Los blancos prometen "mano firme"

Hasta diez años de rigurosa reclusión en un instituto de rehabilitación donde no haya fugas, penalizar la tentativa y complicidad y no destruir antecedentes judiciales es parte de la batería de medidas de los blancos para los menores infractores.

Acompañados por legisladores y asesores de Unidad Nacional (UNA) y Alianza Nacional, Luis Alberto Lacalle y Jorge Larrañaga hicieron pública ayer su propuesta en materia de seguridad pública, donde se incluye el acuerdo en los puntos donde había disenso. En los hechos, no habrá una Guardia Nacional tal como proponía Larrañaga ni una baja en la edad de imputabilidad tal como la proponía Lacalle: la fórmula blanca encontró caminos intermedios.

Si Lacalle gana las elecciones, las políticas estarán orientadas a "rescatar el principio de autoridad" y mostrar "quién manda". Habrá una política de "mano firme" para enfrentar la ola de inseguridad, dijo Lacalle en conferencia de prensa.

En ese marco, también se incrementará el combate a la drogadicción, se realizarán licitaciones para construir nuevas cárceles y se creará un Instituto Nacional Carcelario. Habrá más penas alternativas para delitos leves y, a la vez, se aumentarán las penas en el Código Penal para delincuentes reincidentes. Habrá penas mayores para asesinos de policías, taxistas u otras personas que mueran trabajando.

El menú nacionalista también incluye la eliminación de salidas transitorias para los traficantes. Se propone un aumento en los sueldos policiales y reformular el servicio 222 sin afectar los ingresos. "Que los policías trabajen hasta diez horas por día", sentenció Lacalle.

Menores. Lacalle y Larrañaga acordaron agravar la responsabilidad penal de los adolescentes infractores. Larrañaga lo definió como "una suerte de rebaja de la imputabilidad", pero "de acuerdo al Código de la Niñez".

Más allá del juego de palabras, la propuesta es que los adolescentes infractores de 13 a 16 años tendrán las mismas penas de privación de libertad ya previstas en el Código de la Niñez (hasta cinco años de reclusión). En el caso de los menores de 16 a 18 años, el juez de menores estará facultado a dar hasta diez años de privación de libertad.

Esos adolescentes infractores serán trasladados al Instituto Nacional de Rehabilitación Juvenil, "un instrumento de rehabilitación, prevención y reclusión". Funcionará en un lugar separado y distinto de los centros del INAU, que será construido especialmente. Allí habrá maestros, entrenadores deportivos, médicos y psicólogos que trabajarán en tareas de rehabilitación, explicó Lacalle

El plan inicial es que en ese centro habrá unas 300 personas recluidas, en dos zonas distintas: una zona de mayor seguridad y otra más flexible.

"Queremos sacar de circulación a esos menores para que no aterroricen a la gente y no cometan delitos. Pero tampoco queremos que vayan a las cárceles comunes, ya que tenemos la esperanza de que dejen de ser un peligro para toda la sociedad", explicó Lacalle.

El foco estará puesto en evitar que los menores se escapen del nuevo instituto de rehabilitación: hoy en el INAU se fugan un promedio de 40 menores por mes. "El gran tema es có-mo lograr que los fallos judiciales sean aplicados realmente", indicó Larrañaga.

Otra novedad es que se computarán los antecedentes de los menores cuando cumplan 18 años: hoy no son tenidos en cuenta cuando son juzgados por la Justicia ordinaria. También se penará la tentativa, la complicidad y la coautoría, que hoy solo reciben pena en casos de delitos gravísimos para los menores de edad.

Asimismo, se proyecta darle responsabilidad penal a los padres de los menores infractores, pero Larrañaga explicó a El País que se evaluará cómo hacerlo.

El otro punto polémico era la creación de la Guardia Nacional que propuso Larrañaga durante la campaña para las elecciones internas. El planteo final de la fórmula blanca es darle jurisdicción nacional a la Guardia Republicana, en la órbita del Ministerio del Interior. Se trasladarán 2.000 efectivos del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior. Esta guardia actuará en operativos especiales de represión y atenderá el tráfico de drogas.

PRESUPUESTO. "Si queremos seguridad, hay que pagarla", explicó Lacalle respecto al financiamiento de las medidas. "Tenemos listados de millones y millones de dólares para cortar del gasto", indicó el presidenciable. Pero reiteró que no se recortará la inversión social.

Los blancos denuncian una reducción del presupuesto del Ministerio del Interior: en 2001 era de 1,36% del PBI y en 2008 bajó a 1,13%. Los blancos intentarán llevar el presupuesto al 2% del PBI, "lo que se destina a la seguridad en otras partes del mundo".

En un gobierno del Partido Nacional se fortalecerá el sentido y ejercicio de la autoridad: "Dentro de la legalidad y el cumplimiento estricto de las normas, el Ministerio del Interior devolverá a la población una seguridad perdida, que tiene a la gente impedida de ejercer derechos por temor y por miedo", sostuvo Lacalle. La orden que se transmitirá a los jefes de Policía es que debe haber "una conducción política de mano firme" para enfrentar la ola de inseguridad, explicó el presidenciable blanco.

