Un llamado peligroso

Hasta ahora, los casos de violación a la Constitución estaban identificados sobre todo con la gestión del Poder Ejecutivo, y en ese sentido, el Directorio del Partido Nacional hizo público un documento llamando la atención sobre ese tema. Ahora, la fórmula presidencial del Frente Amplio, pretende incurrir en la misma irregularidad, al convocar públicamente a todos los que ocupen cargos de particular confianza, -que en definitiva son funcionarios públicos de paso-, a que se involucren en la campaña electoral, realicen "aportes" y compartan su "experiencia". No se han dado cuenta que la Presidencia de la República no sólo se puede ejercer mandándose hacer trajes de medida (con tela importada y no con alguno de los buenos casimires nacionales) sino, en un régimen democrático, con un conocimiento y respeto de las normas legales y en especial de la Constitución.

Los convocantes a esta cruzada han demostrado su ignorancia sobre lo que desde hace setenta y cinco años dispone el artículo 58 de la Constitución al declarar que todos los funcionarios públicos, cualquiera sea su categoría y denominación, están al servicio de la Nación y no de una fracción política, reputándose ilícita la utilización de las denominaciones de las reparticiones públicas o invocándose el vínculo con la función y en general, los actos proselitistas "de cualquier especie".

Últimamente, esa violación se había consumado de manera más o menos solapada, siguiendo el mal ejemplo argentino, a través de una propaganda encubierta de más de una institución, divulgando como propios algunos logros obtenidos, que muchas veces son más el resultado de una acción legislativa de más de un Partido que un mérito administrativo.

Este llamado convoca así a todos, en un gobierno que ha tenido el monopolio de los cargos y la exclusividad de su ejercicio, a alinearse en favor de una candidatura, configurando un despropósito que nunca se le ocurrió a ningún gobierno del Partido Nacional ni del Partido Colorado, y que si se les hubiera ocurrido, habría despertado un coro nacional de violentas protestas frenteamplistas.

La sorpresa no se detiene allí, sino que, complementándola, esa irregularidad es fomentada por el Poder Ejecutivo, desde donde se exhortó a los cuadros políticos de la administración a ayudar en la campaña y se anuncia que el propio Presidente modificará su bajo, -relativamente-, perfil saliendo también a defender su gestión. Lo asombroso es, además, que no faltaron quienes quisieron justificar jurídicamente esas actitudes, como lo hizo el Director de la O.P.P. quien defendió la idea de que integrantes del gobierno se involucren en la campaña, agregando que "desde el punto de vista constitucional no existe impedimento para colaborar con la fuerza política". Demuestra que a la Carta que maneja le faltan hojas e ignora no sólo lo que dice el artículo citado, sino además lo establecido en el art. 77 inc. 5º, que no le permite al Presidente "intervenir en ninguna forma en la propaganda política de carácter electoral", o el inciso 4º que prohibe a los Directores de Entes y Servicios ejecutar "cualquier acto público de carácter político", reconociendo la posibilidad de que sean sujetos pasivos de delitos electorales. Esta actitud desembozada parece ser el reflejo de un estado de pánico, ante la posibilidad cierta de que el Frente Amplio resulte democráticamente desalojado del Poder, lo que lo lleva a utilizar toda clase de mecanismos, incluso anticonstitucionales, para evitarlo. No lograran con ello cambiar la actitud de la ciudadanía, pero es importante que se vaya sabiendo hasta donde pueden llegar en sus desvíos. Hay que contestarles con la única arma que se puede utilizar en un régimen democrático, que es el sufragio, que permitirá en el futuro corregir toda esta serie de arbitrariedades y construir un país de pacífica y legal convivencia.

Los candidatos no se manifiestan sólo a través de sus palabras o de sus programas de acción sino también a través de sus actitudes y esta que se señala es la más grave que se les puede imputar en un Estado de Derecho, en el cual todos los uruguayos quieren vivir y seguir viviendo; a favor del cual se demostraron cuando votaron en contra de una reforma promovida por los cuadros militares y en a favor del cual también tendrán que votar para el futuro teniendo presente todo lo que son capaces de hacer.