Tribunal observa contrato con Tacurú y Padre Cacho

ANDRÉS LÓPEZ REILLY

La utilización de "donaciones modales" por parte de la Intendencia de Montevideo fue observada otra vez por el Tribunal de Cuentas. Esta vez, por el arrendamiento de servicios sociales al Movimiento Tacurú y a la "Obra del Padre Cacho".

Hace varios años la Intendencia de Montevideo comenzó a firmar una serie de convenios con organizaciones no gubernamentales conformadas, esencialmente, por jóvenes con dificultades para conseguir un empleo. La sociedad San Francisco de Sales-Movimiento Tacurú, aprovechó la apuesta. Y comenzó a ganarse un lugar en la ciudad, ingresando a otras organizaciones públicas y privadas.

Gracias a estos acuerdos con la Intendencia, centenares de jóvenes mayores de 18 años han conseguido empleos pro témpore para realizar tareas comunitarias -mayoritariamente barrido de calles-, a cambio de una remuneración y del compromiso de formarse para poder insertarse, definitivamente, en el mercado laboral.

Pero el sistema de pago que emplea la Intendencia para la contratación de esta mano de obra, la "donación modal", ha sido varias veces observada por el Tribunal de Cuentas de la República (TCR).

El organismo de contralor reiteró recientemente sus cuestionamientos a un convenio firmado por $ 8.208.425, para tareas vinculadas al levante de residuos en distintos barrios de la capital.

Según el TCR, la estructura del acuerdo alcanzado no cumple con los procedimientos de contratación que establece el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf), que regula las compras de la administración pública. "El procedimiento debió ser el de licitación pública, y no un proceso licitatorio restringido, el cual no está habilitado por el artículo 34 del referido cuerpo normativo", señala el dictamen. El tribunal recuerda que esta contratación ya fue observada y que el intendente reiteró el gasto en 2008.

SAN VICENTE. El TCR también observó el gasto de la Intendencia de Montevideo en un convenio firmado con la Organización San Vicente "Obra del Padre Cacho", para la realización de tareas de recolección, reciclaje y clasificación de residuos, por el plazo de cuatro meses. Por este acuerdo, la Intendencia pagará $ 2.168.000 a la referida ONG.

Este gasto también fue observado, en 2007 y 2008.

Pedido de informes por la compra de viviendas

El lunes, el intendente Ricardo Ehrlich firmó una resolución para la compra de cinco viviendas sociales a la Unión Metalúrgica Industrial del Sur S.A. (Umissa), destinadas al realojo de familias del asentamiento "Nuestra Esperanza".

Se trata de casas prefabricadas, con un precio de $167.000 las monoambiente y $ 288.000 las de dos dormitorios. Según señala la resolución municipal, se escogió a Umissa -empresa que ha sido cuestionada por sus negocios con el gobierno del presidente Hugo Chávez- debido a "los altos costos de los presupuestos por viviendas construidas con el sistema tradicional", que fueron presentados, entre otros, por el Movimiento Tacurú.

No conforme con esta resolución, la edila colorada Glena Rondán elevó un pedido de informes al intendente Ehrlich, a través de la presidencia de la Junta Departamental, para conocer los detalles del acuerdo alcanzado y "del costo de las viviendas ofrecidas por el Movimiento Tacurú". En 2007, la Intendencia hizo un contrato con Tacurú para el realojo del asentamiento "La Vereda". Entonces, se construyeron 20 viviendas de concreto con un presupuesto de $ 83.418 cada una.