevan tiempo y no siempre dejan conformes a las partes. Es más, la evidencia muestra que bajo gobiernos divididos la estima ciudadana por el Parlamento cae, porque la institución se percibe como ineficiente.

¿Cabe esperar entonces un futuro gobierno con reducido margen de acción? No necesariamente. Las mayorías -incluso las absolutas, como las del actual gobierno- no garantizan automáticamente la productividad legislativa ni la gobernabilidad. Para ello se requiere el compromiso de todos los sectores del partido de gobierno, y ya en este período se han visto grietas en las posiciones legislativas dentro de un mismo partido (así como disonancias entre el presidente y su bancada legislativa). Por otra parte, en Uruguay hay experiencia de coparticipación entre partidos. En estos casos, la ausencia de mayorías parlamentarias se suple con acuerdos o coaliciones, que pueden ser más o menos estables, pero que garantizan un mínimo de gobernabilidad.

En qué medida se darán estas coaliciones, y qué profundidad tendrán, es algo que aún resta conocer. Sin embargo, en el escenario actual ésta parecería ser la alternativa más viable para un gobierno exitoso, y a la que los actores políticos están ya apelando, abriendo puertas desde ahora.