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Batería. Una catarata de datos defendió suba de formalidad
"Débil", "liviano", "errado", una "falta de respeto a la inteligencia de los uruguayos", así calificó el gobierno un estudio de la Universidad Católica que estima que el 36,9% de la economía doméstica es informal.
Escoltado por el director de Rentas, Nelson Hernández, el de Aduanas, Ricardo Prato, el presidente del Banco de Previsión Social, Ernesto Murro, y la directora de Inspección General de Trabajo, María Narduce, el subsecretario de Economía, Andrés Masoller, abrió el fuego contra el estudio sobre la informalidad que, aclaró, parte de una metodología con "debilidades importantes".
En primer lugar dijo que la Encuesta Continua de Hogares mostró un descenso "significativo" en la cantidad de trabajadores precarios que pasó de 41% del total en 2004 a 33% en 2008, lo que representa "una señal de caída de la informalidad" que "contrasta significativamente con las conclusiones a las que arriba el estudio".
Asimismo señaló que el trabajo tiene "problemas metodológicos de uso de variables" al establecer que el gasto público es "la causa de la informalidad" cuando éstas son diversas.
Masoller dijo que se "valora" el informe en el intento de analizar el fenómeno pero indicó que "hay variables que no se tuvieron en cuenta" y que hay un "uso liviano de las estadísticas" que contradicen "cifras reales".
Explicó que "las críticas no son solo del gobierno, sino de otros institutos" y que ellos están "convencidos de la reducción de la informalidad y control de evasión y contrabando".
"Hay cifras significativas: la evasión del IVA se redujo en un 50% en los últimos cinco años, en el BPS el aumento de los cotizantes más que duplica el aumento del empleo" y "no es solo por crecimiento económico, sino por la política de gobierno de reducir el fenómeno".
Sustentando esa tesis, el director de Rentas planteó el crecimiento que ha tenido el registro de monotributistas y la caída de la evasión. Dijo que en 2006 había 500 solicitudes al año de aporte del monotributo mientras que a partir del nuevo sistema tributario se elevaron a 3.000. En cuanto al IVA dijo que la evolución de la tasa de evasión cayó de 41,7% en 2000 a 20,6% en 2008, lo que "contradice las conclusiones del informe", dijo Hernández.
El presidente del BPS fue el que se mostró más duro con el informe. Indicó que si "la culpa principal de la supuesta informalidad es el supuesto aumento del peso del Estado y la carga tributaria, los países desarrollados tendrían la mayor informalidad del mundo y los de América Latina la menor". Asimismo sostuvo que la formalización "es mucho mayor" al aumento de la población trabajadora. En los últimos cinco años los cotizantes aumentaron 40% mientras que la ocupación creció menos de 20%.
Agregó que el estudio considera que las asignaciones familiares dependen del ingreso cuando "toma en cuenta seis factores y no solamente el ingreso", con lo cual "no se fomenta la informalidad", algo que "deberían saber prestigiosos investigadores universitarios". Además dijo que el estudio señala como una de las causas de la informalidad a los jubilados que trabajan. En ese sentido dijo que si "unas 29.000 personas" que, comparadas con 1,2 millones de cotizantes, es una de las principales causas de la informalidad, el estudio "es un poco de falta de respeto a la inteligencia de los uruguayos" sentenció Murro.
Narduce dijo que, según datos de la Organización Internacional de Trabajo, la informalidad laboral entre 2007 y 2008 en Uruguay fue de 27%.
Agregó que el resultado del informe de la Universidad Católica "está impregnado" de dos situaciones que vivió el país: "las políticas neoliberales de los `90 que determinaron el fin de la industria textil y afectaron la del cuero y la pesquera" derivando en que "muchos uruguayos tuvieron que volcarse a la informalidad". Asimismo dijo que incidió "que en 2002 también (se) generó un impacto en el desempleo de Uruguay e impactó en la informalidad".
El director de Aduanas defendió la reducción de la informalidad en los resultados de las actuaciones que realizan contra el contrabando en vestimenta, calzado y cigarrillos.
El Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República comunicó ayer que el estudio "La informalidad en Uruguay: diagnóstico y propuestas" realizado por especialistas de la Universidad Católica, presenta "grandes debilidades".
En una nota en la página web de la Universidad de la República, la coordinadora del Área de Coyuntura del Instituto, Gabriela Mordecki, criticó fuertemente el estudio. Dijo que el mismo formula recomendaciones sin "ninguna evaluación concreta acerca de cuánto podrían o no ayudar al combate a la informalidad". Entre "algunos problemas graves", la economista plantea la "interpretación errónea de los materiales que se mencionan para validar los resultados".
En ese sentido sostiene que el informe cita un trabajo de Maira Caño-Guiral para el Banco Central y lo "hace mal porque interpreta que la economía informal está entre el 31 y el 33%, cuando ella lo que dice es que eso es el empleo informal, y que el PIB generado es del 16%".
Del mismo modo refiere a un trabajo del INE de 2006 tomando un porcentaje de Empleo Informal de 41,5%. "Sin embargo, este porcentaje no refiere al total del país, sino sólo al sector privado, y eso aparece en el título del cuadro", explicó Mordecki.
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