Parlamento frena "ley mordaza" de Chávez

Para el equipo económico, el ajuste en el mercado laboral producto de la crisis ya se dio. En tanto, los analistas privados dicen que hay que esperar alguna caída más en la ocupación, pero el impacto de la crisis en el empleo será menor al previsto.

"La ley que era propuesta por la Fiscal del Ministerio Público no tuvo consenso y no es un proyecto de Ley que esté en nuestra agenda", señaló la presidenta de la comisión, Cilia Flores. Las declaraciones, reproducidas por el portal web de El País de Madrid, fueron hechas a uno de los medios más golpeados por la retórica del mandatario y que fue víctima el lunes de un ataque de chavistas armados en su sede: se trata de Globovisión.

La semana pasada la fiscalía presentó al Parlamento un proyecto que busca otorgar al gobierno potestades para sancionar a la prensa: la Ley amenaza con otorgar penas de seis meses a cuatro años de cárcel a quien osara atentar contra "la estabilidad de las instituciones del Estado", "la paz social, "la seguridad e independencia de la nación", la "salud mental o moral pública" y el "orden público". También arremetería contra quienes "generen sensación de impunidad o de inseguridad" en la población.

Es que esta semana fue difícil para los medios venezolanos que no piensan como el líder bolivariano. El estado retiró la licencia de transmisión a 34 emisoras de radio y TV. Algunas de ellas pretenden seguir adelante y continúan con su transmisión por Internet, pero reconocen que la web no les permitirá tener la misma cantidad de anunciantes y deberán reducir sus presupuestos: muy probable que con despidos. Otras 200 emisoras podrían correr la misma suerte. La decisión la tomó la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, alegando que las radios no tenían los permisos necesarios para operar.

La ley sobre "delitos mediáticos" le daría a Chávez la posibilidad de meter mano sobre los medios que sí tienen los permisos y que se expresan en contra de su Socialismo del siglo XXI. La nueva norma, bautizada por muchos como "Ley mordaza", despertó la preocupación de organizaciones internacionales que, denunciando su ambigüedad, predecían los abusos que se podrían cometer.

La Relatoría Especial y el Comisionado del Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) enviaron una carta al canciller Nicolás Maduro para expresar su preocupación. Allí pidieron que el gobierno se limite a regular a la prensa con fundamento en la doctrina y la jurisprudencia internacional. También condenaron el ataque armado a Globovisión y el cierre de las emisoras.

Flores, la jerarca de la comisión de Medios que anunció que la ley no se discutirá "por ahora", añadió que la actual ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión ya regula el debido proceder de los medios. Mientras que el Código Orgánico Procesal Penal advierte penas para delitos como la difamación y la injuria. La parlamentaria aseguró: "se pude decir lo que uno quiera pero después que se dice cada uno es responsable". En tanto, lo que dijo Chávez el miércoles, con respecto a la no votación de la ley por las grandes divergencias que hay en el Parlamento sobre el tema, fue: "Ninguna libertad puede ser ilimitada donde están las leyes y el reconocimiento de la Constitución". Y agregó: "Si quieren vivir donde no hay leyes, váyanse con Tarzán a la selva".

Caracas se niega a extraditar etarra

Caracas | El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela negó la solicitud que realizó España para la extradición de un presunto etarra, que fue detenido en abril y acordó su liberación inmediata.

La Sala de Casación Penal del máximo tribunal dijo el miércoles en un comunicado que la extradición del español Ignacio Echeverría Landazábal fue declarada "improcedente" debido a que habían transcurrido "más de 15 años y 7 meses" desde que las autoridades de España iniciaron el proceso contra el detenido.

El Código Penal venezolano prevé la prescripción de los proceso después de 15 años. Echeverría Landazábal estaría involucrado en "la tentativa del delito común de asesinato" durante unos hechos que ocurrieron en abril de 1981 en Bilbao.

Un juzgado español emitió el "auto de procesamiento" contra el supuesto etarra en noviembre de 1993. El español fue detenido el pasado 21 de abril por la policía judicial en el centro del país.

El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos informó que Echeverría Landazábal reside en Venezuela con "documentación legal", y que tiene "residencia desde hace 13 años".

De acuerdo a las cifras de las autoridades venezolanas llegaron 30 vascos en calidad de refugiados bajos los gobiernos de los presidentes socialdemócratas Jaime Lusinchi (1984-1989) y Carlos Andrés Pérez (1974 -1979 y 1989 -1993). Los ex miembros del ETA arribaron como parte de un acuerdo entre los gobiernos de Venezuela, España y Francia. AP

Debatirán nueva ley educativa

El Parlamento venezolano debatirá la semana próxima un proyecto de ley sobre un modelo de educación "revolucionaria", que establece entre otros puntos la adhesión del estudiante a un plan de desarrollo nacional e insta a hacer obligatorio el ejercicio de la profesión en el país. El texto fue aprobado en primera discusión en 2001 y las modificaciones fueron presentadas ayer al poder legislativo por un grupo de diputados. La propuesta, que abarca todos los niveles educativos, contempla en sus 54 artículos que los llamados consejos comunales, órgano estatal de gobierno vecinal, contribuyan a la formación ciudadana. La Ley prohíbe "difundir ideas y doctrinas contrarias a la soberanía y principios democráticos" y da "importancia a las misiones (programas sociales)" de alfabetización que impulsó en 2003 el gobierno de Chávez, y que luego se extendieron a la educación secundaria y superior. (AFP)