Larrañaga apuntó: "Este te-ma hace a la mayor libertad de la gente. Cuando la gente tiene miedo, pierde la libertad". También reclamó que se cumpla la orden de realojo de los presos, cuatro meses después que el presidente Tabaré Vázquez planteó la necesidad de descomprimir las cárceles.

Dos puntos polémicos

Minoridad

1. DIFERENCIA

En las elecciones internas Luis Alberto Lacalle insistió en bajar la edad de imputabilidad y su contrincante Jorge Larrañaga expresó una posición contraria a esa medida represiva.

2. Acuerdo

Ahora proponen aumentar las penas para los menores de 16 a 18 años que cometan delitos gravísimos (homicidio, violación, rapiña, extorsión y tráfico de estupefacientes, entre otros). La pena máxima de reclusión subirá de cinco a diez años, pero se seguirá aplicando el Código de la Niñez y los casos serán atendidos por jueces de menores. Esos adolescentes irán a un Instituto Nacional de Rehabilitación Juvenil, que tendrá dos áreas. La primer área tendrá menor rigor y estará concentrada en la rehabilitación. La segunda área tendrá mayor seguridad y mayor rigor. Los que se fuguen de la primer área no podrán volver allí.

3. Detalles

Separarán los internados menores de edad de los mayores de edad. Se incorporará personal especializado al nuevo instituto. Los antecedentes judiciales de los menores no se eliminarán al cumplir 18 años. Habrá pena para menores cómplices y para la tentativa de delitos.

Guardia Nacional

1. Diferencia

En las elecciones internas Jorge Larrañaga propuso crear una Guardia Nacional, con 2.500 efectivos del Ejército que patrullarían las calles. Su competidor en aquel momento, Luis Alberto Lacalle, aclaró enseguida que no apoyaba esa idea porque dijo que ya existe algo similar: la Guardia Republicana.

2. Acuerdo.

Ahora anunciaron una Guardia Nacional Republicana, que consiste en darle jurisdicción nacional a la Guardia Republicana, cuerpo de choque con 850 efectivos que hoy opera solo desde Montevideo. Para eso, se pasarán 2.000 efectivos vacantes del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior. El pasaje será voluntario y los funcionarios recibirán instrucción especial.

3. Detalles

Para concretar el despliegue territorial, se abarcará el Norte del país con una base en el departamento de Durazno. Por vía aérea esos efectivos podrán llegar a todo el país. Participarán en operativos especiales de prevención, disuasión y represión del delito. Tendrán competencia para atender el tráfico de estupefacientes, con medidas drásticas en el tema de la pasta base.

Las cifras de la violencia

En el primer semestre de este año, los delitos contra las personas (rapiñas y hurtos) crecieron casi un 4%, según el Observatorio Criminológico del Ministerio del Interior.

El documento también señala que los homicidios crecieron un 31% entre enero y junio del 2009. Hubo 131 asesinatos frente a 100 en el mismo período del 2008.

El informe expresa que todos los delitos contra la propiedad revelan disminuciones y desaceleraciones. En resumen, la masa total de denuncias de delitos en el país bajó un 5%, según el Ministerio del Interior.

El Observatorio también advierte sobre la consolidación del suicidio como un rasgo estructural de la sociedad uruguaya parece no resistir análisis: en el 2009 hubo un 5,7% más de suicidios que en el 2008.

Para la Policía, una de las fuentes de inseguridad son los delitos provocados por jóvenes infractores.

Según datos del INAU, en lo que va del año se fugaron unos 270 menores. Un 40% de ellos reincide.

El juez de Menores, Hugo Morales, advirtió que "no funciona" el sistema de privación de libertad del INAU, puesto que los adolescentes continúan fugándose en forma diaria aunque reconoció que en el último mes no ocurrieron fugas masivas en la Colonia Berro gracias a un plan policial.

Según datos estadísticos proporcionados por la Suprema Corte de Justicia (SCJ), un promedio de cuatro menores diarios fueron investigados o detenidos por la Policía en 2008.

Casi la mitad de los menores detenidos recibe sentencia definitiva de la Justicia de Menores.

El 82% de los procesos contra menores son por delitos como rapiñas y asaltos especialmente agravados. El 17%, por hurtos comunes y especialmente agravados. Y el 1% por homicidios, tenencia y tráfico de estupefacientes, lesiones y atentado al pudor.

Los jueces que atienden la minoridad infractora se quejan de que muchos adolescentes se fugan tantas veces que ellos tienen problemas para reiniciarles o detenerles el procedimiento. Agregan que estos caen en un espiral de violencia que consiste en fugas, delito, detención y vuelva a empezar el círculo.

Tanto jueces como trabajadores del INAU cuestionan el sistema; señalan que el instituto aloja a menores con antecedentes de fugas en hogares abiertos para que el sistema no colapse por falta de cupos.