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El Sindicato Único de la Construcción y Afines (Sunca) salió ayer al cruce del informe de la auditoria interna que realizó ASSE y que constató manejos irregulares de fondos, en el marco de un convenio firmado entre el organismo y ese sindicato para la construcción de cinco policlínicas en zonas carenciadas del departamento de Canelones.
El coordinador de ASSE para la región Este de Canelones, Ramiro Draper, que fue sumariado, señaló a los auditores que la ministra María Julia Muñoz estaba perfectamente al tanto del pago efectuado por jornales no trabajados a obreros del Sunca, según informa El Observador hoy.
Draper comentó que decidieron comenzar las obras después de concluida la licencia anual de la construcción, el 10 de enero de 2006. "Las obras recién se inscribieron (en el BPS) el 16 de marzo de 2006. Eso significó que los obreros, ante la detención de las Obras de Pando, no pudieran pasar al BPS en seguro de paro y quedaran a la orden, percibiendo jornales como si hubieran pasado al seguro de paro. Cobraron cuarenta personas prácticamente sin haber trabajado porque estaba todo en desorden".
Por su parte, en el informe de la auditoría señala que "no es admisible que el Sunca determinara la cantidad de obreros en obra (…) Tampoco resulta del todo feliz la solución adoptada al reinicio de las obras, luego de la primera suspensión por las autoridades del Ministerio respecto de hacerlo manteniendo la cantidad de obreros (…)"
Según publicó ayer el matutino, mediante un convenio firmado en 2005 entre el sindicato, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Desarrollo Social, se acordó que trabajadores del Sunca construyeran cinco centros de atención en barrios de bajos recursos de Canelones.
Sin embargo, sólo se construyeron tres de los cinco centros de salud previstos, pero su costo fue de US$ 100.000, cuando el valor inicial era de US$ 25.000. Además, se determinó que los trabajadores no tenían idoneidad para el trabajo y que no fueron inscriptos en el registro del BPS.
Para ASSE, el tema está terminado. "Es una vieja investigación administrativa que terminó en un sumario que ya está en trámite", dijo el vicepresidente de ASSE, Daniel Gestido.
EL PAÍS digital consultó a la ministra Muñoz, pero ésta manifestó que se encontraba en el interior del país por lo cual no había leído nada de la prensa capitalina.
"No voy a hacer declaraciones sobre nada que haya sido publicado en la prensa porque no he podido leer ni se me ha informado de nada, estoy en el interior", comentó.
RESPUESTA. El vocero del Sunca, Iván Hafliger, descartó en declaraciones a EL PAÍS que el sindicato se haya quedado "con plata mal habida". Agregó que "sería ilógico que ubicara personal a través de su bolsa de trabajo en convenio de este tipo y los tuviera en negro".
Hafliger aclaró que en la construcción hay jornales que se cobran aunque no se trabajen porque el obrero "está a la orden", ya sea por razones de mal tiempo, demora en el envío de materiales, situaciones que no son responsabilidad del trabajador.
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